Los dichos del consejero del Banco Central, Joaquín Vial, sobre las bajas pensiones que recibirán los trabajadores que entraron al sistema previsional el año 1981 y la alta subsidiaridad del Estado respecto de las pensiones más bajas -que alcanzarán en el 2050 a más del 60% de las pensiones-, han puesto en la mesa un debate necesario en la sociedad chilena. Lamentablemente los medios sólo han dado espacio a los representantes de las AFP para justificar estas cifras, dando soluciones que están lejos de atacar el fondo del problema.
Como era de esperar, Guillermo Arthur, presidente de la Asociación de AFP, negó responsabilidad de las empresas que representa en las bajas pensiones, culpando a los problemas del “mercado laboral” y la “baja densidad de las cotizaciones” por las cifras arrojadas por el Banco Central, que muestran que el 60 % de los trabajadores que entraron al sistema en 1981 están recibiendo pensiones no superiores a los 150 mil pesos. “El monto de las pensiones depende de la regularidad con la que un trabajador hizo cotizaciones”, respondió a Radio Cooperativa el empresario, agregando que “quienes cotizaron regularmente tendrán muy buenas pensiones, no así los que no lo hicieron”.
El dirigente sindical, Luis Mesina, de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, concuerda con el empresario respecto a que en Chile hay un problema serio en el “mercado laboral”, caracterizado por la precarización y la inestabilidad del empleo, pero esto sólo “ratifica y confirma que en un país con estas características, es necesario más que nunca un sistema social fundado en los principios de la solidaridad y no en la capitalización individual”, expresa Mesina.
El sistema de AFP se sustenta en el ideal del pleno empleo, estabilidad y salarios dignos que permitan una cotización alta e ininterrumpida durante 40 años, pero tenemos políticas que fomentan lo contrario. En Chile “el grueso de los trabajadores recibe ingresos inferiores a los 350 mil pesos y un 92,38% recibe ingresos inferiores a 850 mil pesos”, puntualiza el dirigente, señalando que es evidente que en el largo plazo estos trabajadores no van a tener el ahorro suficiente para una pensión decente sobre la lógica de la capitalización individual. Pero incluso, logrando un ahorro importante, explica el dirigente, las AFP no están otorgando una buena tasa de reemplazo, “hay trabajadores que han tenido 130 millones ahorrados en sus fondos y hoy están recibiendo un tercio de lo que originalmente comenzaron a recibir como pensión, y lo que es más grave, están recibiendo casi un quinto de lo que recibían en su vida activa. Es decir, este sistema afecta tanto a quienes tienen bajos salarios y en consecuencia pueden ahorrar muy poco en su vida laboral, pero también afecta a los trabajadores que ahorraron de manera continua y lograron una cantidad considerable”.
Ciertamente se requiere de mayores aportes, pero eso no puede venir de los trabajadores, porque aunque se subiera el aporte eso no garantizaría una pensión decente en la lógica del actual sistema de capitalización individual y sobre la base de la naturaleza jurídica que tienen las AFP que es el lucro.
“Aquí hay que restituir el aporte patronal, hay que volver a los regímenes de reparto que son los únicos que garantizan estabilidad en el tiempo y son los únicos que permiten que los trabajadores pueden optar a una pensión decente.
“Densidad de cotización”
La solución al problema de las bajas pensiones, según el empresario Guillermo Arthur, sería mejorando la “densidad de las cotizaciones”, lo que conlleva según su lógica, a aumentar la edad de jubilación y el porcentaje de las cotizaciones.
Quien da señales más claras de cuáles son las intensiones de las administradoras privadas es el economista Klaus Schmidt-Hebbel, citado en el Economía y Negocios de El Mercurio (11/01/13) al plantear que las cotizaciones debieran subir hasta el 13% y la edad de jubilar debiera aumentarse hasta los 67 años para hombres y mujeres.
Para el dirigente bancario, es “totalmente inmoral que estén planteando esto, pues quienes están ahorrando en las cuentas individuales son los trabajadores, no son los dueños de las AFP, aquí no hay un sistema de seguridad social, por lo que mal podrían ellos pronunciarse respecto al tema de la densidad. Esa discusión está fuerza de todo contexto ético con los dueños de las AFP, que además de estar lucrado con nuestros recursos nos entregan pérdidas. Se han arrogado la facultad de hacer propuesta respecto de cómo mejorar el sistema de pensiones, siendo que no tienen ninguna autoridad moral para hacerlo. Los únicos que tienen que hablar aquí son los trabajadores, los verdaderos dueños de los recursos millonarios que asciende a más de 160 mil millones de dólares”.
Respecto al aumento sostenido en el aporte del Estado para pagar las pensiones, Patricio Guzmán, director de economía de la Confederación Bancaria, señala que “si las pensiones de una parte muy importante de la población van a terminar basándose en el Pilar Solidario, es decir, en los 200 mil pesos que garantiza el Estado, hay dos problemas: el primero es que hay muchos trabajadores que han estado cotizando en las AFP y que finalmente van a recibir una mugre lejos de la promesa que le hicieron inicialmente; y el otro, es que el Estado va a tener que desembolsar cada vez cantidades mayores de dinero y finalmente eso no es sostenible. Joaquín Vial, advirtió que de seguir así esto va a colapsar por parte del Estado, pero además, esto es justamente lo que criticaban los creadores de las AFP del sistema antiguo: la injerencia y los costos para el Estado, pero ahora es peor, pues el Estado no recibe nada pero se verá obligado a desembolsar cada vez más dinero”.
Las propuestas de los defensores de las AFP son inaceptables y están dirigidas a mantener un sistema del que han sacado provecho con crecer usufructuando los dineros de los trabajadores y entregándoles a cambio una vejez miserable. Para los dirigentes de la Confederación Bancaria, el diagnóstico arrojado por el Banco Central confirma la necesidad imperiosa de cambiar las AFP por un verdadero sistema de Seguridad Social, donde los beneficiados sean los dueños de los recursos y no los empresarios que lucran con ellos.