En la vivienda la policía dijo haber encontrado bombas incendiarias, literatura y propaganda de grupos anarquistas, y material de prensa sobre acciones de esos grupos en manifestaciones callejeras.
En tanto, el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, indicó que el Gobierno defenderá la continuación del proceso en contra de los seis “okupas” liberados por la Corte de Apelaciones de Santiago, porque -afirmó- éstas personas constituyen “un peligro para la sociedad”.
El día de los arrestos estaba convocado un paro social del Colegio de Profesores, al que se plegaron estudiantes y trabajadores de otros sectores.
Los organismos de seguridad han estado preocupados por los grupos anarquistas que se infiltran encapuchados en manifestaciones sociales para provocar violencia y enfrentamientos con la policía.
Durante la conmemoración del 33 aniversario del golpe militar, una bomba incendiaria causó daños en una ventana del Palacio de La Moneda, lo que llevó a las autoridades a prohibir las marchas en las inmediaciones de la sede gubernamental.
Los seis detenidos en la casa “okupa” de la calle San Ignacio fueron imputados por delitos de asociación ilícita, tenencia de armas y receptación de especies robadas, que la Fiscalía deberá probar en un plazo de 90 días, según decidió hace dos semanas el VII Juzgado de Garantía de Santiago.
Dicho tribunal también resolvió dejar a los imputados en prisión preventiva, lo que hoy fue revocado por la Corte de Apelaciones, en cuya opinión no existen argumentos que justifiquen la detención de los jóvenes.
La libertad de los seis implicados no supone un riesgo para la investigación, señala la resolución.