Borrón y cuenta nueva ll

El derecho de los familiares a conocer la verdad, está muy bien, pero antes está el derecho a la vida de esos familiares desaparecidos, que precisamente son familiares de aquellos a los que se pretende asignarles la virtud de un derecho, el derecho a la verdad. Es evidente que allí es donde radican las dudas respecto a la efectividad de esa legislación que suena como una suave e hipócrita música de fondo, mientras en el Chile actual, el mismo que pretende dar lecciones a otras naciones, se está despreciando precisamente el derecho a la vida y en especial el derecho a que los familiares de los detenidos desaparecidos, que perdieron precisamente la vida, conozcan la verdad de su paradero.

Antes que se desencadenara la carnicería pinochetista, existían los derechos que resguardaban la vida y la verdad para todos los habitantes de nuestro extraño país. Fueron más de 10 mil recursos de protección que se presentaron en las cortes, con el ingenuo propósito de detener la voracidad con que los militares de Chile cumplían sin cuestionarse las órdenes de sus sanguinarios mandos y para los que aún no se han enterado, fueron sistemáticamente rechazados por los jueces. Entiendo que acogieron uno o dos de los millares de recursos presentados ante ellos.

Resulta verdaderamente vergonzoso, ver en los hechos, las genuinas  intenciones de los que hacen la política. Tal parece que es aconsejable solucionar el “problema de los uniformados” que deben pasearse a declarar en los tribunales en muchos casos de “secuestro” que al parecer no tienen solución, y naturalmente echar por la borda las investigaciones que en muchos casos tienen cercados judicialmente a los asesinos, en contados y largos procesos.

De qué nos sirven las normas si las violamos. De qué sirven las declaraciones de intenciones si en los hechos las cambiamos. De que sirven los jueces que deben actuar iluminados por la virtud, si aún no son capaces de vencer el vicio en que cayeron sus antecesores.