El primer argumento Ominami-Tironi es que la eliminación de las indemnizaciones favorecerá la creación de empleos y la productividad. Afirmación completamente falsa. El mejoramiento de la productividad nada tiene que ver con echar gente a la calle, sin indemnizaciones, si persiste mala educación y limitado desarrollo técnico. Por otra parte, la recuperación del desempleo sólo es posible con políticas productivas efectivas y crédito, no usurero, a favor de las pequeñas empresas. Por otra parte, la zanahoria para eliminar las indemnizaciones con el mejoramiento del seguro de desempleo es poco creíble. No ha servido para nada. Y por lo demás no es posible seguir dividiendo a los trabajadores, ahora con las indemnizaciones, entre nuevos y antiguos.
El segundo argumento Ominami-Tironi es que la economía de mercado es una conquista progresista. Afirmación errónea. En el último cuarto del siglo XX los gobiernos más autoritarios y reaccionarios en Gran Bretaña, EE.UU., América Latina y Chile, impusieron las políticas radicales de libre mercado. Como señala John Gray en su libro Nuevo Amanecer “El libre mercado es una construcción del poder estatal. Los mercados libres son criaturas de gobiernos fuertes”. En Chile, la dictadura, con los Chicago boys, establecieron una economía de libre mercado radical, sin oposición, la que curiosamente permitió el traspaso a precio vil de empresas públicas a los privados, fijó bajos impuestos a las empresas y un régimen laboral para superexplotar el trabajo asalariado. Libre mercado, pero sui géneris.
El tercer argumento Ominami-Tironi sostiene que “es mucho más progresista un joven dispuesto arriesgar instalando una pequeña empresa que otro que quiere ser empleado del Estado”. Si lo que define el progresismo es el riesgo, hay que decir que ser pequeño empresario o funcionario público tiene similares riesgos. El primero tiene un alto costo para obtener crédito, escaso apoyo estatal y es expoliado por las grandes empresas compradoras; el joven que accede a la función pública recibe un bajo salario, a honorarios o a contrata y, por tanto, puede ser despedido en cualquier momento, con cero peso en sus bolsillos. Ser funcionario público o pequeño empresario es altamente riesgoso en Chile.
A diferencia de lo que piensa Tironi, nadie castiga con la sospecha o el ostracismo a militantes de los partidos de la Concertación por comprometerse en actividades empresariales. El cuestionamiento se produce cuando ex ministros, superintendentes u otras autoridades públicas, después de dilatadas vidas políticas, aparecen contratados en los directorios de grandes empresas telefónicas, eléctricas, AFP, Isapres o empresas de transporte. Personas que durante largos años no ejercieron profesión alguna y que vivieron de la política sólo pueden explicar su repentino ingreso al mundo empresarial como lobistas. Es un aprovechamiento de sus contactos en el Gobierno y el Parlamento. No son empresarios, no son creadores de nuevas ideas. No se trata de nuevos Bill Gates sino de gente que se ha aprovechado de la función pública para servir a sus nuevos patrones.
El cuarto argumento, esta vez sólo de Tironi, es que la economía de mercado obliga a hacer fe en los empresarios, el que encontraría su fundamento en Shumpeter. Error. La esencia de las tesis de Shumpeter es que el capitalismo no trabaja para preservar la cohesión social y que dejando el sistema sometido a sus propias reglas, podría destruirse el sistema capitalista y con él los propios empresarios. Por eso el capitalismo debe de ser domado. La intervención gubernamental es necesaria para reconciliar el dinamismo del sistema capitalista con la estabilidad social. Consecuentemente, respetar la actividad empresarial no significa hacer fe ciega en los empresarios.