¿Se imagina que un Estado que pierde un juicio internacional pueda ser capaz de presentarlo a su país como un triunfo; y que éste lo crea así, dado que la generalidad de los medios de comunicación difunde dicha distorsión como la verdad? ¿Y que todo ello se desarrolle en una sociedad que en teoría tenga una irrestricta libertad de expresión e información? Usted dirá que ello es prácticamente imposible. Sin embargo, todo eso acaba de pasar… en Chile.
En efecto, en diciembre pasado el tribunal del Banco Mundial (Ciadi) confirmó el fallo de 2008 que le dio la razón a Víctor Pey respecto a que él era el propietario del diario Clarín (confiscado por la dictadura luego del golpe de 1973) y que el Estado chileno tiene que indemnizarlo por ello. Sin embargo, el Gobierno presentó aquel hecho ¡como una derrota de Pey!, porque también el tribunal aceptó las demandas de Pey y del Estado de anular el monto específico fijado por el fallo de 2008, equivalente a unos 10 millones de dólares; por lo que sería necesario fijar un nuevo monto, en beneficio de Pey, el que muy probablemente será bastante superior a dicha cifra. Evidentemente, esto último lo silenció el gobierno chileno, así como la generalidad de los medios chilenos y –especialmente– todos los diarios y canales de televisión.
Pero además, el Gobierno y la generalidad de los medios, han silenciado otro elemento fundamental de la decisión del Ciadi de diciembre pasado. Esta es, de que confirmando el fallo de 2008, el Estado chileno debe pagarle a Pey las costas del proceso desarrollado entre 1997 y 2008; lo que equivale a una cifra aproximada a los 3,8 millones de dólares (Ver Punto Final; 25-1-2013). Menos se ha informado de la renuencia de cumplir aquello demostrada hasta la fecha por el gobierno de Piñera; pese a las seguridades dadas por él al Parlamento europeo a fines del año pasado de que cumpliría escrupulosamente con las decisiones del tribunal internacional. ¿No estará demás decir que esto último tampoco fue informado por los medios nacionales?
Es claro que todas las desinformaciones anteriores han sido más efectivas porque las omisiones en las entregas de noticias sobre el caso Clarín son ya de larga data. De hecho, la generalidad de la población chilena no tiene idea respecto de este antiguo diferendo, pese a que su resolución en uno u otro sentido ¡tendrá el efecto concreto de mantener o terminar con el duopolio de diarios que en los hechos tienen las empresas El Mercurio y Copesa!
Pero la responsabilidad en la desinformación generalizada sobre el caso no ha sido solo de los medios de comunicación chilenos. Ella es compartida también por las asociaciones de la prensa de nuestro país y del extranjero; por el Colegio de Periodistas; por todos los partidos políticos chilenos con representación parlamentaria; y por el conjunto de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Hay que tener en cuenta que respecto del caso Clarín están en juego no solo la vigencia de los derechos a la libre información y expresión; sino también el derecho de propiedad y la credibilidad del Estado chileno respecto al cumplimiento de sentencias de tribunales internacionales. Además, que en dicho caso el gobierno de Lagos –a través de su ministro de Bienes Nacionales, Claudio Orrego– ¡le entregó en 2000 el equivalente a 9 millones de dólares a otras personas que alegaban ser dueños del Clarín, pero que ya el Consejo de Defensa del Estado en 1975 había desechado como tales, estipulando que el único propietario era Víctor Pey. Y todo esto en circunstancias de que ya estaba pendiente la sentencia del caso en el Ciadi!
Y, por si lo anterior fuera poco, que una parte significativa de esa suma ¡terminó en las manos del yerno del abogado que hizo el “estudio en derecho” encargado por el Gobierno, que pretendió justificar la entrega de tales sumas! Esto significó que el Colegio de Abogados sancionara éticamente a dicho abogado –Enrique Testa– en 2003, pero no implicó la apertura de ninguna investigación por eventual corrupción, ni del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
Lo anterior está pormenorizado en diversos artículos periodísticos que nunca han sido desmentidos y que tampoco fueron resaltados por los grandes diarios ni los canales de televisión. Entre ellos, los de Patricia Verdugo: Clarín y el sagrado derecho de propiedad (Rocinante; septiembre, 2002); Carmen Gardeweg: Caso Clarín: Colegio de Abogados suspendió por cuatro meses a Enrique Testa (La Segunda; 21-4-2003); y Francisco Marín: La batalla de Pey (El Ciudadano; agosto, 2007).
Artículo publicado en El Mostrador