París: El Consejo Constitucional francés validó este jueves el contrato laboral para jóvenes (CPE) impulsado por el Primer Ministro, Dominique de Villepin, y que ha causado un conflicto social en Francia. El proyecto consiste en que el Contrato de Primer Empleo (CPE), que permite el despido sin justificación de menores de 26 años durante los dos primeros años, es uno de los artículos de la ley de igualdad de oportunidades adoptada por el Parlamento hace tres semanas
Sindicatos y asociaciones de estudiantes franceses quienes, al no ver los efectos del multitudinario paró que tuvo lugar el martes en todo el país, convocó a una nueva jornada de huelgas y manifestaciones para el próximo martes, 4 de abril.
Los ocho sindicatos y las cuatro organizaciones sindicales opuestas al CPE anunciaron hoy la nueva jornada de protestas, en una reunión donde analizaron las masivas movilizaciones que tuvieron lugar ayer en Francia, donde participaron entre uno y tres millones de personas para exigir a Villepin la retirada de la polémica reforma laboral.
La ley autoriza al empresario despedir a los jóvenes menores de 26 años sin justificación alguna durante los primeros dos años.
El presidente Jacques Chirac anunció ayer que se pronunciará “en los próximos días” sobre la crisis que está viviendo el país, mientras que las partes implicadas han decidido aumentar la presión sobre el Elíseo para que el jefe del Gobierno se posicione y presione al Ejecutivo para retirar su plan de empleo.
Pero parece que, hasta ahora, toda presión ha sido poca para el primer ministro De Villepin, quien repitió hoy que no está dispuesto a retirar la ley, y se mostró partidario de aportar mejoras.
En la ley, tal y como la presentó el Gobierno, los contratos obligan a un período de prueba de dos años, en los que el trabajador puede ser despedido sin justificación. “Nadie puede dudar de mi voluntad de restablecer el diálogo”, afirmó Villepin.
Las cinco principales centrales sindicales del país (CGT, FO, CFDT, CFTC y CFE-CGC) enviaron ayer una carta al jefe del Estado en la que solicitaban su intervención para poner fin a la crisis del CPE. Los sindicatos piden a Chirac que exija una nueva discusión parlamentaria de la ley que incluye los nuevos contratos, como lo permite el artículo 10 de la Constitución.