Más allá del Once y de lo que ocurra en el paro nacional del próximo 26 de septiembre, ninguna estrategia de mediano plazo puede dejar de conjugar causas y efectos de la violencia. Por otra parte, los proyectos de ley para regular la autorización de marchas y la responsabilidad de los convocantes, anunciados por el gobierno, pueden dar la excusa a una mayoría legislativa conmocionada para cercenar los derechos a manifestarse libremente.
Es probable que el próximo 26 de septiembre sea la ocasión para que los grupos que se manifestaron el Once desplieguen una nueva jornada de violencia y vandalismo. Para entonces los empleados fiscales, trabajadores de la salud y profesores públicos convocaron a un paro nacional, al que podrían adherir los estudiantes. El derecho a la protesta social y la recordación política en espacios abiertos queda otra vez en entredicho, por el brote irracional de rabia que surge colateralmente en las manifestaciones legítimas, sean éstas autorizadas o no.
A estas alturas resulta clara la persistencia de un cóctel más explosivo que el molotov lanzado contra una ventana de La Moneda durante la marcha al cementerio que pasó por calle Morandé, el domingo 10. El gesto de disparar una bomba incendiaria contra el palacio gubernativo fue una de muchas expresiones de violencia en varios focos, las que contaron con la participación y las justificaciones de grupos distintos.
Desde luego está el lumpen de los suburbios, que aprovecha ciertas fechas para dar rienda suelta a los instintos propios de una subcultura de la violencia, en la que la exclusión, la marginalidad y la falta de oportunidades van conformando un resentimiento visceral. Al lado de los vándalos de ocasión están los delincuentes habituales –unos y otros muchas veces subsumidos en la droga y el alcohol-, que ven el terreno despejado para acumular ingresos en pocas horas. Como frutos de la marginalidad enfrentada a la modernidad surgen, por un lado, los anarquistas y espontáneos, nutridos de una ideología del nihilismo, y, por el otro, los ultras, tan antisistémicos como los anteriores, pero con objetivos políticos algo más precisos.
Que se trate de extremistas de izquierda no importa tanto, porque su lógica es la misma que la de los terroristas del otro bando y hasta sus formas de actuar son similares. Al verlos en las escenas captadas por la televisión, moviéndose como paramilitares entrenados profesionalmente, era imposible no recordar el aserto de Pablo Neruda: como el mundo es redondo, quienes se mueven tanto hacia la izquierda terminan en la derecha. ¿Quién podría indicar cuál es la exacta identidad política de todos aquellos que, según el testimonio de los reporteros, hicieron uso de armas automáticas y semiautomáticas, ametralladoras y subametralladoras?
Aunque el gobierno dice que esto último no es efectivo, acogiendo los informes de Carabineros, La Moneda quedó en estado de alarma por la magnitud de lo acaecido y resolvió entrar de lleno en los resbaladizos terrenos de la represión y de la inteligencia. Se enviarán proyectos de ley, uno que recoge la sugerencia de la senadora Alvear de penalizar a quienes se manifiesten con el rostro cubierto o porten bombas molotov, y otro que regule la autorización a reunirse y la responsabilidad de los convocantes.
Es dudoso que se necesite una nueva legislación, sobre todo si se cuenta con la ley de Seguridad Interior del Estado. Una ministra de Corte de talante duro, la jueza Gabriela Pérez, desafió al gobierno a aplicar esa ley -“algo que no quiere hacer” dijo-, antes que el propio Presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, se pronunciase -en términos más contemporizadores- en igual sentido. Ambos contestaron así a las críticas a los jueces de garantía que dejan en libertad inmediata a los detenidos.
Siempre se ha dicho que es malo legislar al calor de los acontecimientos y, en este caso, las visiones del nuevo aniversario del Once pueden mal aconsejar a los representantes del pueblo y llevarlos, en medio de la conmoción pública, a acotar los derechos a reunirse y manifestarse libremente. Los espontáneos anarkopunks, los confusamente doctrinarios de Oveja Negra, los autónomos del Manuel Rodríguez, el desjerarquizado Frente Antifascista y todos los inorgánicos Consejos Revolucionarios Anárquicos tienen muy pocos y volátiles integrantes –el ministro del Interior los cifra en un par de centenares- y ellos no pueden ser la excusa que cercene el derecho de miles a desfilar por sus reivindicaciones.
