Santiago.- La Contraloría General de la República investigará al Administrador Financiero del Transantiago (AFT), tras acoger los informes de los senadores Alejandro Navarro y Nelson Ávila que detallan graves incumplimientos del AFT -conformado por BancoEstado, los bancos Santander, Banco de Chile y de Crédito e Inversiones, y las empresas CMR Falabella y Sonda S.A.-, en el contrato de licitación. El gobierno sabe que los problemas no son nuevos.
A poco de asumir como ministro de Transportes, Sergio Espejo anunció que Transantiago no empezaría su marcha en octubre de 2006, sino cuatro meses después. Esta cuarta postergación se debió al retraso del AFT y, particularmente, de Sonda, que implementa el sistema tecnológico.
A cinco días del inicio del Transantiago, los senadores Ávila y Navarro solicitaron a la Contraloría investigar el AFT, tras “reiterados y graves incumplimientos contractuales en la licitación, entre ellos, la implementación de la tecnología ofertada y adjudicada en los buses y que debería haber estado a cargo de Siemens y Transporte Inteligente Multimodal (TIMM), como consta en el contrato que el AFT suscribió con el Estado”. AFT y Sonda instalarían el sistema central de administración de recaudo, el de embarque, la central de datos de transporte y sistema de control y monitoreo de flota. En conjunto conformarían el Centro de Ayuda a la Explotación de Flotas (CAEF) y el Centro de Operación de Flotas (COF). La tecnología sería aportada principalmente por TIMM.
Sin software
“La ciudadanía debe conocer exactamente cómo fue el proceso de licitación. Transantiago está operando sin el software ofrecido, lo que se ha transformado en un grave problema”, dijo Ávila, tras presentar el informe. Navarro asegura que se engañó al gobierno: “Se le entregó información que no correspondía a la realidad. Queremos una revisión completa de la licitación y su posterior implementación, para saber cuándo se tomaron las decisiones equivocadas. Si la tecnología no ha funcionado es porque no se ha instalado la que comprometieron. Queremos saber si el gobierno supo cuándo se le estaba engañando para que adoptara una tecnología que no funciona. La pregunta es por qué el responsable tecnológico de hacer funcionar el software no instala lo que prometió”. Que Transantiago opere sin el software ofertado pone en tela de juicio la eficiencia y fiscalización por parte del Estado, señala Ávila: “El Estado debe obligar a que cada uno asuma sus responsabilidades: el Ministerio, el AFT y Sonda, en particular”. “A la gente no le interesa las multas o las boletas de garantía, sino llegar pronto a su trabajo. Nuestro objetivo es que Contraloría establezca cuáles son los informes técnicos que avalaron la opción de Siemens. Ofrecieron la tecnología de TIMM y de Siemens, pero misteriosamente se descartó a TIMM cuando ya el AFT y Sonda habían ganado la licitación. Se engañó al gobierno de Lagos: hay personas interesadas en dañar al ex presidente. Se ha dejado que el sistema fracase”, advierte el senador Navarro. Al AFT le han otorgado reiteradas prórrogas para “cumplir” los contratos. Contraloría deberá determinar si existe legalidad en los 6.000 millones de pesos apozados en las tarjetas Bip!, que serán administrados por el AFT, cómo se tributará por los intereses que ese dinero produce, quién supervisa eso y a quiénes beneficiará, y si existe, además, alguna regulación en las bases administrativas. También el organismo fiscalizador deberá investigar los contratos que Sonda y el AFT suscribieron con las empresas TIMM y Siemens, a fin de examinar la legalidad de las autorizaciones para utilizar la tecnología de estas empresas -particularmente el contrato con TIMM, que alega que sus informes fueron ilegalmente utilizados-, y el respeto de la propiedad intelectual e industrial de las tecnologías ofrecidas en la licitación. Los senadores dicen en su informe que corresponde a Contraloría pronunciarse si después de investigados y comprobados los reiterados incumplimientos de parte del AFT tratando de implementar la fallida tecnología de Siemens, correspondería la nulidad pudiéndose instalar la tecnología de la otra empresa, es decir, de TIMM. “El AFT en el Formulario 5.7 página 3, denominado Antecedentes del Proveedor o Integrador Tecnológico, señala que proveedores de la tecnología son Siemens y TIMM, pudiendo ordenar instalar la otra tecnología que forma parte del contrato de licitación sin necesidad de modificarlo o declarar la caducidad por reiterados incumplimientos”, señalan.
