“Más vale tarde que nunca”: en una semana de investigación se conoció el informe de Investigaciones sobre el asesinato con alevosía de Camilo Catrillanca. Las acusaciones en contra de los sargentos Raúl Avila, y Fabián Alarcón y el cabo 1º, Braulio Valenzuela y del suboficial Patricio Sepúlveda, cuyos cargos serían el homicidio contra Catrillanca; el homicidio frustrado contra el niño acompañante y obstrucción a la justicia por la destrucción de la prueba principal, es decir, la tarjeta-memoria que grabó el crimen.
El parte de Carabineros, repetido por el intendente regional, Luis Mayol, y su reiteración, a continuación, por el general de Carabineros, Hermes Soto, y luego por el ministro del Interior, secundado por su secretario, Rodrigo Ubilla, sólo correspondería al relato de un montaje preparado, en este caso, para encubrir el crimen en contra de Camilo Catrillanca. (Por cierto fueron engañados por los ahora imputados).
En un Estado de derecho la presunción de inocencia es fundamental, pero no obsta para que, según el derecho de igualdad ante la ley, todos los ciudadanos, incluido el Presidente de la República, seamos pasibles de una investigación.
La Cámara de Diputados tiene como función principal, además de legislar, de fiscalizar a los autores de los distintos poderes del Estado. Ante la gravedad del homicidio en cuestión – a mi modo de ver – el Parlamento no debe limitarse a una ridícula interpelación, (copia del parlamentarismo), que en el caso del presidencialismo no tiene la consecuencia de la caída del gobierno de turno, mucho menos la disolución del Parlamento.
O no entienden el derecho constitucional, que plantea que la fiscalización sólo corresponde a la Cámara de Diputados o , francamente, se burlan de las atribuciones de la Cámara Baja: el ministro de Defensa, Alberto Espina, y el general director de Carabineros, Hermes Soto, se quedaron en la sesión del Senado, que sólo es informativa, para eludir la sesión en la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Si los diputados tuvieran un mínimo de dignidad y defendieran sus prerrogativas, perfectamente podrían acusar constitucionalmente a ambas autoridades de abandono de sus deberes, o al menos, de desacato.
Con toda razón, un dirigente de los mapuches, perteneciente a las instituciones de derechos humanos, hizo ver que si en el homicidio hubiese estado involucrado un mapuche, o bien, un civil de a pie, hubiese sido detenido infraganti en el mismo lugar de los hechos y al momento de cometido el asesinato.
Algunos dirigentes de la UDI se declaran contrarios a la prisión preventiva contra los cuatro acusados directos por el crimen de Catrillanca, pero no hay que olvidar que esta máxima medida cautelar sólo se ha aplicado una vez para delitos de cuello y corbata, a Carlos Alberto y Carlos Eugenio, por el caso Penta.
En las cárceles la gran mayoría de los huéspedes están con prisión preventiva, pues para ellos la presunción de inocencia no ha existido nunca: son culpables desde su cuna.
Desde el comienzo de la transición a la democracia hasta ahora ya suman 16 jóvenes mapuches asesinados por carabineros. ¿Cuántas víctimas más tendremos que lamentar de un Estado genocida, que usa la fuerza para diezmar al pueblo mapuche en nombre del sacrosanto neoliberalismo y del lucro ilimitado de las forestales?
Nuestro superficial Presidente de La República, tan adinerado como el inútil de Mauricio Macri, se dio el lujo de difundir, a través de los medios de comunicación y, además, con gran boato, la formación del Comando Jungla, cuyos oficiales fueron amaestrados por el país del paramilitar Álvaro Uribe Vélez, destinado a exterminar los grupos guerrilleros y a cuanto campesino se opusiera, asì fueran “falsos positivos”, Comando que actuaría específicamente en la Araucanía, territorio militarizado.
A Carabineros se le debe aplicar una cirugía mayor, y no se trata sólo de cambio de hombres: en primer lugar, el insertarlos en las reglas de la democracia, cuyo principal supuesto es la supeditación al poder civil, y en segundo lugar, imponer la responsabilidad del mando, es decir, que los oficiales superior deberán responder por las órdenes dadas a los subalternos.
En Chile ocurre todo lo contrario: en la mayoría de los casos pagan los suboficiales, que serían actores directos de los crímenes, dejando en la impunidad a quienes lo planificaron y, en definitiva, dieron la orden de matar. (El Chile, el cobarde de Augusto Pinochet negó el genocidio siempre culpando a un subalterno).
Que la justicia actúe por una vez en defensa de los mapuches no significa que el Estado chileno haya dejado de ser racista, clasista y genocida, y como diría un poeta, “la historia de Arauco no es más que una gran lágrima”.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
30/11/2018