La derecha no sólo revalidó las malas notas que le pusieron los magistrados de la dictadura a un juez que se atrevió a desafiarla, sino que advirtió al gobierno que no tolerará más que se deje fuera de sus propuestas para la Suprema a ministras que considera “justicieras”. Es decir, habrá que negociar las 14 designaciones previstas para los próximos cuatro años, a través del mismo cuoteo político que se critica cuando se nombra a los ministros de Estado.
Después que el Senado boleara el ascenso del ministro Carlos Cerda a la Corte Suprema, las declaraciones del ex juez Juan Guzmán sobre corrupción en el alto tribunal tuvieron el efecto de acotar un debate que recién prendía. En medio de los planteamientos de revisar criterios y exigencias de aprobación a los aspirantes a la cúpula judicial, no pudo llegar muy lejos una de las tesis en circulación: que la judicatura autogenerara sus miembros y autoridades a través de un consejo nacional autónomo, sin la intervención de los otros dos poderes del Estado.
Más allá de las reservas y críticas que pueda suscitar la sobreexposición medial de “un espontáneo”, que no parece calibrar bien los alcances políticos de su conducta, los dichos de Guzmán sintonizan con una conciencia colectiva que percibe mal a los jueces a todo nivel. ¿En mérito de qué, entonces, se va a sustraer a la magistratura de un control que, al existir de alguna manera, no logra evitar las malas prácticas en su desenvolvimiento interno?
Carlos Cerda es un ejemplo histórico de persecución por sus superiores, que lo mal calificaron y estuvieron a punto de expulsar del poder judicial, porque no acató, dos veces, la orden de firmar un “cúmplase” en 1991 a la aplicación de la ley de amnistía. Sólo un voto lo salvó de la sanción máxima, pero quedó como el juez que antepuso su concepto de juridicidad y de lo que era inconstitucional a una ley en vigor, la de “autoamnistía” dictada por el régimen de facto.
Se ha dicho en estos días que la votación parlamentaria sobre la candidatura de Cerda tuvo un aspecto negativo y otro positivo. El desfavorable sería el rechazo mismo. En cambio, que las posturas de los senadores se manifestasen en forma abierta y pública significaría un “salto cualitativo” en la transparencia que el Congreso Nacional le debe a la ciudadanía. Habría que agregar una segunda consideración positiva: que con la derrota de la propuesta del gobierno, el juez Cerda ya no pondrá fin, necesariamente, a su acuciosa investigación de los oscuros orígenes y la escandalosa cuantía de la fortuna de Pinochet y familia.
Una labor igualmente rigurosa, la de su predecesor Sergio Muñoz, ya se vio interrumpida al ascender éste a otro sillón en la Suprema. Tales reasignaciones y relevos, más la renuncia al poder judicial del presionado ministro Juan Guzmán –el primero que encausó a Pinochet por sus crímenes- han contribuido a retardar aún más una condena al ex dictador, la que pareciera que, dada la avanzada edad del procesado, no se producirá jamás. La permanencia de Carlos Cerda en la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, después de su revés en el Senado, no asegura totalmente que retome el caso Riggs, pues las recusaciones de uno de sus procesados lo mantienen fuera del caso, con cuatro ministros subrogantes pasándose uno al otro el voluminoso expediente de 280 tomos, en tanto no se produzca una resolución.
Como mala o buena, según el prisma que se quiera usar, podrá tomarse la actitud de la derecha que, con la sola excepción del senador Alberto Espina, reveló que su acercamiento a los valores de los derechos humanos y su alejamiento del régimen militar son más bien retóricos y oportunistas. Si se excluyen las anotaciones sobre algunas discutibles actitudes recientes de Cerda –como la de incautar las fichas médicas de la llamada jueza express María Angélica Grinberg-, en el debate parlamentario rondó el fantasma de su desempeño durante “los años de plomo”. La Alianza opositora no hizo ninguna contribución a superar el pasado cuando revalidó las malas notas que se ganó el juez al atreverse, pese a todas las presiones que soportó, a procesar -el 14 de agosto de 1986- a cuarenta miembros del Comando Conjunto de Carabineros, Investigaciones y de la Fuerza Aérea, llegando incluso al ex comandante en jefe Gustavo Leigh, por el desaparecimiento de trece opositores.
Las bancadas de derecha, al crucificar a ese magistrado y canonizar a candidatas viables como Gabriela Pérez, a futuro como Gloria Ana Chevesich y la jubilada Raquel Camposano, notificaron también que buscan establecer un cuoteo en los 14 nombramientos en la Corte Suprema que deben producirse durante el período de la Presidenta Bachelet: uno de su sensibilidad por otro proclive a la Concertación. O, lo que ya no es lo mismo, por quienes ambos sectores políticos estimen que son cercanos a cada uno de ellos, porque los jueces a menudo no son fáciles de encasillar, y eso, curiosamente, resulta muy en particular aplicable al ministro Carlos Cerda.