AFT no funciona
Según el contrato entre Sonda y el AFT, los ingresos de la empresa tecnológica de Andrés Navarro Haeussler sumarán 428.005.531 dólares en doce años. Pero los verdaderos costos de implementación tecnológica son impresionantemente menores: ascendían a 40.199.046 dólares. Sonda obtendrá cómodas ganancias de casi 400 millones de dólares por una tecnología que no es la que prometió en la licitación. Sonda ganó la licitación utilizando información confidencial y tecnología de la empresa TIMM y de Roberto Sone, uno de sus dueños. Se apropió de imágenes e información de equipos, e incluso citó como propia la experiencia de TIMM en proyectos internacionales. La empresa de Andrés Navarro plagió párrafos completos, dibujos y prácticamente todo el Manual de TIMM, usando su experiencia, know how y derechos protegidos por las leyes de propiedad intelectual y de propiedad industrial en su propio beneficio, desconociendo cualquier relación con TIMM. “TIMM exige el cumplimiento del contrato entre el Estado y el AFT. Esto es, el cumplimiento de las bases de la licitación publica y de la oferta técnica en cuya virtud el AFT evaluó y adjudicó nuestra tecnología y experiencia. Expresamente se señaló que los proveedores de la tecnología eran las empresas Siemens y TIMM”, dice el abogado Mario Soazo, representante de TIMM y de Roberto Sone. “Las autoridades debieran fiscalizar el cumplimiento de las bases de licitación. En las bases técnicas se exige toda la implementación al interior de los buses. Esto es un software de gestión de flota, el contador de personas, la instalación de GPS y unidades de monitoreo, entre otras. Nada de esto se encuentra en funcionamiento en los buses”, dice Roberto Sone.
En mayo de 2006, la tecnología debió estar instalada. Precisamente se prorrogó el Plan para implementar la infraestructura vial y tecnología. “Las autoridades y Sonda han desviado la atención sosteniendo que es un problema entre Sonda y TIMM. Pero se están infringiendo normas de carácter constitucional, leyes propias de las licitaciones, normas de derecho público que deben ser garantizadas por las autoridades”, dice el abogado Soazo. El 27 de febrero, el senador Ávila presentó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) un informe solicitando se investigue al AFT y la omisión en que habrían incurrido Sonda y las autoridades respecto de lo observado por la Fundación Chile: “La no implementación de la tecnología idónea según las bases de la licitación, oferta técnica y el contrato con el Estado, puede acarrear repercusiones económicas y sociales a gran escala. Lo más sorprendente, es que hasta ahora, no se ha implementado el software de gestión de flota, que, por decirlo de una manera gráfica, constituye el nervio central del sistema. Esto compromete la transparencia de la gestión de las empresas involucradas, lo cual puede afectar gravemente a los accionistas y sobre todo a los usuarios, ya que malas decisiones en la administración del AFT y de Sonda, van a incidir necesariamente en el aumento del valor del pasaje”, dijo. Sonda no sólo registra incumplimientos en Chile. La empresa fue acusada en Ecuador de ganar con malas artes la licitación de cédulas de identidad. Además, el Poder Judicial de Costa Rica debió ejecutar garantías de cumplimiento de contrato de servicios por 566.000 dólares en su contra. En marzo de 2006, el gobierno de Costa Rica interpuso otra demanda en contra de Sonda por incumplimiento, daños y perjuicios. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de México, también interpuso una demanda en contra de Sonda-Pissa, filial mexicana, por incumplimiento de un contrato adjudicado en licitación pública. Exige el pago de 1,6 millones de dólares. A su vez, Sonda do Brasil fue demandada por 28,8 millones de dólares por el Ministerio Público del Trabajo. También se le notificó de infracciones tributarias por 29 millones de dólares, cursada por los municipios de Sao Paulo y de Campinas. Costos de la improvisación
TIMM mantiene una alianza estratégica con la ERG Group -líder en el desarrollo y fuente de sistemas integrados y software para la industria del transporte y sistemas y servicios de tarjeta de pago-, que le ha permitido estar presente en ciudades como Hong Kong, Melbourne, San Francisco y Singapur -esta última fue señalada por el Ministerio de Transportes como el lugar donde la tecnología instalada por el AFT había sido probada-, y con proyectos en progreso en Beijing y Washington.
