Entre los fundamentos de la una nueva política migratoria, presentada el 9 de abril de este año por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, destaca la presentación de nuevas indicaciones al proyecto elaborado en su gobierno anterior y que contempla, entre otras medidas, la reformulación de visados existentes.
Este nuevo mecanismo elimina la posibilidad de solicitar visas por motivos laborales, dejando en vigencia la antigua visa sujeta a contrato y estableciendo tres nuevas modalidades de ingreso: la visa temporaria de oportunidades, la visa temporaria de orientación internacional y la visa temporaria de orientación nacional. Innovaciones que el Informe Anual 2018sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile –del INDH- analiza en el capítulo relativo a “Los derechos de las personas migrantes y la nueva política migratoria”.
La visa temporaria de oportunidades según el nuevo modelo puede ser extendida una sola vez, transcurridos los 12 meses de su otorgamiento, y deben ser solicitadas por los migrantes fuera de Chile que quieran trabajar en el país. Esta medida es vista por algunos expertos como una modificación que atenta contra los derechos de los migrantes debido a que restringiría o eliminaría la posibilidad de acceder a un empleo formal en el país. “Organismos internacionales de derechos humanos ya han advertido al Estado chileno que esa visa vulnera los derechos de las personas, y no se crea una nueva visa como alternativa”, señala en el informe Cristián Orrego, ex asesor del Departamento de Extranjería y Migración (DEM).
Si bien la modalidad anterior por motivos laborales no era una solución óptima, al menos permitía la regularización no tan restrictiva como la visa sujeta a contrato. Esta nueva iniciativa genera, a juicio de los expertos, dos consecuencias contradictorias: la imposibilidad de obtener trabajo durante el periodo de espera de la visa regular y la consecuente informalidad que impacta en los trabajos obtenidos y, por consiguiente, en la calidad de vida de los migrantes. Situación reflejada, según un estudio de Techo Chile de 2017, que 89.542 extranjeros vivirían en situación de hacinamiento en la Región Metropolitana, pagando alquileres excesivos e indignos.
Respecto a las visas temporarias de orientación internacional, según varias organizaciones de la sociedad civil, representan una medida que busca seleccionar a los extranjeros en función de su origen social y educacional – sólo se entregarían 300 visados- contraviniendo los principios de igualdad ante la ley y potenciando discursos de odio contra aquellos que viven en condiciones vulnerables. Una medida que algunos entrevistados no dudan en calificar de clasista. “Se advierte un perfil de migrante como deseado […] muy preparados, como si la actual población migrante tuviera alta estadística de delincuencia, cuando eso no es real. Entonces, se manejan en una realidad que no existe, que sigue contribuyendo a la criminalización”, advierte Rodolfo Noriega de la agrupación de Refugiados Peruanos.
Otras medidas administrativas cuestionadas son la implementación de una visa consular de turismo simple para los ciudadanos haitianos (con un máximo de 30 días y con prohibición de realizar actividades remuneradas durante toda su estadía). Los expertos consultados coinciden que se trata de una política abiertamente discriminatoria, cuyo único objetivo es frenar la llegada de haitianos al país. Una preocupación compartida por el Consejo del INDH puesto que se limitaría la libertad de tránsito, no explicitándose de manera objetiva y razonable, la proporcionalidad de la medida.
“Preocupa que por esta vía se podrían establecer requisitos que podrían generar tratos diferenciados por nacionalidad, los cuales si no se fundamentan adecuadamente podrían estimarse como discriminatorios en base a nacionalidad o de otras características deseable”, añade el Informe.
Igual de discriminatorio, según los expertos, es la visa de responsabilidad democrática para los venezolanos, que no posean antecedentes penales.
“En estas medidas hay discriminación arbitraria, y se genera una situación de desequilibrio entre condiciones para unos y otros”, explica la presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, diputada Daniela Cicardini.
Otro factor inquietante es que los expertos consultados aseguran que la intención de regular el flujo de movimiento, en el ámbito de una política de resguardo de fronteras y seguridad nacional, puede generar mayores índices de irregularidad, particularmente en el caso de las visas consulares.
Respecto a la visa de responsabilidad democrática para los venezolanos, los entrevistados señalaron que se trata de una medida beneficiosa, sin embargo, sostienen que el Estado debería abrir las posibilidades de que cualquier persona que requiera protección internacional pueda solicitarla, para no incurrir en una política de migración discriminatoria. “Se ve una cosa muy a dedo, que la verdad tiene poca justificación. O sea, aquí tenemos que tener normas claras, generales, no arbitrarias”, Señala Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales.
Recomendaciones
Es por estas razones expuestas que el INDH recomienda al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que las personas migrantes que habitan en Chile puedan optar, en forma expedita, a una visa de trabajo sin exponerse a eventuales vulneraciones de sus derechos, ni derivar en una situación de irregularidad. Además recomienda a los poderes colegisladores, en el marco de la discusión de la nueva ley de migración, ampliar los criterios establecidos para la entrega de visas temporarias vigentes para que se ajusten a los proyectos de vida de los migrantes que estudian o desean estudiar en Chile, permitiéndoles hacer los cambios de visados sin salir del país.
El Informe recomienda también al Poder Ejecutivo modificar el carácter consular de las visas de turismo para los migrantes de origen haitiano, atendiendo a la situación social de su país de origen y los requisitos no fundados para su tramitación, a modo de evitar exponerlos a un contexto de vulnerabilidad, irregularidad y potencial trata o tráfico ilícito. Al mismo organismo se le solicita, además, que extienda el beneficio de las visas de responsabilidad democrática a todos los países de la región que se encuentran en situación de violencia generalizada, agresión extranjera, y conflictos internos, con la finalidad de dar un acceso equitativo a la protección del Estado de Chile a personas afectada por estos contextos.