Corrupción: Fiscal investiga a seis mil empresas vinculadas con red del SII

Santiago.- La fiscal Sonia Rojas a cargo de la investigación de la supuesta red de corrupción al interior del Servicio de Impuestos Internos (SII) dijo que se están indagando listas con nombres de cinco a seis mil empresas que estaban en manos de los imputados. En ese sentido, la fiscal justificó la prisión preventiva de Mario Cañete Bahamondes, uno de los asesores tributarios de la firma privada Sociedad de Contadores y Auditores de Chile (Socogech), a quien acusó de querer destruir la evidencia con las listas mencionadas al ordenar “a su señora quemar un documento y nosotros hemos llegado ahí con nuestras policías antes de que el documento se quemara”. Rojas estimó que las cifras involucradas pueden llegar a miles de millones de pesos.

La fiscal regional metropolitana de la zona Centro Norte, designada en la causa por el fiscal nacional Guillermo Piedrabuena, agregó que “el señor Cañete lo tenemos en prisión preventiva porque ha quemado evidencia que indican listas muy secretas, muy reservadas del Servicio de Impuestos Internos (que) han salido a manos de personas que no corresponde y eso nosotros lo estamos investigando una por una, vamos a ver que pasa con todas esas personas que son listados de cinco mil, seis mil empresas”.

Cañete es el único detenido en el caso y está formalizado por cohecho junto al también asesor de Socogech Iván Sanchez Santíbañez, la funcionaria del SII, Marjorie Durand y su pareja, Javier Mancilla, ex fiscalizador de la entidad.

Los socios obtenían información privilegiada por parte de Marjorie Durán, que se desempeña en el Tribunal Tributario de la institución.

Los dos socios, junto a Javier Mancilla entregaban información privilegiada a aquellas empresas que tenían problemas tributarios, ofreciendo solucionar estos conflictos mediante el pago de un soborno para limpiar antecedentes con documentos falsos.

El fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena designó a la fiscal regional metropolitana centro norte, Sonia Rojas, para que dirija la investigación de las irregularidades atribuidas a una empresa de asesorías tributarias y presuntamente a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La decisión de Piedrabuena se basa en el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que establece que la máxima autoridad institucional puede disponer que un fiscal regional asuma la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas y testigos, en casos necesarios por su gravedad o por la complejidad de su investigación.

Piedrabuena adoptó esta resolución debido a las repercusiones que dicha investigación pueda revestir para la confianza pública en el sistema tributario.

Son miles de millones de pesos

Más tarde, la fiscal Sonia Rojas señaló que si bien no puede cuantificar los ilícitos investigados, dijo que son “miles de millones de pesos”. “Son tan grandes las cantidades que se mencionan que no soy capaz de decirlas en pesos, ni en dólares ni en nada porque son bastante grandes”, apuntó.
 
Según Rojas, “creo que estoy hablando de miles, de miles de millones de pesos. No soy capaz de decir la cifra porque son más de miles, de miles de millones de pesos”.
 
Además, la fiscal anunció que apelará a la libertad provisional que benefició al ex fiscalizador del SII Javier Mancilla, quien no fue recluido tras ser formalizado el pasado sábado.
 
“Esto es una investigación que está empezando y tendremos que citar a todas las personas que están involucradas, sea cual sea su rango, (porque) en eso no tenemos ningún escrúpulo”, acotó.
 
Asimismo, la representante del Ministerio Público acusó que el asesor tributario Marco Cañete, quien quedó en prisión preventiva, “ha quemado evidencia que indican listas muy secretas, muy reservadas del Servicio de Impuestos Internos”.
 
La Fiscalía Centro-Norte trabaja en base a una lista que involucra entre 5.000 y 6.000 empresas que habrían utilizado subterfugios para pagar menos impuestos, por ejemplo usando facturas falsas, aunque ello -aclaró Rojas- no significa per se su vinculación con los ilícitos.