Hace pocos días, el periodista Mauricio Weibel ha denunciado tres robos en su domicilio con el claro propósito de sustraer el valioso material de archivo que este investigador utilizó para escribir su libro: “Asociación Ilícita: Los archivos secretos de la dictadura” en que denuncia graves acciones delictuales de la dictadura de Pinochet, con el conocimiento y la complicidad de muchos personeros de la derecha chilena que, todavía, tienen figuración pública. Mauricio Weibel es, además, un destacado académico y profesional, representante en Chile de Reporteros sin Frontera, presidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales de Prensa y corresponsal de la DPA en nuestro país.
Este tipo de episodios resultan muy preocupantes no solo porque constituyen, de hecho, un claro atentado contra la libertad de expresión en nuestro país, sino, porque abre algunas inquietantes interrogantes sobre los límites de nuestra propia democracia. Es evidente que muchos de quienes fueron cómplices de la dictadura, ex uniformados y civiles, siguen actuando en redes soterradas y, más de alguno, posa de demócrata en nuestra precaria institucionalidad democrática. Estos resabios dictatoriales han sobrevivido parapetados en una serie de organizaciones fantasmas que financian documentales e infectan las redes digitales enalteciendo la figura del dictador.
Lo que ha acontecido con el valiente periodista Mauricio Weibel muestra cómo este tipo de asociaciones delictuales – que incluye ex agentes de seguridad y lumpen – siguen actuando en nuestro país apoyados por sectores de extrema derecha. Su tarea, hoy, es impedir que se conozca toda la atroz verdad de lo ocurrido durante el régimen de Augusto Pinochet y proteger a muchos civiles que se encuentran ocupando altos cargos en el sector público y privado en el Chile de hoy. Muchos altos funcionarios de la época mantuvieron una comunicación directa y cotidiana con los organismos de seguridad y se hicieron cómplices de crímenes de lesa humanidad.
Lo que acontece con el investigador Mauricio Weibel es un llamado de alerta para todos quienes se interesan por esclarecer la violación de los derechos humanos en Chile y, al mismo tiempo, pone en evidencia lo mucho que falta por investigar para arribar a la verdad de lo sucedido y a los nombres de muchos responsables todavía impunes. Este horizonte moral y político en la sociedad chilena sigue pendiente y muestra la debilidad de nuestro proceso democrático hasta el presente. Es evidente que mientras persista el actual orden constitucional administrado por un gobierno de derechas, el camino hacia una verdad histórica sobre los crímenes de la dictadura será más que complejo y difícil. Sin embargo, tal es el único camino para que en nuestro país prevalezca una verdadera democracia para las generaciones futuras.
Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS