Nada más aberrante y funesto que la judicialización de la política: esta práctica conduce, en todas las ocasiones, al menoscabo de las instituciones si no a su defunción. Es muy loable combatir la corrupción, pues sería deseable que la política estuviera conectada con la ética, la responsabilidad y la convicción (M. Weber), sin embargo, en la democracia bancaria, dominada por el clientelismo y el abuso, sólo puede haber oportunismo.
Recordemos el caso de los famosos jueces que han usado el poder de la ley para condenar a sus enemigos e incursionar en la política de los partidos de la ultraderecha, en que el último y más repugnante ha sido el juez Sergio Moro, en Brasil, que aspira a convertirse en ministro de Justicia del gobierno fascista de Jair Bolsonaro, que ordenó la prisión de Inácio Lula da Silva sin pruebas, con el fin de dar curso al triunfo del capitán Bolsonaro.
Si consideramos empíricamente los casos judiciales últimos, todos, salvo el de los Fujimori, han terminado favoreciendo a las ultraderechas y al más ladrón y corrupto de sus representantes: en Italia Di Pietro, el juicio de “las manos limpias” terminó por hundir a los socialistas y a los democratacristianos para exaltar a Forza Italia y a su líder Silvio Berlusconi: todos ellos, tanto a los acusados como a los de Forza Italia, fueron aliados muy eficaces de las mafias italianas. Hoy, en Italia, el Ministro del Interior, Matteo Salvini, es el más fascista de todos.
En Chile, los jueces de la Corte Suprema durante la dictadura de Augusto Pinochet negaron todos los recursos de amparo y son, objetivamente, cómplices y encubridores de miles de personas asesinadas y torturadoras. En Francia, en la época Philippe Pétain existió una sección especial de la justicia destinada a condenar a todo opositor al régimen colaboracionista.( ver Película de Costa Gavras)
En América Latina los Tribunales de Justicia hacen vista gorda cuando se trata de criminales de derecha, mientras con los políticos de izquierda – no los disculpo – que han caído en la corrupción son en extremo drásticos: por ejemplo, sin ninguna prueba contundente, en Brasil han dictado sentencia de doce años de prisión contra Lula aplicando la prisión preventiva sin cumplirse los requisitos fundamentales para negarle el derecho a negarle la libertad a una persona, es decir, riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.
En los juicios que se refieren a la política y a los políticos juegan un papel fundamental los medios de comunicación en general y, últimamente, las redes sociales. Como siempre, es el pueblo el que en última instancia, aparentemente termina por condenar a los supuestos sujetos implicados en delitos de corrupción. En Brasil, todos los acusados del Partido de los Trabajadores perdieron sus sillones en el Congreso. En Italia, los socialistas y los democratacristianos desaparecieron del mapa político a raíz del voto popular de censura.
La experiencia me ha enseñado que el dicho “Vox populi, vox Dei” es una estulticia: el pueblo aplaudió la muerte de Sócrates, por ejemplo; es partidario de la pena de muerte: cuando actúa como turba aplaude el hecho de que el Estado se convierta en manos de un asesino en manos de un verdugo; en general, el pueblo es manipulable y maleable como la plastilina y cree en las falsas noticias y, al fin, termina votando, como la mayoría de los fachos pobres, por agentes de derecha o de ultraderecha.( el 90 % de los Franceses colaboraron con los nazis y ese mismo número aplaudió la liberación de París)
No estoy muy convencido de que los jueces sean muy objetivos – ni siquiera el Dios celoso y castigador Dios de Israel, que fue tan cruel con Caín, cuyo único delito era hacer fuego en alabanza al Señor, y mató, con toda razón, al patero y acusete de Abel; el Dios que condenó a Job a vivir en la miseria cuando era el más bueno de todos; tuvo el Dios de Israel, Isaac y Jacob de exigir a Abraham que matara a su hijo en su honor ( ver Kierkegaard)-.En los casos políticos, los medios de comunicación de masas se encargan de condenar previamente a quienes no les gusta y absuelven a los ricos, dueños de estos mismos medios. (Véase el caso Penta y la UDI). El derecho a la presunción de inocencia y de igualdad ante la ley son sólo cuentos de los abuelos.
Cuando una persona ha sido condenada por los medios de comunicación es casi imposible que pueda defender su honorabilidad, salvo que tenga bajo su dominio de propiedad de estos medios, o bien, pueda pagar inserciones de costes millonarios.
Un imputado común y corriente carece de dinero para pagar los altos honorarios de un abogado, por lo tanto, se le designa de oficio un defensor público, que tiene poco tiempo por adentrarse en la causa. Quien tiene un abogado hábil, especialista en lo penal y de tiempo completo de seguro, conseguirá la absolución o una pena menor, pues el sistema judicial tiene tantas argucias que sólo las pueden dominar un letrado con basta experiencia.
