Solicitar al Presidente de la República que instruya al Ministerio de Defensa Nacional remover los homenajes que revisten la forma de fotografías y placas conmemorativas en nombre de Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, en la Academia de Guerra del Ejército de Chile y en la Escuela de Ingenieros Militares de Chile, es el objetivo de la resolución 375 aprobada por la Cámara de Diputados.
El texto recuerda que Manuel Contreras fue el primer delegado y director ejecutivo de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), organismo "creado como instrumento de producción de inteligencia para la formación de políticas de facto, con ocasión de la dictadura cívico militar".
Se remarca que "dichas políticas se tradujeron en la persecución, tortura y posterior desaparición de miles de chilenos y chilenas" y que, en particular, la Dina funcionó desde el 14 de junio de 1974 hasta agosto de 1977, fecha que es sustituida por la Central Nacional de Informaciones (CNI).
El documento menciona que Manuel Contreras "acuñó más de cincuenta condenas por delitos de violaciones a los derechos humanos, sumando cerca de quinientos años de condena" y que se sabe que los citados homenajes se encuentran a lo menos instalados al interior de la actual Academia de Guerra y de la Escuela de Ingenieros Militares de Chile.
Se sostiene en la resolución que los sitios en comento, respecto de los cuales aún se mantienen vigentes "los gestos de admiración y respeto", en forma de fotografías y placas conmemorativas, son lugares que ejercen una labor muy sensible, delicada y determinante en la formación de las subjetividades de los cuerpos militares del país. "Dicha labor es justamente la enseñanza, formación profesional y académica del Ejército de Chile", se sentencia.
Finalmente, entre otros aspectos, se indica que la solicitud acá emprendida es un aspecto de mérito, que atañe exclusivamente a la Administración de la República.
"Mantener dicha clase de demostraciones conmemorativas hacia la figura de una persona, respecto de la cual se ha constatado fehacientemente su participación en al menos 51 actos constitutivos de delitos entre ellos, desapariciones forzadas, secuestros y homicidios hacia personas por el solo hecho de concebir visiones políticas diferentes, resulta poco razonable para un Estado que dice ser activo en materia de derechos humanos", se puntualiza.
La propuesta fue planteada por Jorge Brito (RD), Marcelo Díaz (PS), Víctor Torres (DC), Camila Rojas (Comunes), Daniel Núñez (PC), Renato Garín (IND), Rodrigo González (PPD), Carolina Marzán (PPD), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Marcelo Schilling (PS).