Por los delitos de robo con intimidación, allanamiento ilegal, detención ilegal, falsificación de instrumento público y apremios ilegítimos (torturas) fueron condenados tres ex funcionarios de la 12ª Comisaría de Carabineros de Chile, que en octubre de 2016 irrumpieron, sin autorización y con pistola en mano, en el domicilio de dos vecinos de la comuna de La Cisterna.
En este caso el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actuó como querellante por el delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles inhumanos o degradantes, a través de su Sede regional Metropolitana.
Según relata la querella, el 4 de agosto de 2016 los carabineros ingresaron al domicilio intimidando con un arma a una persona y solicitando la presencia de otro de los habitantes del departamento, quien al llegar se encontró a los funcionarios armados que lo arrojaron al piso y lo esposaron. Acto seguido comenzaron a sustraer dinero en efectivo, en específico una suma aproximada de dos millones de pesos.
Luego los habitantes del departamento allanado fueron bajados e ingresados a un carro policial en calidad de detenidos, mientras los ex carabineros sustraían diversas especies avaluadas en más de tres millones de pesos. Luego de esto ambas víctimas fueron trasladadas a la 12ª Comisaría, lugar donde los ex carabineros se percataron que uno de los detenidos era funcionario policial, por lo que lo liberaron.
La otra víctima fue ingresada mediante un parte policial con antecedentes falsos en los cuales se consignaba que esta había sido detenida en el marco de un control vehicular en el cual se encontraron dos dosis de pasta a bases de cocaína y que en este contexto había confesado tener más dosis en su domicilio particular, lo que habría motivado el referido procedimiento irregular.
Todos estos antecedentes fueron tomados en cuenta por el 11°Juzgado de Garantía de Santiago que en un juicio abreviado condenó a los tres ex carabineros, a las penas de 3 años y 1 día por el delito de robo con intimidación más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena.
Además ordenó el cumplimiento de las penas de 41 días de prisión por el delito de allanamiento ilegal; 41 días por el delito de detención ilegal; 541 días por el delito de falsificación de instrumento público y 61 días por el delito de apremios ilegítimos, vigente a la época de ocurrencia de los hechos.
Las penas dictaminadas son todas de carácter remitido, bajo el régimen de libertad vigilada intensiva.