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Agosto 18, 2026

Pinochet y sus últimos valedores políticos (Post-escrito a la muerte del tirano)

Un primer argumento para entender la vileza del Tirano es contrastarlo con sus principios. Emergen la traición, la cobardía, la codicia y el asesinato político, factores que acaban por concitar el desprecio de quienes creyeron en él como un salvador patrio. Transformado en un ladrón,  cuyo objetivo fue el enriquecimiento personal y de sus allegados  perdió el aura, siendo  despreciado en vida por una parte de la sociedad chilena que lo aupó y considerado internacionalmente como  responsable de crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, esta perspectiva, siendo válida, oculta otra que  tal y como se ha interpretado su muerte hace primar  la tesis sintetizada por Mario Benedetti: “La muerte le gana a la justicia”. Hipótesis que  corrobora los argumentos de la defensa  de Pinochet y encubre los pactos secretos que garantizaron  la impunidad del tirano.

Desde su detención en Londres fueron tres gobiernos, el británico, el español y el chileno los que urdieron una estrategia destinada a conseguir la libertad de Pinochet, impidiendo que llegase a sentarse en el banquillo de los acusados. Primera conclusión, su impunidad se consigue en el poder político y no en la administración de justicia. El caso Pinochet demostró que se ganaron en los tribunales las órdenes de detención, extradición e enjuiciamiento por  terrorismo, genocidio y torturas. Ningún argumento de los abogados de Pinochet tuvo valor  para frenar  la extradición. Menos aún se consideró que el caso podía ser declarado nulo por  venganza política. Todos los argumentos de la acusación particular y popular encabezadas por Joan Garcés y Manuel Murillo se ajustan a derecho. No hubo posibilidad de anular  la orden  dictada por Garzón y  tramitada por el juez conservador Nicholas Evans en Londres. Si recordamos los momentos álgidos del proceso   en la Camara de los Lores, las dos votaciones fueron precedidas de sendos informes donde se  muestra  la pertinencia de la justicia para juzgar crímenes de lesa humanidad y  los asesinatos de ciudadanos españoles en Chile. Si Pinochet tampoco llega a ser condenado en Chile y se  mantuvo impune ante  la justicia internacional  fue gracias a un blindaje político. Así se  urdió la trama. 

Primero no se pensó que dicha orden de busca y captura prosperase, así se lo hizo saber  el entonces Fiscal de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño al Fiscal militar del ejercito chileno dando tranquilidad a Pinochet para sus viajes al exterior. Fungairiño pararía los golpes del juez Manuel García Castellón por entonces encargado de la instrucción. La detención el 16 de octubre de 1998 es un imprevisto que obliga a cambiar  de estrategia. Desde ese momento, la fiscalía busca la declaración de incompetencia de los tribunales españoles, cuestión que no consigue, aunque contará con toda la ayuda del gobierno del entonces Partido Popular. Tras la detención, el juez Castellón se inhibe en favor del juez Garzón, quien toma las riendas del proceso.  Por otro lado, en noviembre de 1998, la resolución de la Cámara de los Lores habilita a la magistratura metropolitana de Londres  el proceso de extradición. La decisión  se produce el 8 de octubre de 1999 y la concede el juez Ronald David Bartle,  obligando a las autoridades políticas a replantearse como  salvar de Pinochet y evitar su traslado a España. Las llamadas entre los presidentes Aznar, Frei y Blair se suceden  y los ministros  Jack Straw  del interior británico, Abel Matutes de  Exteriores de España y los de Chile  Gabriel Valdés y José Miguel Insulza se  convierten en personajes de la trama. En medio de esa dinámica participa el futuro presidente de Chile Ricardo Lagos con apoyo del ex-presidente Felipe González  obstaculizando el cumplimiento de la orden judicial. Derrotados en los juzgados, la conspiración política es la opción. Mas tarde se sabrá que Lagos habría dado su palabra de no juzgar a Pinochet.¿Pero como lograrlo?

Una halo de  luz se atisba en el horizonte. La decisión última de extraditar, en Gran Bretaña,  permite al ministro del interior británico Straw decidir dejarla sin efecto por motivos humanitarios o de salud. Todo vuelve a la normalidad. Para cumplir este requisito, se hace necesario un informe médico que anule la orden del juez. Una decisión política. Pero el informe,  debe ser solicitado por la parte del acusado. Pero en esta ocasión, no será encargado por  los abogados de la defensa de Pinochet, lo ofrece desinteresadamente el ministro británico. Ademas el diagnostico no puede ser contrastado por otros médicos visitando al paciente, solo se tiene acceso a los resultados. Sin olvidar que  los designados lo son a propuesta  del ministro en cuestión. Todo esta atado y bien atado. De antemano se sabe el resultado. Sera incapacitarlo para el juicio y decretada su libertad. Era el camino para negar la extradición y dar la libertad complaciendo al gobierno chileno. Straw  justifica su postura y los tiempos de la decisión: “En el momento que se pidió la extradición no había pruebas de que Pinochet estuviese incapacitado para ser sometido a juicio. Si eso continuaba así y no hubiese ningún impedimento lo hubiese extraditado”. Estaba claro, Pinochet se enfermó durante su estancia en Londres. Sin embargo, estas  declaraciones debían ser avaladas por las autoridades chilenas y demostrar que Straw cumplía con una parte del pacto. Así, el ministro chileno  Juan Gabriel Valdés, devuelve el favor y envía el siguiente mensaje, esta vez para calmar a los firmantes del acuerdo de la transición: “Si Pinochet se aleja de la vida política y si los exámenes médicos confirman lo que han dicho los británicos es muy probable que no tenga que afrontar juicios”. Pero si alguien albergase dudas, el sucesor en el cargo, José Miguel Insulza, hoy Secretario General de la OEA, y hombre fuerte en el gobierno de Lagos, mostraría su total rechazo a que Pinochet fuese juzgado en España o en cualquier lugar del mundo: “Yo defiendo al senador, no al ex-dictador”  y por ende su inmunidad. No menos contundente son sus convicciones sobre un posible juicio al tirano. En este sentido no duda y responde: A)”¿Tiene sentido hacer un proceso seguramente de meses y años a una persona de 83 años con el solo objetivo de que se muera durante el proceso?”.  Mientras, en España, Aznar y su ministro  Abel Matutes  bloquean  las alegaciones contra los informes médicos y se unen a la estrategia para liberar al dictador. Los contra-informes médicos elaborados en España tras tres querellas contra el ministro Abel Matutes por indefensión a las victimas,  delatan fraude, pero el 2 de marzo al tirano queda libre.  En Chile, la detención de Pinochet en Londres, abre una nueva etapa, permite a la justicia abrir la veda para  juzgar a Pinochet, pero nuevamente la trama política le permitirá salir impune. En conclusión, la justicia actuó cuando pudo y se la dejo libre. Ha sido desde el poder político donde se actuó para garantizar  la infamia. Como señala Joan Garces, Pinochet muere prófugo de la justicia. Pero hay que matizar, gracias a quienes preparanos su fuga. Los responsables tienen nombres y apellidos, los arriba indicados, hay otros, están relatados en el caso Pinochet.