Así, se desarrollaron en la Escuela Militar las más brillantes honras fúnebres que un comandante en jefe del Ejército tuvo jamás. Allí confluyeron las autoridades castrenses, los jefes de los partidos de derecha, los líderes empresariales, el cardenal Arzobispo de Santiago y los civiles: los que conformaron su gobierno y los que lo apoyaron, reproducidos ahora en nuevas generaciones, de todos los estratos sociales, En suma, el pinochetismo elitario y el sociológico.
Nada podía hacer el gobierno ante esta situación que seguramente previó, salvo negarse a proporcionar un funeral de Estado y a decretar duelo nacional u oficial. Ni siquiera contrargumentar si Pinochet fue o no Presidente de la República. Ello era especioso, no tanto porque él entregó la Presidencia ante el Congreso Pleno (la estrategia democrática fue cazarlo en su propia red), sino porque el Parlamento le confirió después ese estatuto legal, con el fuero consiguiente, al eliminar la figura de los senadores vitalicios.
Fue el carácter brutalmente dictatorial de su régimen, al margen de que se haya vestido con ropajes constitucionales a partir de 1980, lo que pudo invocarse para no seguir hasta el final el juego de contemporizar con su figura. El que no alcanzara a ser condenado –si es que lo iba a ser alguna vez- resulta adjetivo ante la cantidad de juicios y antecedentes en su contra, con desafueros y procesamientos incluidos, y ante las condenas que purgan algunos agentes de la dictadura.
La insistencia del gobierno en enviar a las exequias a la ministra de Defensa se fundamentó en un intento de afirmar la autoridad civil en un acto en un recinto militar. Puede que la rápida baja dispuesta por el comandante en jefe Izurieta del capitán Augusto Pinochet Molina haya cumplimentado esas prerrogativas. Pero hay dos hechos que no pueden soslayarse: el 12 de diciembre la supuesta calidad de dueña de casa de Vivianne Blanlot fue avasallada por el pinochetismo, y las palabras del nieto uniformado interpretaron cabalmente a los allí presentes. La permanencia en las filas de aquél era insostenible ya por hablar sin autorización, pero eso no significa que el alto mando castrense no comparta su visión. Por lo demás, el discurso posterior de Izurieta tiene elementos coincidentes con la alocución del nieto, aunque sin duda es más ecuánime al no soslayar las violaciones a los derechos humanos.
El comandan te en jefe está resuelto a despolitizar el Ejército, en la línea marcada por su antecesor, y consecuente con eso dio de baja también al general Hargreaves. Busca evitar así una polémica entre la civilidad gobernante y la opositora, como la que se desataría si la Presidenta de la República aplicase la restablecida facultad de relevar a un jefe castrense, previa fundamentación al Senado.
Las lealtades militares con un antiguo jefe, “forzado” a asumir el poder político, violentan la razón civil en la medida que éste llevó a sus subalternos a atentar contra los derechos y la vida misma de una parte de la sociedad, incluida la de su antecesor, el general Carlos Prats, y su señora. Más violento resulta aún que los civiles que estuvieron y siguen estando con el régimen militar pretendan ahora separar su “obra modernizadora” de los “excesos que pudieron cometerse”, como si la gestión del dictador no fuera indivisible y que lo primero –la imposición del modelo económico, reducción del tamaño del Estado, privatizaciones a precio vil- no hubiese sido imposible sin la represión cruenta. Admitir eso no es política ni electoralmente correcto, como tampoco no guardar distancia del enriquecimiento ilícito.
Toda relativización beatífica de la figura de Pinochet, a la hora de la muerte, lo favorece y así ocurrió con el evangelio del perdón proclamado en misa por el cardenal Francisco Javier Errazuriz. El tenor de los mensajes televisivos y de la gran prensa legitimó los funerales de quien no fue llamado ex dictador. La derecha, reverdeciendo sus laureles pinochetistas, acordó rebautizar una calle de Las Condes e iniciar una campaña para levantar estatua en la plaza de la Ciudadanía o de la Constitución. Los empresarios apuraron sus elecciones gremiales para asistir al funeral, aunque ahora están de vuelta a sus negocios, dispuestos a amar, si es necesario, a Bachelet como aman a Lagos.