Luego del atentado de una casa patronal en que murieron dos ancianos latifundistas en la Araucanía, el presidente, Sebastián Piñera, impuso la aplicación de la cuestionada Ley Antiterrorista para investigar este caso, el aumento de las fuerzas policiales y de inteligencia, la creación de una zona especial de control diario y nocturno e invitó a que quienes tengan datos sobre este lamentable episodio los aporten a los servicios encargados de la investigación de estos hechos.
Así lo dio a conocer Piñera luego de una reunión express sostenida en Temuco con las autoridades regionales, políticos gobiernistas y los jefes de carabineros y de la policía de investigaciones.
El atentado incendiario ocurrido la madrugada de este viernes en la comuna de Vilcún, costó la vida del agricultor Werner Luchsinger y su esposa Vivianne McKay.
El presidente afirmó que el gobierno ya presentó una querella criminal por Ley Antiterrorista y anunció que se recalificará la querella que fue presentada hace algunas semanas atrás, por otro atentado incendiario.
Esto, a pesar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) rechazó la aplicación de esta Ley porque “tal como lo han establecido organismos internacionales de derechos humanos, vulnera principios del debido proceso”.
“Nuestra legislación penal dispone de los instrumentos suficientes para investigar y sancionar estos repudiables hechos y sancionar a los responsables”, expresó el INDH.
En la ocasión Piñera también informó que se crearán unidades especiales para luchar contra “el terrorismo” que según él existe en la zona sur del país y de una unidad judicial especializada para tratar estas materias. Pero también anunció que oficiará a la Agencia Nacional de Inteligencia a que solicite a las Fuerzas Armadas información sobre estos temas.
El Presidente anunció un aumento de carabineros y de la Policía de Investigaciones, además de infraestructura en vehículos blindados, helicópteros y tecnología para captar audio y video nocturno y de largo alcance en la Región. Se incorporarán 84 miembros de carabineros, helicópteros y cuatro carros blindados.
Además solicitó a carabineros a establecer “un control permanente, diurno y nocturno, tanto del tráfico vehicular como de las identidades de las personas que transitan en las zonas más afectadas. Todo con el propósito de lograr una mayor protección y seguridad para las personas que quieren y merecen vivir en paz”.
De manera inédita, el jefe de gobierno llamó a cualquier ciudadano a entregar información respecto a estos temas. “Quiero llamar a la unidad de todos los chilenos que creemos y estamos comprometidos con el Estado de Derecho y con la paz, especialmente a aquellos de buena voluntadque quieran colaborar en esta lucha porque aquí tambien hay un espacio para que la ciudadanía pueda colaborar entregando la información que ella pueda tener en proposito de mejorar la eficacia de esta lucha”, dijo el Presidente.
Pero Piñera tambien fustigó la “responsabilidad política y moral” de todos aquellos que “colaboran de una u otra forma, protegiendo, amparando o justificando estos hechos”.
En tanto el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, anunció la designación de un persecutor exclusivo para la investigación del atentado incendiario.
Instituto Nacional de Derechos Humanos repudia actos de violencia y repudia ley antiterrorista
El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, frente a los recientes hechos ocurridos en la Región de La Araucanía, declara:
Repudiamos y deploramos los hechos que han provocado la muerte del matrimonio Luchsinger en Vilcún, Región de La Araucanía. Solidarizamos con sus familiares y amigos/as y reiteramos nuestra condena a la violencia, sea cual sea su origen, como forma de solución a los problemas de la zona.
Llamamos a los tribunales de justicia y a los organismos policiales a actuar con la mayor eficacia para identificar a los efectivos responsables de estos hechos, juzgarlos de acuerdo a las normas aplicables y sancionarlos como en derecho corresponda. El deber del Estado de garantizar los derechos humanos exige no dejar estos hechos en la impunidad.
Al mismo tiempo, esperamos que todo ello se realice con pleno respeto al estado de derecho y a los estándares de derechos humanos a los que nuestro país se ha obligado. En ese sentido, volvemos a afirmar que la Ley Antiterrorista, tal como lo han establecido organismos internacionales de derechos humanos, vulnera principios del debido proceso. Nuestra legislación penal dispone de los instrumentos suficientes para investigar y sancionar estos repudiables hechos y sancionar a los responsables.
Finalmente, insistimos en que la situación del pueblo mapuche debe ser abordada integralmente y generando las condiciones necesarias para un diálogo fecundo y un trabajo persistente entre todos/as los/as involucrados/as, sin exclusiones y con el ánimo de buscar soluciones efectivas a un problema que se ha mantenido por demasiado tiempo. Sólo un esfuerzo decidido en esa dirección podrá poner término a la violencia y acercarnos a una convivencia pacífica y respetuosa de los derechos de todos y todas.