El 15 de noviembre de 2006 estaba señalado interrogar a Pinochet en Santiago acerca de los presuntos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales cometidos para burlar el embargo de sus bienes, vigente desde el 19 de octubre de 1998 en la Audiencia Nacional de España. Esta orden ha sido dictada en el proceso por genocidio, terrorismo y torturas –Caso Pinochet -que desde julio de 1996 se sigue en España a instancia de la Fundación Presidente Allende, donde el dictador se encuentra fugitivo desde que fue declarado reo y se ordenó su detención a INTERPOL.
En su recurso del pasado 16 de noviembre la Fundación sostiene que un Juez .de la Corte de Apelaciones no puede legalmente dejar sin efecto la resolución de la Corte Suprema que le ordenó interrogar a Pinochet. El Tratado bilateral entre España y Chile de asistencia judicial en materia penal permite, en interés de la Justicia, la cooperación entre los Tribunales aún cuando los hechos imputados no son considerados delictivos en el Estado cuya asistencia es requerida.
Uno de los resultados concretos del proceso seguido en España por el alzamiento de bienes y blanqueo de capitales de Pinochet es la transacción de 2005 entre la Fundación Presidente Allende y el Riggs Bank y sus dueños, quienes han entregado a la Fundación los ocho millones de dólares que ayudaron a ocultar a Pinochet. La totalidad de esta suma, junto con los intereses devengados, está siendo distribuida en estas fechas entre 22.076 víctimas de Pinochet reconocidas por la Justicia española y que la han solicitado.