Cada vez que se presenta una crisis los políticos, los analistas y hasta los opinólogos repiten el vocablo “se requiere practicar una cirugía mayor” y, como una noticia borra la siguiente, no pasa una semana en que la intervención quirúrgica compleja queda pospuesta para las calendas griegas.
Los romanos, ante una crisis de cierta envergadura llamaban al dictador, a quien le daban plenos poderes que solucionara el conflicto, pero sólo podía durar un año en el poder, pero si se entusiasmaba en continuar en el mando, o bien, ejercía mal su tarea, se le mataba, (una buena idea aplicable a los tiranos que pretendan afianzarse en el cargo buscar su reelección), por consiguiente, mientras sea más corto el período de un mandatario, tanto mejor. El que ha sido considerado el Presidente de la República más amado de Chile, don Pedro Aguirre Cerda, duró tres años en el poder.
Coincido con el artìculo del ex director de Punto Final, Manuel Cabieses, publicado en Clarin.cl, “A Piñera lo que es de Piñera”, en que debe reconocerse al Presidente Piñera, luego de tantos desaciertos con respecto al caso Hermes Soto, el haber utilizado acertada y prontamente el mando y, de esta manera, evitar una crisis que podría haberse prolongado por meses.
El ejercicio de la autoridad de Piñera – así no les guste a algunos concertacionistas -, contrasta con de ejercicio de su autoridad durante el último gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y del veterano ministro del Interior, Mario Fernóndez, quien bien hubiera merecido una acusación constitucional, de la cual se salvò gracias a la mayoría en el Congreso.
Otro punto en favor de Piñera, pero que ha terminado por empañarlo, durante su primer gobierno, fue el tratado a algunos de sus colaboradores directos de “cómplices pasivos”, (para referirse a la participación de los civiles, tanto en el golpe militar de 1973, como en las posteriores acciones represivas del gobierno dictatorial, en cambio, Michelle Bachelet, víctima directa de las violaciones a los derechos humanos, no aprovechó el haber tenido el Ejecutivo y el Congreso a su favor, por ejemplo, para cerrar la cárcel de Punta Peuco.
La raíz del conflicto en Carabineros hay que buscarla en los pactos entre la Concertación y los representantes de Pinochet en las negociaciones, previo a la asunción de Patricio Aylwin al poder. En el fondo, los distintos gobiernos de la Concertación cumplieron, con fe de carbonero, con el compromiso de no insmicuirse en los asuntos “propios” de las Fuerzas Armadas y de Orden.
En la Constitución de 1980 se estableció, entre otros amarres, que el Presidente de la República no podía solicitar la renuncia a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y del Director General de Carabineros – se supeditaba así el poder civil al poder de las armas -.
A Ricardo Lagos lo que es de Ricardo Lagos: aunque hemos criticado las reformas a la Constitución de 2005 – mantuvieron en lo medular la Constitución de 1980 – en el caso del artículo 104 hay que reconocerle el mérito de haberle dado al Presidente de la Repéblica el poder de pedir la renuncia a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y del General Director de Carabineros.
Andrès Chadwick y Alberto Espina, en la época de la negociación de esta reforma constitucional, impusieron que se incluyera en el art. 104 que el decreto fundado fuera previamente conocido por ambas ramas del Congreso y tramitado por la Contraloría.
En el programa Estado Nacional, de TVN, del domingo 23 de diciembre, Francisco Vidal – ex ministro del Interior y luego de Defensa – recuerda que la presión derechista era aún mayor en el sentido de que Senado debería someter a discusión el decreto dictado por el Presidente de la República.
Si los ministros del Interior y de Defensa permiten a los generales en jefe de la Fuerzas Armadas y al Director General de Carabineros hacer lo que quieran – como lo reconoce el ex ministro José Miguel Insulza – no es raro que hubieran ocurrido anomalías y delitos en las instituciones armadas, por ejemplo, el transporte de los muebles de la Fuerza Aerea, la compra de submarinos, el Milicogate, el enriquecimiento ilícito del General Fuente-Alba, el Pacogate, la Operación Huracán, el asesinato de Camilo Catrillanca.
Al no existir la supeditación de las Fuerzas Armadas y de Carabineros a la autoridad civil y, además, cuando se rompe la verticalidad del mando, no puede ocurrir otra cosa que la disputa entre los distintos grupos de poder al seno del generalato. De esta manera, los ejércitos profesionales podrían convertirse en “grupos de mercenarios”, o de instituciones armadas al servicio de “señores feudales”. (Incluso, Maquiavelo era partidario de los ejércitos profesionales por sobre los mercenarios).
Más allá de la responsabilidad del cuerpo de carabineros, hay una mucha más grave, la del los ministros del Interior y de Defensa que fueron negligentes en controlar a sus subordinados, es decir, no tuvieron el valor de imponer la supremacía del poder civil sobre el militar, y caerían, de comprobarse estas faltas, en la causal de no aplicación de las leyes que tipifican la causal de acusación constitucional para los ministros de Estado.
Los ciudadanos les pagan a los diputados y senadores para que trabajen, por consiguiente, también el deber, en el caso de la Cámara Baja, de fiscalizar al Ejecutivo, tarea incumplida respecto a los ministros de Interior y de Defensa.
Como el proceso de modernización de Carabineros es complejo y largo, al menos, podrían dedicar una semana antes de sus prolongadas “vacaciones” de verano para reformar el art. 104 de la Constitución dictatorial.
Rafael Luis Gumucio Rivas, (El Viejo)
23/12/2018