Las agrupaciones de familiares de Detenidos desaparecidos (AFDD) y ejecutados políticos (AFDP) expresaron su profundo malestar por actitud de sectores de la UDI contra la visita del presidente de Cuba, Raúl Castro. A la vez, las organizaciones, en una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera, le solicitan que facilite las condiciones para que los distintos poderes del estado entreguen información en relación con el juicio contra los instigadores civiles del golpe de Estado de 1973.
Las organizaciones de familiares rechazan las presiones de la UDI, las que han “sido lamentablemente acogida por Usted”. Se trata, dice, de una pretensión arbitraria, torpe, ilegal, de los sectores pinochetistas que atenta contra el prestigio de la nación en un momento tan especial como los encuentros de la CELAC y de CELAC – UE”
Dicha maniobra, agregan, carece de todo sustento jurídico y es no sólo inoportuna sino que es absolutamente improcedente de conformidad a la legislación interna chilena y al Derecho Internacional y es además agresiva contra un Estado como el de la República de Cuba.
Esta es la carta entregada a Piñera:
Carta al Presidente de la República de las agrupaciones de familiares de Detenidos desaparecidos (AFDD) y ejecutados políticos (AFDP)
Santiago, 23 de enero de 2013
Palacio de La Moneda
Señor Presidente :
Las agrupaciones nacionales de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, AFDD y AFEP respectivamente, de conjunto con los abogados asesores de derechos humanos, señores Alfonso Insunza y Eduardo Contreras, nos dirigimos a Usted a fin de hacerle presente nuestras consideraciones y formularle una solicitud específica que pasamos a exponer :
En primer lugar expresarle nuestra profunda preocupación por la actitud de los sectores más vinculados a la dictadura militar que forman parte de la alianza que sustenta su gobierno y que han venido presionando en favor de intereses abiertamente contrapuestos a los de nuestro país y a la legítima aspiración integracionista de los pueblos latinoamericanos.
Entre esas presiones, y que ha sido lamentablemente acogida por Usted, está la pretensión arbitraria, torpe, ilegal, de los sectores pinochetistas que atenta contra el prestigio de la nación en un momento tan especial como los encuentros de la CELAC y de CELAC – UE que tiene lugar en los próximos días en esta capital. Nos referimos expresamente a aquellas presiones que sólo buscan afectar a un Presidente de Estado de una nación históricamente vinculada a la nuestra.
Dicha maniobra carece de todo sustento jurídico y es no sólo inoportuna sino que es absolutamente improcedente de conformidad a la legislación interna chilena y al Derecho Internacional y es además agresiva contra un Estado como el de la República de Cuba, con el que Chile mantiene relaciones amistosas y contra el propio espíritu que alienta la CELAC lo que constituye un doble daño a la imagen internacional de este país.
Por nuestra parte, en un sentido muy distinto, le formulamos una petición legítima, procedente, y que dice relación directa con los intereses del pueblo de Chile cuyo gobierno Usted preside.
Se trata de solicitar que, en relación a la querella presentada por nosotros el 14 de diciembre pasado a los tribunales a fin de que establezca y juzgue la responsabilidad de los autores, instigadores, cómplices y encubridores del golpe de Estado de 1973 que constituye la peor tragedia de nuestra historia, su gobierno – en aquello que sea de su competencia – arbitre las medidas necesarias que puedan serle solicitadas en su momento.
Ellas cursaran obviamente a través de instancias judiciales y pueden referirse por ejemplo al Ministerio de Defensa, a fin que las Fuerzas Armadas entreguen de una vez toda la información de que disponen en relación al genocidio.
Pero a la vez sería una contribución a la verdad y a la justicia que destacados personeros, algunos incluso parlamentarios, que forman parte de la coalición política gobernante y que fueron altos funcionarios de la criminal dictadura de Pinochet concurran voluntariamente a declarar al proceso que busca determinar las responsabilidades de los golpistas civiles. Esto sí tiene que ver con los intereses de Chile y, al contrario de las presiones del pinochetismo, prestigiarían al gobierno nacional.
A 40 años del criminal golpe, es lo menos que se puede exigir en nombre de los miles de desaparecidos, ejecutados, torturados, prisioneros, cometidos por los mismos que hoy esconden sus culpas exigiendo medidas contra un Estado en que no hay un solo desaparecido, ni ejecutado ni torturado.
Quienes presionan contra Cuba son los mismos que, entre otros males, criminalizan la justa lucha de los estudiantes y del pueblo mapuche.
Finalmente y en el mismo orden de ideas solicitamos respetuosamente a Usted que se sirva disponer lo necesario para la presentación de un proyecto de reforma constitucional que disponga por medio de normas jurídicas del más alto rango que todo ciudadano o ciudadana que haya prestado servicios para una dictadura que haya impuesto el terrorismo de Estado, como en el caso de este país, estará inhabilitado a perpetuidad para servir funciones públicas y para postular a cargos de representación popular. Una tal iniciativa aproximará a Chile a la lógica del Derecho Internacional, de los Tratados Internacionales y al ejemplo de otras naciones.
Le saludan atentamente,
LORENA PIZARRO ALICIA LIRA