Tal es el caso de los 126 cadáveres, que fueron exhumados desde las 108 tumbas signadas como NN en el patio 29 del Cementerio General que se llevó a cabo en 1991. Los hombres que quedaron reducidos a estos restos óseos erosionados por los estallidos de las armas de la felonía, habían sido detenidos en diversos lugares de la capital, se les había dado muerte y se les había allí enterrado en los días posteriores al golpe militar de septiembre de 1973.
El 19 de abril de este año (2006), se conoció la verdad dicha por el Juez Carlos Gajardo: de los 126 restos humanos exhumados en 1991, fueron mal identificados 48, asignándoles una identidad equivocada.
¿Cómo fue posible esa brutalidad?
Veamos:
a) El juez que llevó la causa de investigación e identificación de los cadáveres, concluyó equivocadamente, porque se basó en el informe que le mandaba el Servicio Médico Legal.
b) Este juez no le preguntó a su colega que tenía a 2 puertas de su oficina, acerca de los restos óseos que estaba identificando, aún cuando éste en su investigación, había llegado a la verdad jurídica de que esos restos habían sido exhumados ilegalmente por personal militar, echados en unos sacos y finalmente lanzados al mar desde un helicóptero “Puma”, frente a las costas del Litoral Central de la Quinta Región en diciembre de 1978. De manera que si habían sido arrojados al mar no podían estar enterradas en el patio 29.
c) El abogado Nelson Caucoto, aseguró que él personalmente puso en aviso al sr.Juez.
d) El cargo de director del Servicio Médico Legal era político, de manera que los señores directores de la época, Alfonso Claps y Jorge Rodríguez, no eran expertos como el cargo lo ameritaba, no tenían los elementos necesarios para concluir que su personal estaba haciendo un mal trabajo, ya sea por mala fe o por incompetencia.
e) Sin embargo, las equivocaciones eran demasiado burdas como para que cualquier persona con una inteligencia mediana pasara por alto.
f) Si el cargo de director del Servicio Médico Legal era político, entonces éste obedecía directamente al Ministerio de Justicia de la época. Es decir a la Ministra Soledad Alvear y al Subsecretario José A. Gómez.
g) Si la idea de identificar a como dé lugar principalmente a los detenidos desaparecidos del Palacio de la Moneda(1) y de la Intendencia, provenía del Ministerio de Justicia, entonces había un acuerdo político de alto nivel. Un espurio pacto para llevar a cabo esa barbaridad.
Finalmente, frente a estos hechos verdaderamente escandalosos, el 8 de mayo del presente año (2006), la Cámara de Diputados, en virtud de las facultades que le confiere la Constitución, designa por decisión unánime de la Sala, una comisión investigadora. Esta comisión no llega a ninguna conclusión nueva y hace recaer toda la responsabilidad, en los directores que tuvo el Servicio Médico Legal en su época.
Es necesario decirlo, el voto de minoría, – cinco – de la oposición de derechas, hace recaer también la responsabilidad en José Antonio Gómez y en Soledad Alvear, ambos “presidenciables” y los conmina a admitir su responsabilidad política que ellos se apuran en rechazar, porque el voto de mayoría – ocho – los libró de toda responsabilidad por ser más numeroso.
Lo más insólito de estas escaramuzas en el Congreso Nacional, es que la senadora Soledad Alvear, que estuvo un breve tiempo expuesta -merced al voto de minoría de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados- al juicio de un potencial electorado, reaccionó diciendo: “Tenemos una diferencia en torno a las Comisiones Investigadoras de la Cámara de Diputados, por cuanto el artículo 76 de la Constitución señala que cuando existen causas civiles y penales, nadie puede abocarse a investigar causas pendientes”.
Ella, por mera casualidad ha sido nombrada presidenta de la Comisión de Constitución del Senado que invitará a expertos para determinar la legalidad de estas instancias, pues el artículo 76 de la Constitución, prohíbe abocarse a investigar causas civiles y penales pendientes en los tribunales. Esta profesora de Derecho, admitió que le surgió la inquietud, después de consultar con el diccionario de la real academia española el significado de la palabra “abocar” sin considerar que existen desde siempre estas comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados en virtud de ser un poder independiente y de tener la facultad fiscalizadora que expresamente le reconoce la carta fundamental.
Estos hechos, debieron haber sido noticia de primera plana en la semana pasada, sin embargo, apenas se registró una nota, en algún lugar perdido de la prensa, que aquí he tratado de rescatar.
NOTAS:
(1) DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE LOS CASOS DEL PATIO 29 DE LA AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE LOS DETENIDOS, EJECUTADOS Y DESPARECIDOS DE LA SEGURIDAD PRESIDENCIAL DEL
DR. SALVADOR ALLENDE GOSSENS (GAP)
Fonos: 08/ 9090710 – 09/ 4020519
Correo Electrónico: agrup.f.d.d.e.monedagmail.com