Luego de ocho meses de gobierno, mucho de lo prometido por el actual mandatario ha brillado por su ausencia.Ha sido un tiempo de mala gestión, e instala escenario de futuros conflictos difíciles de determinar en sus intensidades y consecuencias.
No está funcionando bien la máquina que con tanta grandilocuencia presentó Chile Vamos durante la campaña presidencial que llevó a uno de los suyos -Sebastián Piñera- al más alto cargo de la nación. Si queremos ser rigurosos, deberíamos decir que esa máquina, hasta ahora, ha sido un fiasco… y un peligro para quienes son sus pasajeros.
Los chilenos más informados (o mejor informados) observan con cierta dosis de temor el retroceso experimentado por el país en cuanto al sistema democrático institucional, y en lo que concierne a constituir una república y nación respetuosas de los derechos ciudadanos.
Un seguidor del actual gobierno derechista posiblemente dirá que Sebastián Piñera ha solidificado la democracia con una seguidilla de decretos y proyectos de ley que tienden a beneficiar exclusivamente a quienes son dueños del capital financiero, pero en honor a la verdad lo que él y algunos de sus ministros han hecho es debilitarla, dejando además en entredicho la utilidad de la misma, lo cual alimenta en algunos individuos ideas trasnochadas rayanas en el fascismo.
Fuera de dudas, el primer año de gobierno de Sebastián Piñera no ha sido, ni con mucho, lo que sus propios adherentes esperaban. Tal vez resulte ser una buena administración para quienes conforman aquel exiguo pero poderoso 2% de ciudadanos que son, además, los que se llevan el mejor trozo de esa torta llamada PIB. Podría decirse que este gobierno trabaja para ellos preferentemente (“exclusivamente”, diría la oposición).
Hasta este momento, todo lo que el actual mandatario ofreció y prometió durante su campaña ha brillado por su ausencia. ¿Más empleos?, ¿menor cesantía?, ¿defensa y respeto del mundo sindical y de los acuerdos firmados por el estado chileno en la OIT?, ¿menor delincuencia?, ¿fuerzas policiales subordinadas completamente al poder civil?, ¿mejoría absoluta en la atención de menores desvalidos que pueblan el SENAME?, ¿menor corrupción?, ¿mayor crecimiento económico para la gente?, ¿respeto absoluto por el medio ambiente (y de inmediato pienso en Oximin, Puchuncaví y Quintero), ¿paz en la Araucanía?, ¿combate al nepotismo y al familisterio?, ¿justicia igualitaria para poderosos y débiles?, ¿mejor educación?, ¿respeto irrestricto a los derechos humanos?, ¿mejoría significativa en las pensiones y jubilaciones?, ¿ayuda real a las Pymes?, ¿mejoría notoria y notable en la atención de Salud? Juzgue usted, amable lector, pues nada de ello se ha cumplido…y ni siquiera se ha hecho un intento mínimo por cumplir.
Se trata de asuntos cuya gravedad debería invocar la preocupación y movilización de muchos chilenos, pero sin embargo ello no ocurre pues el 85% de la masa ciudadana se informa exclusivamente a través de la televisión abierta (IX Encuesta Nacional de Televisión 2017), cuyos noticieros centrales parecieran libreteados por el mismo editor, ya que se igualan en la forma que amañan las noticias, omiten las informaciones relevantes, empujan la balanza informativa en beneficio de aquel 2% de la población que señalásemos en el párrafo anterior, y empatan en el éxito de marear al televidente con reportajes insulsos que le permiten a la sala de prensa respectiva evitar el análisis de informaciones que sí importan.
La cuestión es obnubilar a la gente y evitar a todo trance que ella despierte, que se informe y tenga cabal conocimiento de lo que realmente hace (y para quién lo hace) aquella hermandad compuesta por el mundillo megaempresarial y las cofradías políticas, protegidas y defendidas (del pueblo, de la ley, de la moral y de la república) por esa especie de guardia pretoriana llamada Carabineros de Chile.