Fotografías
2. Roberto Sone, ingeniero chileno socio en la empresa TIMM del multimillonario mexicano Carlos Slim Helú.
3. Senador Alejandro Navarro: “La crisis del Transantiago no se resolverá en mayo ni en agosto, durará meses. Sonda debiera salir de Transantiago si persisten las fallas. No resulta lógico ni coherente que continúen al frente del Transantiago quien ha mostrado severa incapacidad de operar el sistema”.
(*) Publicado por La Insignia (España)
Sin software
“La ciudadanía debe conocer exactamente cómo fue el proceso de licitación. Transantiago está operando sin el software ofrecido, lo que se ha transformado en un grave problema”, dijo Ávila, tras presentar el informe. Navarro asegura que se engañó al gobierno: “Se le entregó información que no correspondía a la realidad. Queremos una revisión completa de la licitación y su posterior implementación, para saber cuándo se tomaron las decisiones equivocadas. Si la tecnología no ha funcionado es porque no se ha instalado la que comprometieron. Queremos saber si el gobierno supo cuándo se le estaba engañando para que adoptara una tecnología que no funciona. La pregunta es por qué el responsable tecnológico de hacer funcionar el software no instala lo que prometió”. Que Transantiago opere sin el software ofertado pone en tela de juicio la eficiencia y fiscalización por parte del Estado, señala Ávila: “El Estado debe obligar a que cada uno asuma sus responsabilidades: el Ministerio, el AFT y Sonda, en particular”. “A la gente no le interesa las multas o las boletas de garantía, sino llegar pronto a su trabajo. Nuestro objetivo es que Contraloría establezca cuáles son los informes técnicos que avalaron la opción de Siemens. Ofrecieron la tecnología de TIMM y de Siemens, pero misteriosamente se descartó a TIMM cuando ya el AFT y Sonda habían ganado la licitación. Se engañó al gobierno de Lagos: hay personas interesadas en dañar al ex presidente. Se ha dejado que el sistema fracase”, advierte el senador Navarro. Al AFT le han otorgado reiteradas prórrogas para “cumplir” los contratos. Contraloría deberá determinar si existe legalidad en los 6.000 millones de pesos apozados en las tarjetas Bip!, que serán administrados por el AFT, cómo se tributará por los intereses que ese dinero produce, quién supervisa eso y a quiénes beneficiará, y si existe, además, alguna regulación en las bases administrativas. También el organismo fiscalizador deberá investigar los contratos que Sonda y el AFT suscribieron con las empresas TIMM y Siemens, a fin de examinar la legalidad de las autorizaciones para utilizar la tecnología de estas empresas -particularmente el contrato con TIMM, que alega que sus informes fueron ilegalmente utilizados-, y el respeto de la propiedad intelectual e industrial de las tecnologías ofrecidas en la licitación. Los senadores dicen en su informe que corresponde a Contraloría pronunciarse si después de investigados y comprobados los reiterados incumplimientos de parte del AFT tratando de implementar la fallida tecnología de Siemens, correspondería la nulidad pudiéndose instalar la tecnología de la otra empresa, es decir, de TIMM. “El AFT en el Formulario 5.7 página 3, denominado Antecedentes del Proveedor o Integrador Tecnológico, señala que proveedores de la tecnología son Siemens y TIMM, pudiendo ordenar instalar la otra tecnología que forma parte del contrato de licitación sin necesidad de modificarlo o declarar la caducidad por reiterados incumplimientos”, señalan.
AFT no funciona
Según el contrato entre Sonda y el AFT, los ingresos de la empresa tecnológica de Andrés Navarro Haeussler sumarán 428.005.531 dólares en doce años. Pero los verdaderos costos de implementación tecnológica son impresionantemente menores: ascendían a 40.199.046 dólares. Sonda obtendrá cómodas ganancias de casi 400 millones de dólares por una tecnología que no es la que prometió en la licitación. Sonda ganó la licitación utilizando información confidencial y tecnología de la empresa TIMM y de Roberto Sone, uno de sus dueños. Se apropió de imágenes e información de equipos, e incluso citó como propia la experiencia de TIMM en proyectos internacionales. La empresa de Andrés Navarro plagió párrafos completos, dibujos y prácticamente todo el Manual de TIMM, usando su experiencia, know how y derechos protegidos por las leyes de propiedad intelectual y de propiedad industrial en su propio beneficio, desconociendo cualquier relación con TIMM. “TIMM exige el cumplimiento del contrato entre el Estado y el AFT. Esto es, el cumplimiento de las bases de la licitación publica y de la oferta técnica en cuya virtud el AFT evaluó y adjudicó nuestra tecnología y experiencia. Expresamente se señaló que los proveedores de la tecnología eran las empresas Siemens y TIMM”, dice el abogado Mario Soazo, representante de TIMM y de Roberto Sone. “Las autoridades debieran fiscalizar el cumplimiento de las bases de licitación. En las bases técnicas se exige toda la implementación al interior de los buses. Esto es un software de gestión de flota, el contador de personas, la instalación de GPS y unidades de monitoreo, entre otras. Nada de esto se encuentra en funcionamiento en los buses”, dice Roberto Sone.
En mayo de 2006, la tecnología debió estar instalada. Precisamente se prorrogó el Plan para implementar la infraestructura vial y tecnología. “Las autoridades y Sonda han desviado la atención sosteniendo que es un problema entre Sonda y TIMM. Pero se están infringiendo normas de carácter constitucional, leyes propias de las licitaciones, normas de derecho público que deben ser garantizadas por las autoridades”, dice el abogado Soazo. El 27 de febrero, el senador Ávila presentó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) un informe solicitando se investigue al AFT y la omisión en que habrían incurrido Sonda y las autoridades respecto de lo observado por la Fundación Chile: “La no implementación de la tecnología idónea según las bases de la licitación, oferta técnica y el contrato con el Estado, puede acarrear repercusiones económicas y sociales a gran escala. Lo más sorprendente, es que hasta ahora, no se ha implementado el software de gestión de flota, que, por decirlo de una manera gráfica, constituye el nervio central del sistema. Esto compromete la transparencia de la gestión de las empresas involucradas, lo cual puede afectar gravemente a los accionistas y sobre todo a los usuarios, ya que malas decisiones en la administración del AFT y de Sonda, van a incidir necesariamente en el aumento del valor del pasaje”, dijo. Sonda no sólo registra incumplimientos en Chile. La empresa fue acusada en Ecuador de ganar con malas artes la licitación de cédulas de identidad. Además, el Poder Judicial de Costa Rica debió ejecutar garantías de cumplimiento de contrato de servicios por 566.000 dólares en su contra. En marzo de 2006, el gobierno de Costa Rica interpuso otra demanda en contra de Sonda por incumplimiento, daños y perjuicios. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de México, también interpuso una demanda en contra de Sonda-Pissa, filial mexicana, por incumplimiento de un contrato adjudicado en licitación pública. Exige el pago de 1,6 millones de dólares. A su vez, Sonda do Brasil fue demandada por 28,8 millones de dólares por el Ministerio Público del Trabajo. También se le notificó de infracciones tributarias por 29 millones de dólares, cursada por los municipios de Sao Paulo y de Campinas. Costos de la improvisación
TIMM mantiene una alianza estratégica con la ERG Group -líder en el desarrollo y fuente de sistemas integrados y software para la industria del transporte y sistemas y servicios de tarjeta de pago-, que le ha permitido estar presente en ciudades como Hong Kong, Melbourne, San Francisco y Singapur -esta última fue señalada por el Ministerio de Transportes como el lugar donde la tecnología instalada por el AFT había sido probada-, y con proyectos en progreso en Beijing y Washington.
Fotografías
2. Roberto Sone, ingeniero chileno socio en la empresa TIMM del multimillonario mexicano Carlos Slim Helú.
3. Senador Alejandro Navarro: “La crisis del Transantiago no se resolverá en mayo ni en agosto, durará meses. Sonda debiera salir de Transantiago si persisten las fallas. No resulta lógico ni coherente que continúen al frente del Transantiago quien ha mostrado severa incapacidad de operar el sistema”.
(*) Publicado por La Insignia (España)
Fotos: Jorge Zúñiga