A estas alturas resulta clara la persistencia de un cóctel más explosivo que el molotov lanzado contra una ventana de La Moneda durante la marcha al cementerio que pasó por calle Morandé, el domingo 10. El gesto de disparar una bomba incendiaria contra el palacio gubernativo fue una de muchas expresiones de violencia en varios focos, las que contaron con la participación y las justificaciones de grupos distintos.
Desde luego está el lumpen de los suburbios, que aprovecha ciertas fechas para dar rienda suelta a los instintos propios de una subcultura de la violencia, en la que la exclusión, la marginalidad y la falta de oportunidades van conformando un resentimiento visceral. Al lado de los vándalos de ocasión están los delincuentes habituales –unos y otros muchas veces subsumidos en la droga y el alcohol-, que ven el terreno despejado para acumular ingresos en pocas horas. Como frutos de la marginalidad enfrentada a la modernidad surgen, por un lado, los anarquistas y espontáneos, nutridos de una ideología del nihilismo, y, por el otro, los ultras, tan antisistémicos como los anteriores, pero con objetivos políticos algo más precisos.
Que se trate de extremistas de izquierda no importa tanto, porque su lógica es la misma que la de los terroristas del otro bando y hasta sus formas de actuar son similares. Al verlos en las escenas captadas por la televisión, moviéndose como paramilitares entrenados profesionalmente, era imposible no recordar el aserto de Pablo Neruda: como el mundo es redondo, quienes se mueven tanto hacia la izquierda terminan en la derecha. ¿Quién podría indicar cuál es la exacta identidad política de todos aquellos que, según el testimonio de los reporteros, hicieron uso de armas automáticas y semiautomáticas, ametralladoras y subametralladoras?
Aunque el gobierno dice que esto último no es efectivo, acogiendo los informes de Carabineros, La Moneda quedó en estado de alarma por la magnitud de lo acaecido y resolvió entrar de lleno en los resbaladizos terrenos de la represión y de la inteligencia. Se enviarán proyectos de ley, uno que recoge la sugerencia de la senadora Alvear de penalizar a quienes se manifiesten con el rostro cubierto o porten bombas molotov, y otro que regule la autorización a reunirse y la responsabilidad de los convocantes.
Es dudoso que se necesite una nueva legislación, sobre todo si se cuenta con la ley de Seguridad Interior del Estado. Una ministra de Corte de talante duro, la jueza Gabriela Pérez, desafió al gobierno a aplicar esa ley -“algo que no quiere hacer” dijo-, antes que el propio Presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, se pronunciase -en términos más contemporizadores- en igual sentido. Ambos contestaron así a las críticas a los jueces de garantía que dejan en libertad inmediata a los detenidos.
Siempre se ha dicho que es malo legislar al calor de los acontecimientos y, en este caso, las visiones del nuevo aniversario del Once pueden mal aconsejar a los representantes del pueblo y llevarlos, en medio de la conmoción pública, a acotar los derechos a reunirse y manifestarse libremente. Los espontáneos anarkopunks, los confusamente doctrinarios de Oveja Negra, los autónomos del Manuel Rodríguez, el desjerarquizado Frente Antifascista y todos los inorgánicos Consejos Revolucionarios Anárquicos tienen muy pocos y volátiles integrantes –el ministro del Interior los cifra en un par de centenares- y ellos no pueden ser la excusa que cercene el derecho de miles a desfilar por sus reivindicaciones.
El vandalismo arrasador y la delincuencia intimidante constituyen un problema estructural: al lumpen proletariat y sus caldos de cultivo los deben enfrentar el Estado y la sociedad con políticas de mediano y largo plazo que vayan más allá de lo que ocurra en fechas detonantes como el 11 de septiembre y en paros de estudiantes y trabajadores. Ninguna estrategia de la democracia que se siente amenazada por sus retoños más rebeldes puede prescindir de una constatación casi empírica: ellos son también huérfanos de la economía de mercado, los más dejados de lado por un sistema de reparto de oportunidades inicuo y provocador. Es cierto, la inmensa mayoría de los desfavorecidos no empuña armas ni saquea, pero también lo es que las malas condiciones ambientales crean estas patologías sociales que no cabe sino tratar etiológicamente.