A pocos días vista del inmediato discurso presidencial sobre el estado de la Unión, el segundo de su segundo mandato, los problemas se acumulan en la mesa del presidente Bush. El último de ellos, la sorprendente, impresionante e inobjetable victoria de Hamas en los territorios ocupados, muestra clara de que cuando por las autoridades de ocupación con el respaldo irrestricto de su siempre fiel aliado se siembran muertes, asesinatos selectivos, destrucción de viviendas, miseria, humillación continua, todo ello sin ninguna concesión, en suma, extremismo e intolerancia, se recoge lo mismo: extremismo e intolerancia.
No es ésta la única causa de ese resultado electoral, pero sí es una de ellas y muy importante y, hasta el momento, ausente de los análisis hechos por medios oficiales no palestinos. Mal se pueden remediar las cosas cuando se diagnostican mal.
El escándalo de las escuchas electrónicas a residentes en el país por la National Security Agency (NSA), autorizadas por Bush inmediatamente después del 11 de septiembre del 2001 sin la preceptiva autorización judicial prevista en la Foreign Intelligence Security Act, sigue vivo. Sacado a la luz por el New York Times un año después de conocerlo (ese retraso ha sido muy criticado), fue reconocido inmediatamente por el propio presidente, quien pasó a continuación a la ofensiva justificándolo con el fin de combatir eficazmente a los terroristas y prevenir cualquier otro ataque al suelo patrio.
Si hemos de hacer caso a una muy reciente encuesta de New York Times/CBS, esa ofensiva ha tenido bastante éxito. En efecto, un 53 por ciento de los encuestados aprueba la decisión “para reducir la amenaza del terrorismo”. Si la pregunta va sin mención alguna al terrorismo, la aprobación baja al 46 por ciento. Ese matiz es fundamental, y por ello, en su última conferencia de prensa del pasado jueves, Bush, al insistir en lo imprescindible y también lo plenamente constitucional de su decisión de espiar sin autorización, habló de “programa de vigilancia de los terroristas”.
En esa misma encuesta, un 70 por ciento se declara no partidario de espiar las comunicaciones de “americanos ordinarios”, y el 68 por ciento está de acuerdo en que se vigile a aquellos “americanos sospechosos para el Gobierno”. Pero es el Gobierno quien define quién es o no sospechoso. Lo que esto quiere decir es que la mayor parte de la ciudadanía entiende que si no has hecho nada malo no tiene que preocuparte este tema y que aquellos a los que el Gobierno decide espiar, por algo será y es asunto de ellos. Porque además, todo el mundo es consciente de que la inmensa mayoría de los espiados son bien non citizens, es decir, no americanos, o bien minorías disidentes y contestatarias.
En resumen, la encuesta prueba una deriva democrática tanto en las decisiones políticas como en la opinión pública, deriva en la que, claramente, se va imponiendo el concepto de seguridad por encima del de libertad, deriva acelerada no sólo en este país tras el 11S, sino también en otros, especialmente y de manera más aguda, en Gran Bretaña.
Esta misma encuesta se refiere también a las primeras secuelas del escándalo del rey de los “lobbystas”, Jack Abramoff, tema que, tras su confesión, acaba de empezar y que puede ser una bomba que salpique a gran cantidad de legisladores corruptos, principalmente aunque no sólo, republicanos. Un 61 por ciento de los encuestados tiene un concepto desfavorable del legislativo, la proporción más alta en diez años. Más del 50 por ciento entiende que la mayor parte de los congresistas intercambian votos por favores o dinero (es extraño que sólo lo crea esa proporción). La opinión es especialmente desfavorable respecto de los republicanos. El “caso Abramoff” está recién comenzando y la pregunta es si servirá de algo en favor de los demócratas en las elecciones legislativas del próximo noviembre.
Bush encara ese próximo discurso con una presidencia con cada vez más problemas y un respaldo, según esta encuesta, de sólo el 42 por ciento (con Iraq como el principal problema), porque además dos tercios del país entienden que se va por mal camino. Esas próximas elecciones al legislativo serán un buen indicador del descontento, aunque la incapacidad de los demócratas para sacar ventaja de estas situaciones es tradicional.