Que por un error interno sedesbaratara la “luna de miel” de la Presidenta Bachelet con el nuevo Primer Mandatario peruano no apunta a lo central del problema. Sabido es que las buenas relaciones personales entre Jefes de Estado tienen un alcance limitado. Lo probaron los cálidos lazos entablados con el Presidente Kirchner y su señora, la senadora Fernández, que se revelaron insuficientes a la hora de tratar el suministro de gas. Y la amistosa relación con Evo Morales podrá resquebrajarse cualquier día de éstos, apenas una de las partes se moleste por una discrepancia. Los intereses de los Estados prevalecen sobre toda otra consideración y esto reproduce lo que ocurre en la política, en general.
Esto no impide que las buenas estrategias nacionales sopesen cada paso que puede afectar al vecino, se empatice con él en el sentido literal del término, de ponerse en su lugar y contexto, y actuar proactivamente. Nunca como en esta ocasión se hizo más válida la exigencia de la Presidenta a sus colaboradores de anticiparse a los problemas, tratándose de relaciones caracterizadas por cíclicos sobresaltos con quisquillosos vecinos.
Pero las derivaciones esta vez fueron más allá del manejo de aquellos asuntos. Hubo una increíble inadvertencia de La Moneda al enviar como indicación un texto de Fronteras y Límites de la Cancillería fraguado al calor de la amenaza de la Ley de Bases de finales de la presidencia de Alejandro Toledo. Su sucesor, el resurrecto Alan García, había congelado la disputa por el mar territorial, y esa nueva actitud había que cultivarla, evitando la más mínima provocación. Quedó claro, a la luz del nuevo “impasse”, que la cuestión sólo está dormida, porque Lima no ha renunciado a su tesis de que la frontera marítima está sin demarcar, y que no descarta concurrir a La Haya. Pero la postergación supuso buena voluntad para construir más integración. Y lo que se ejecute en este ámbito abre un abanico más amplio de intereses públicos y privados complementarios, que puedan jugar como factor social para aflojar las disputas políticas.
Por qué no se procesaron estas consideraciones antes de enviar la indicación presidencial al proyecto que creó la nueva región Arica-Parinacota es el primer aspecto del problema. El segundo es la laxitud del Parlamento, que se limitó a despachar la indicación, ”haciendo fe” en la competencia técnica de sus autores. Ya son varias las ocasiones en que los congresistas no saben qué votan y este es un nuevo caso –y doble- de renunciamiento a sus deberes: la comisión de Gobierno del Senado emitió un voto ciego y la de RREE no exigió revisar el texto antes del sufragio en sala, en tanto se aludía a las fronteras del país. La oposición incumplió también al no fiscalizar exhaustivamente los actos del Gobierno, concurriendo a aprobar la ley por unanimidad.
El canciller peruano insistió en su sospecha de que aquí hubo “mano negra”, lo que fue desestimado por las autoridades chilenas. Pero después de actos maliciosos como el de Depassier –que metió el gol de una licenciatura en Filosofía que no tenía- no puede descartarse del todo una aleación entre mala intención de un funcionario y torpeza de un superior o revisor. A menos que una suerte de filosofía contemplativa se esté apoderando de la conducta de algunos (ir)responsables que prefieren atenerse a lo “esencial” y no a lo “intrascendente” de la contingencia.
Resta aún el papel jugado por el Tribunal Constitucional. En Lima lo llamaron una especie de “Consejo de Estado”. ¿Y no es esto en lo que se está convirtiendo, a juzgar por sus pronunciamientos “formales” sobre píldoras del día después y ahora sobre fronteras y límites, y por la amenaza latente de que la oposición logre allí lo que no puede imponer por mayoría democrática en el Parlamento?
El hecho nuevo es que el gobierno decidió jugar la carta del “Consejo Constitucional”, pidiéndole que se pronunciara con suma urgencia en un asunto que comprometía la seguridad nacional. Se trataba de obtener una declaratoria en contra de la ley tal como fue aprobada, con la indicación presidencial sobre el hito Uno como frontera. La alternativa de un nuevo mensaje del Ejecutivo anulando tal indicación significaba reconocer un error y exponerse, ahora sí, a la furia opositora, la que sería doble: por la torpeza gubernamental y por la majadería peruana sobre una frontera marítima que, para Chile, ya está zanjada por leyes y tratados.
El alivio del gobierno por el rechazo de una indicación suya probó que los caminos de la política suelen ser retorcidos, más de lo que en este caso hubiese querido el gobierno, por los alcances del rol jugado por un Tribunal con trazas de Consejo de Estado.