Pero más allá de la obsolescencia del material bélico chileno, producto de sospechosas tratativas en el Ejército, lo cierto es que si un país apela a la paz y a la integración en su relación con los países vecinos no necesita llenar sus cuarteles militares con instrumentales de guerra. Chile destina el 3,5% de su Producto Interno Bruto al gasto en defensa, sin embargo, ocupa menos del 2% del PIB en desarrollo tecnológico, innovación e investigación. Un país para alcanzar el desarrollo debe invertir en estas áreas y no en aviones supersónicos, misiles aire-aire o carros de combates.
Uno de los argumentos más utilizados para justificar este elevado gasto militar está basado en la Ley Reservada del Cobre. Una argucia legal de la dictadura de Pinochet, que estableció que el 10% de las ventas de Codelco vaya directamente a las Fuerzas Armadas. Abolir esta normativa, que impide que mucho de lo obtenido por la venta del principal recurso chileno sean destinados a inversión social, fue uno de los puntos del programa de los primeros gobiernos de la Concertación, pero después de 16 años en el poder nada ha cambiado al respecto. Los militares siguen disfrutando de las jugosas granjerías del cobre, cuyo valor podría alcanzar los 4 dólares la libra.
Con este espectacular récord en el precio del metal rojo, los ingresos a las Fuerzas Armadas se elevarán a cifras nunca antes vistas, por lo que es probable que surjan nuevas voces para renovar el “material obsoleto”. Sin embargo, Chile ha comprado armamento que no existía en la región, por lo que la obsolescencia ya no será un argumento para la adquisición de armas. Como Chile ya las posee y su financiamiento está asegurado, es hora de terminar de una vez por todas con la Ley Reservada del Cobre y destinar todos esos recursos a gasto social, porque es ahí donde más se necesita.
Es inconcebible que un país con la undécima economía más desigual del mundo, al mismo nivel de Zimbawe o Namibia, esté más preocupado de la guerra y la defensa que del bienestar de la mayoría de sus habitantes. Cuando 9 de cada 10 chilenos viven con 200 mil pesos al mes (400 dólares) es necesario que las prioridades de las autoridades políticas y económicas estén focalizadas en terminar con la injusticia social.