El segundo caso concierne al derecho a la información pública. La condena se basó en una denuncia interpuesta por Marcel Claude, Sebastián Cox y Arturo Longton por las trabas para conseguir información, por parte de la Comisión de Inversiones Extranjeras sobre el proyecto Río Cóndor, de Forestal Trillium, que ponía en peligro los bosques de lenga en el extremo sur. Este caso es uno más en que la ciudadanía, teniendo el derecho constitucional, no puede acceder a información que debe estar al alcance de todos los chilenos, pues involucra cuestiones de interés público.
Pienso que ante estos graves acontecimientos, los escritores chilenos debemos pronunciarnos conjuntamente, comenzando por una declaración pública de la Sociedad de Escritores de Chile y sus filiales regionales, así como cada una de las asociaciones, corporaciones, academias, editoriales, revistas y otras instancias que integran en sus filas a escritores. También que cada escritor pudiera enviar una carta personal al gobierno solicitando que se comprometa para que estas cosas no vuelvan a suceder en nuestro país. Quienes primero debemos velar por la no censura y el libre derecho a la información somos los escritores. Lo contrario, atenta contra nuestra propia naturaleza. Quizá se puede ser escritor por cuestiones estéticas, pero sin duda que toda estética involucra un compromiso con la libertad y los derechos colectivos, de otro modo, sólo seríamos unos arlequines más en la corte del gobierno ciudadano, cuyo reino claramente no es el de la libertad de expresión.
Fraternalmente
Alejandro Lavquén
alavquen@yahoo.es