Pese a las 54 mil visitas anuales a sitios de memoria en el país, estos espacios de reflexión sobre violaciones a los derechos humanos aún no cuentan con una política integral que organice, planifique y financie sus actividades. Hasta ahora sólo reciben aportes de convenios de colaboración y fondos concursables, sistemas de financiamiento cuestionados por expertos debido a que obliga a las organizaciones a competir, excluye a aquellas menos preparadas e impide otorgar continuidad a los proyectos. Una realidad que, según el informe elaborado por el INDH, impide que el Estado asuma su rol de garante en el cumplimiento de sus obligaciones de preservación y gestión de sitios de memoria.
La alta concurrencia de visitantes durante el día del Patrimonio y las 54 mil visitas anuales a los sitios de memoria es un reflejo de la relevancia que han adquirido estos espacios como parte del acervo cultural y patrimonial del país. Sin embargo, pese a la valoración colectiva que se tiene de estos recintos -entendidos como espacios físicos donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, cuyo objetivo actual es evitar que vuelvan a repetirse en el futuro-, todavía no existe una política pública de protección patrimonial que organice los esfuerzos del Estado.
Esta es precisamente una de las conclusiones a la que llegó el Informe Anual de Derechos Humanos, en su capítulo sobre “Sitios de Memoria y su contribución a la no repetición”, elaborado por el INDH a partir de un estudio de carácter exploratorio, basado en una encuesta a 21 organizaciones, entrevistas a directivos de organismos que trabajan en temas de memoria y el cruce de información disponible en distintas reparticiones públicas.
Respecto a la protección patrimonial de estos inmuebles el informe rescata la importancia de diversas organizaciones de derechos humanos, a través de una presión sostenida a las autoridades de gobierno desde principio de la década de los noventa, tendientes a recuperar y preservar los espacios donde se cometieron crímenes de Estado. Un caso emblemático fue la declaratoria de Monumento Nacional en 1996 de los Hornos de Lonquén, sitio ocupado en dictadura para esconder los cuerpos de detenidos desaparecidos.
La participación activa de estos organismos refleja también otra cara de la moneda: una actitud reactiva del Estado ante las demandas de las organizaciones, la inexistencia de una política para fortalecer los sitios de memoria y la falta de un órgano encargado de planificar las propuestas de patrimonialización.
Las política públicas, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), deben tener al Estado como garante en el cumplimiento cabal de sus obligaciones de preservación y gestión de sitios de memoria en materia de justicia transicional. En Chile, sin embargo, la situación ha tenido un canal inverso. Debido a que el Estado no ha actuado de oficio, careciendo de una política integral, han sido los organismos defensores de los derechos humanos quienes han solicitado su intervención.
La ausencia de una política pública que organice, planifique y financie los sitios de memoria impide que los recursos se canalicen a nivel central, generando que las organizaciones de derechos humanos recurran a diferentes fuentes de financiamiento, a través de convenios de colaboración y fondos concursables.
La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos presta apoyo financiero para la gestión cultural y pedagógica que se lleva a cabo en los sitios de memoria. El año 2017, por ejemplo, vía convenio de colaboración, la entidad pública aportó 2.354 millones a cinco sitios de memoria, incluido el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Un aporte valioso, aseguran varios entrevistados, pero cuya modalidad impide una gestión de recursos permanentes en los espacios. Para Francia Jamett, encargada de la Unidad de Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y el patrimonio, el sistema debería contemplar la entrega de aportes de acuerdo a un plan de gestión de cada sitio y no entregarse de manera discrecional. El INDH comparte el diagnóstico, estableciendo en sus conclusiones la necesidad de “evaluar la idea de una política de financiamiento a la gestión de permanente”, particularmente de aquellos sitios ubicados en regiones.
Otra fuente de financiamiento es a través de los fondos concursables. Los resultados de la encuesta señalan que sólo el 45% de las organizaciones recibieron recursos para financiar obras de reparación y puesta en valor de los inmuebles. Estos fondos son recibidos por los organismos que cuentan con equipos profesionales y modelos de gestión que buscan este tipo de financiamiento. De ahí que para muchos expertos el modelo presentaría al menos tres inconvenientes: obliga a las organizaciones a competir, excluye a aquellas menos preparadas e impide otorgar continuidad a los proyectos.
Es por esto que para el INDH la modalidad de concursos no resguardaría el desarrollo de actividades a largo plazo, impidiendo que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de garantías de no repetición de hechos traumáticos.
Para evitar esta situación el informe recomienda al Poder Ejecutivo garantizar un financiamiento basal a la totalidad de sitios de memoria recuperados y entregar asesoría técnica con el objeto de aumentar las organizaciones que reciben apoyo en la gestión de sitios de memoria.
REGIONES
En la actualidad cinco regiones no cuentan con sitios protegidos que contempla la Ley de Monumentos Nacionales, situación que revela la desigualdad en materia de reguardo patrimonial en Chile, considerando que 24 de un total de 40 de estos espacios declarados Monumentos Nacionales a lo largo del país se ubican en la Región Metropolitana. Una alta concentración que respondería, según los expertos consultados, a la inexistencia de un sistema de planificación nacional que otorgue protección patrimonial a los inmuebles.
Sin acciones globales, escasez de recursos humanos y financieros y una política reactiva a las demandas, el informe detalla que el Consejo de Monumentos Nacionales ha desarrollado medidas de patrimonialización desiguales en los sitios de memoria ubicados en regiones. De ahí la necesidad de fortalecer estos espacios, profesionalizando su gestión y aportando al mejoramiento de sus capacidades de educación en temas de derechos humanos, logrando acercarse a un público más amplio a partir de las historias de sus propias localidades.
Es por estos motivos que el INDH recomienda al Poder Ejecutivo fortalecer, visibilizar y difundir las labores de asesoría técnica que prestan los organismos estatales, con el objeto de aumentar el número de organizaciones de derechos humanos que reciben apoyo para la gestión de sitios de memoria, en especial aquellas que no cuentan con convenios con el Estado, posean un bajo nivel de especialización y se encuentren en regiones.