Detesto la violencia y su correlato, la represión injustificada. Como la aplicación de la ley antiterrorista, por parte del gobierno, que siempre he considerado una ley liberticida, porque constituye la antítesis de un régimen democrático.
Tanto en los gobiernos de la Concertación, como en el actual, se ha aplicado una política errónea respecto al tratamiento de nuestras etnias ancestrales, que nos ha llevado a un divorcio radical entre huincas y mapuches. Solamente, durante el gobierno de Patricio Aylwin, en un corto período, se intentó aplicar inteligentes políticas de integración, de ahí en adelante no se ha hecho más que profundizar los errores, la violencia y los malos entendidos.
Pienso que para enfrentar correctamente y una vez por todas, se hace necesario entender que el pueblo mapuche tiene una cultura, una lengua, una religión y una concepción de la vida muy diferente a la de los demás chilenos, por consiguiente, no pueden ser tratados solamente como campesinos de la IX Región. El primer paso a dar en un gobierno democrático es reconocer al pueblo mapuche constitucionalmente como una etnia diferente, a la cual el Estado chileno debe respetar en su integridad. En segundo lugar, debe considerarse la existencia de parlamentarios mapuches en base a una ley de cuotas – en Australia, Canadá, Colombia y Paraguay hay representantes de los pueblos fundadores en el Parlamento -.
Sin un cambio radical de las reglas que en base a “la jaula de hierro” se hace imposible avanzar en la vía a la solución de la brutal represión que, desde fines del siglo XIX han aplicado, prácticamente, todos nuestros “monarcas”. Cualquiera que lea la historia del pueblo mapuche podrá comprobar, con espanto, como siempre se ha llevado a cabo la torpe política del “garrote y bizcochuelo” como decía Diego Portales, más la represión y tortura, que diálogo y concordia.
Es necesario avanzar hacia un cambio de las reglas, dentro del cual, el más importante es el pago de la deuda histórica con el pueblo mapuche y su reconocimiento como nuestro pueblo fundador. Es preciso recordar que desde la llamada “pacificación” de la Araucanía hasta hoy, los mapuches han sido expropiados en razón de lo que antaño los militares llamaban “misión civilizadora” y hoy, los neoliberales – tanto de izquierda como de derecha – definen como el sagrado derecho a la propiedad, el culto idolátrico al rey mamón.
Este gobierno, especialmente, no sabe otra cosa que reprimir y amenazar con la aplicación de leyes brutales, para encerrar, en este caso, a los mapuches y, en otros, a los mestizos de la ciudad y del campo. Se trata de hacer de Chile un gran presidio que le permita controlar- desde el panóptico – todo movimiento libertario, o que simplemente no acepte la mezcla amoral entre la política y los negocios. En la Araucanía esta anomia se aplica, a la perfección, en la protección a los intereses de las empresas madereras – algunas de ellas pertenecientes a los “dueños de Chile” -.
El problema de la Araucanía no es sólo la extrema pobreza en que vive el pueblo mapuche, tampoco se reduce al tema de la propiedad de las tierras – aun cuando este tema es muy importante – sino que debe ser considerado desde el punto de vista más profundo: se trata de terminar con la autocracia de nuestros monarcas e integrar a nuestros pueblos originarios en la construcción de un Chile multicultural, multiétnico, sin leyes liberticidas y, sobre todo, integrador de las distintas Regiones, por medio de un federalismo atenuado; de no lograrse un cambio radical de las reglas imperantes, Arauco seguirá teniendo una pena, como diría Violeta Parra
Rafael Luis Gumucio Rivas
31 12 12