Estos últimos meses presentan hechos irrefutables que permiten asegurar cuán débil y equivocada ha estado la actual administración en cuanto a gobernar en beneficio del país y de su gente, de toda su gente. La lista es penosa y preocupante. Uno de los últimos desaciertos (rayanos en la criminalidad) cometidos por la ‘guardia pretoriana’ de la megaempresa transnacional, fue el asesinato de Camilo Catrillanca, comunero mapuche de la localidad de Ercilla. A este respecto, el conocido abogado y ex fiscal Carlos Gajardo, en su cuenta de tuiter escribió: <<La muerte de Camilo Catrillanca debe ser exhaustivamente investigada por la Fiscalía. Las autoridades más que adelantar explicaciones debieran comprometerse a esa exhaustiva investigación, especialmente teniendo presente los montajes (Operación Huracán) que han habido en la zona>>
Desacierto es (y grande) el violento ingreso a establecimientos educacionales por parte de una policía premunida de armas para apalear y detener a golpes a profesores y estudiantes, en un claro afán por demostrar que ese matonaje forma parte del afán gubernativo por combatir toda oposición crítica al proyecto “Aula Segura” existente en liceos emblemáticos, mismos que las actuales autoridades desean eliminar de las nóminas del erario nacional y pasarlos a manos privadas –mediante un mínimo pago, como ya es costumbre- para incrementar el negocio en que el actual sistema ha convertido a la educación.
Otro desacierto es el Plan Retorno para la comunidad de migrantes haitianos, el que tiene intenso aroma a racismo, pues no se ha hecho algo similar con migrantes de otras nacionalidades y, aún más, a los migrantes venezolanos se les allanan caminos burocráticos y legales a objeto de facilitarles al máximo su estadía en el país, lo cual es ciertamente óptimo y digno de aplauso, pero, ¿por qué solamente a ellos y no al resto de las nacionalidades migrantes?
Pese a los esfuerzos desplegados por la derecha chilena en este asunto, pruebas al canto, algunos migrantes venezolanos han decidido regresar a Venezuela aceptando el ‘plan retorno’ propuesto por el presidente Nicolás Maduro (de quien se declaran abiertamente opositores), señalando con ello que prefieren vivir en un país gobernado por el socialismo bolivariano y no en uno gobernado por la derecha ultraneoliberal (que conocieron durante su estadía en Chile).
Los fracasos del sistema judicial chileno (o del “estado de derecho”) son notorios y vergonzosos. La justicia chilena es considerada en muchos países del mundo desarrollado (e incluso en el mismo subcontinente latinoamericano) como subjetiva y no confiable, parcial e ideológicamente clasista; ello ha quedado de manifiesto con las negativas de países como Estados Unidos, Australia, Francia, Argentina y Malta de aceptar las solicitudes chilenas de extradición en los casos del ex coronel Pedro Barrientos (EEUU), Ricardo Palma Salamanca (Francia), Galvarino Apablaza (Argentina), Raúl Escobar o ‘Comandante Emilio” (México), y Alberto Chang (Malta). El cuestionamiento al estado de derecho imperante en nuestro país es un asunto que ya no se puede ocultar; la crítica y desconfianza en nuestro sistema judicial se han incrementado con la presencia del actual gobierno derechista.
Por último, y no menos importante en cuanto a responsabilidades de la actual administración, podemos anotar los quiebres internos de la coalición oficialista, misma que ya comenzó a oponerse al avance del ultranacionalismo encabezado por un inefable personaje perteneciente a una familia involucrada en asesinatos cometidos por la dictadura cívico-militar en la rural comuna de Paine, y que es seguido con fe casi religiosa por algunos desadaptados pertenecientes al grupúsculo llamado “Movimiento Social Patriota” que muestra perfiles neonazis en sus declaraciones y actitudes. Es el ultranacionalismo rayano en el neofascismo, que avanza lentamente bajo el cobijo otorgado por el gobierno de su propio sector.
Todo ello, sumando y restando, arroja como resultado un año de mala gestión derechista, e instala un escenario de futuros conflictos difíciles de determinar en sus intensidades y consecuencias.