El requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de diputados y senadores de derecha, busca modificar el proyecto de ley acordado en la Cámara de Diputados, que establece nuevos requisitos para la libertad condicional de quienes cumplen condena por homicidio, secuestro, sustracción de menores, detención ilegal, inhumación o exhumación ilegal, tortura y asociación ilícita, calificados en la sentencia como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
Se trata de una nueva forma de garantizar impunidad a los criminales que han gozado de protección durante décadas, y a los pocos que la justicia ha juzgado –aunque muy tardíamente–, imponiendoles además bajísimas penas que ahora, incluso, podrían burlar al acceder a la libertad condicional sin requisitos previos.
Quienes impulsan esta iniciativa representan a la derecha más reaccionaria, históricamente ligada al pinochetismo. El abogado a cargo del requerimiento es Maximiliano Murath, defensor de los criminales tales como Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann y Patricio Jeldres, entre otros, y patrocinador de otras iniciativas ante el TC que ya han paralizado o dilatado al menos 47 causas, desde el 2015 hasta la fecha, por graves violaciones a los derechos humanos.
Los representantes de la derecha cuestionan los requisitos básicos exigidos para solicitar la libertad condicional, entre ellos, la colaboración sustantiva en el esclarecimiento del delito y el arrepentimiento expresado mediante declaración pública. Según ellos, la exigencia de arrepentimiento afecta la “libertad de conciencia” de los condenados, como si la defensa del genocidio y la tortura pudiera formar parte de una “conciencia” legítima que debiera ser protegida socialmente. Poniendo así el foco mediático y judicial en los derechos de los victimarios y no en las víctimas vulneradas hasta el exterminio y desaparición. Así el TC avala la impunidad y niega el derecho de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación.
Denunciamos y llamamos a rechazar con fuerza el carácter espurio del Tribunal Constitucional constituido como una tercera cámara designada, herencia de modificaciones introducidas en dictadura y en democracia, con potestad para revertir las decisiones de otros poderes del Estado y las conquistas sociales alcanzadas gracias a la movilización. Es ese poder el que también le ha permitido:
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impedir el derecho y acceso de las mujeres al aborto mediante la objeción de conciencia institucional,
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legalizar el lucro en las universidades privadas,
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validar el proyecto “Aula segura” y la represión en el espacio escolar,
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rebajar multas a los grupos empresariales que no cumplen la ley,
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limitar titularidad sindical debilitando la organización.
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Impedir a los funcionarios públicos acceder a la tutela laboral
¡FIN AL ACTUAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL!
NO MÁS IMPUNIDAD.
TODA LA VERDAD, TODA LA JUSTICIA
Adhieren:
Londres 38, espacio de memorias
Comisión ética contra la tortura
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas
Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres
Corporación Memoria Borgoño
CINTRAS, Centro de Salud Mental Derechos Humanos
Corporación La Serena 16 de Octubre
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP
Corporación 3y4 Álamos
Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta
Red de Historiadoras Feministas
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile ACES
Corporación Memorial Cerro Chena
Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad
Corporación de Memoria y Cultura de Puchuncaví
Desclasificación Popular
HIJ@S CHILE
Centro de Estudios para la Igualdad y la Democracia – CEID
Corporación Mutual Bautista Van Schouwen Vasey
Fundación Henry Dunant América Latina
"Mujeres, Memoria y Derechos Humanos" – ARICA
Asociación nacional de trabajadores del patrimonio (ANATRAP)
Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta