La demanda fue iniciada por Marcel Claude, Sebastián Cox y el ex diputado Arturo Longton contra el Estado de Chile por negar el acceso a la información pública en 1998, donde los reclamantes solicitaron los antecedentes de esta iniciativa empresarial al Comité de Inversiones Extranjeras.
Para los querellantes, el organismo estatal no entregó la información solicitada y 5 años más tarde, en 2003, la Corte Interamericana de DDHH declaró admisible la demanda contra el Estado chileno.
“En 1998, ninguna instancia judicial chilena acogió nuestros reclamos contra el Comité de Inversiones Extranjeras, por ello, ese año acudimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer el derecho a la Libertad de Expresión y de Información”, dijo el director de Oceana, Marcel Claude.
El objetivo de Trillium era de explotar 250 mil hectáreas de bosque de lenga en la XII Región, no obstante, la labor de organizaciones ecologistas impidió la ejecución del proyecto, ya que las exigencias ambientales, que salieron a flote por la exposición de estas organizaciones, encarecieron la iniciativa de la empresa transnacional.
No obstante, para Oceana, Trillium contó siempre con el apoyo de los organismos estatales encargados de velar por el medioambiente y también con el respaldo del gobierno del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle.
“Mientras la Conama aprobaba el proyecto Río Cóndor, nosotros solicitábamos información y antecedentes para medir el impacto de Trillium y sus alcances. Sin embargo, siempre se nos negó el acceso a la información pública, un elemento central de las democracias modernas. Para contrarrestar esta ‘cultura del secretismo’ acudimos a la CIDH. La información es poder y, por eso, sus administradores la maniatan y la ocultan a la ciudadanía”, añadió Claude.