La Fundación Defendamos la Ciudad se refiere hoy y aclara una noticia publicada ayer por un medio de prensa de circulación nacional y por un canal de televisión abierta sobre el peligro latente que tienen las áreas verdes tipificadas en los planes reguladores como parques intercomunales y parques comunales, ello con ocasión de la caducidad de la declaratoria de utilidad pública aprobada en el año 2004 por el Congreso Nacional a instancias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Patricio Herman manifestó : “en efecto, los parlamentarios de entonces desaprensivamente modificaron el artículo 59º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) para establecer plazos fijos para esas caducidades y como ya se han cumplido tales vencimientos, algunos alcaldes con los informes favorables de las secretarias regionales ministeriales (seremis) de Vivienda y Urbanismo han modificados los usos de suelo de áreas verdes para transformarlos en habitacionales-mixtos con las normas de edificación, establecidas en los planes reguladores, para los sectores urbanos adyacentes. De esta manera, ya se han perdido considerables áreas verdes, por lo menos en la región metropolitana y por ello en esos territorios ya se están ejecutando obras de construcción de proyectos inmobiliarios sin que los vecinos de las zonas colindantes dispongan de las herramientas legales para reclamar por esas mermas de parques que generan inmediatos deterioros en sus calidades de vida.
Pero no todo es tan malo para los necesarios equilibrios ambientales y paisajísticos de nuestras ciudades, ya que recientemente el presidente Piñera firmó el proyecto de ley, elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que revierte este error cometido por una administración pasada que no evaluó en su tiempo las consecuencias nefastas de ese cambio legal. Por transparencia sería necesario que la opinión pública conociera los nombres de los parlamentarios que votaron a favor del equivocado cambio del artículo 59º de la LGUC y esperamos que los actuales diputados y senadores aprueben a la brevedad el proyecto de ley que normaliza la situación. Mientras más se demore el Congreso Nacional en aprobar esta restitución legal, más áreas verdes que ayudan a combatir la contaminación atmosférica, continuarán perdiéndose inexorablemente con el evidente perjuicio para los habitantes de todas las ciudades del país”.