Uno de mis amigos, Patricio Orellana, uno de los grandes especialistas en temas de corrupción, discrepa conmigo respecto a mi apreciación sobre el uso de la guillotina, en la época del terror; reconozco que el uso del término “terror” fue erróneo y tributario de una concepción de derecha que, desde el “Termidor” se ha dedicado a calumniar a Robespierre – el gran seguidor de Rousseau, poniendo en tinieblas los brutales crímenes del nazismo, fascismo y de los regímenes dictatoriales, especialmente en América Latina, en que el verdugo ha sido el gran protagonista en el fascismo.( La guillotina fue más utilizada en Termidor que en el periodo del comité de salud pública)
Perú constituye en América Latina uno de los casos ejemplares de corrupción de las débiles democracias surgidas después de la dictadura: la familia Fujimori logró corromper a tal grado los partidos políticos que el suyo, Fuerza Popular y su antecesor, Fuerza 2011, dirigido por la hija del dictador, Keiko Fujimori, se ha convertido en una asociación ilícita para delinquir, además de lavado de activos, malamente obtenidos por Odebrecht, en su “caja B”, destinada a soborno de políticos.
Según la confesión de Jorge Barata y de su jefe, Marcelo Odebrecht, a los encargado de las finanzas del Partido Fuerza Popular, Luis Bedoya y Jaime Yohiyama , habría recibido un millón doscientos mil dólares en efectivo, destinados a la campaña de la candidata Fujimori, en 2011. El relato es bastante completo, detallando fechas, horas y lugares.
Estos dos delitos cumplirían las condiciones para tipificar la acción criminal, pues en el primero, asociación ilícita, se daría una estructura presidida por la candidata, seguida de dos captadores, una tesorera, dos asesores y un conjunto indeterminado de falsos aportadores. Para limpiar el dinero ilícito se recurría a la celebración de cocteles y rifas, en que se incluían aportadores cesantes, que depositaban grandes sumas de dinero.
En el segundo ilícito, el lavado de activos, los captadores del Partido Fuerza 2011 sabían perfectamente el origen ilícito del dinero y lo usaban para limpiarlo durante la campaña electoral en actividades que aparecieran como lícitas.
El poder judicial peruano, en el último tiempo, ha dado muestras de corrupción generalizada. En grabación de conversaciones completamente legales, solicitadas por una fiscal y aprobadas por el juez, para perseguir a una mafia de narcotraficantes, esta vez en Callao, se descubrió una serie de cintas de conversaciones grabadas entre varios personajes, pertenecientes a la judicatura: Walter Ríos, presidente del Tribunal Supremo del Callao y del Consejo Nacional de la Magistratura; César Hinostroza, miembro del Tribunal Supremo, y presidente del Tribunal de Casación; el empresario Antonio Camayo, más una serie de políticos y congresistas .
Entre estas conversiones apareció una en que César Hinostroza y Camayo se referían a la “Sra. K” y al Partido Fuerza 1. (Posteriormente, se descubrió a “Sra. K” correspondía a Keiko Fujimori). El encuentro entre Hinostroza y la candidata era para protegerla en la casación, que estaba a cargo del juez.
En otra de las grabaciones el juez Ríos cobra a su interlocutor “unos palos verdes” para nombrarlo en un cargo judicial.
En una tercera cinta Hinostroza conversa con el fiscal nacional, Pablo Gonzalo Chávary, ambos participantes de la asociación ilícita “los cuellos blancos del Puerto”, que dirigía Hinostroza.
El Partido Fuerza Popular, con amplia mayoría en el Congreso, (72 escaños), logra retrasar el desafuero de César Hinostroza, en una evidente actitud encubridora. Posteriormente, aparece una serie de Whatsapp, pertenecientes a un grupo de líderes de Fuerza Popular denominado “La botica ”. En uno de los Whatsapp se vanaglorian del éxito de haber protegido a Hinostroza, (tanto las cintas como los WhatsApp han sido publicados por Gustavo Gorriti, en el múltiples medios de la prensa.
César Hinostroza es un verdadero “zorro”: justo el día anterior a ser apresado huyó a España por un paso de la frontera norte, por Ecuador, mostrando un pasaporte común a cualquier ciudadano y se embarcó a Ámsterdam y, luego, a España, (ahora está preso en la cárcel de lujo Soto del Real, a la espera de la extradición (¿?).
El fiscal José Domingo Pérez, encargado del caso “cocteles” necesitó siete sesiones del juicio para desarrollar los argumentos necesarios a fin de probar su petición de prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori y de diez acusados más, involucrados en el mismo caso.
A veces la gente lega en derecho confunde las etapas procesales: la formalización no significa acusación sino advertir al formalizado que se le está investigando, por consiguiente, la presunción de inocencia debe ser respetada. A veces se solicitan medidas cautelares en que la más gravosa de ellas es la prisión preventiva.
El fiscal José Domingo Pérez pidió la prisión preventiva en su plazo máximo, 36 meses, sosteniendo con muchos elementos de prueba que la formalizada, Keiko Fujimori, cumplía las condiciones fundamentales para aplicar esta medida cautelar – peligro de fuga y obstrucción a la justicia -.
En Perú, a diferencia de Chile y España, donde sus dictadores han muerto en su cama dejando todo atado y bien atado, al menos en el caso de la ciudad del Rimac, aún hay jueces valientes y probos, entre ellos César Concepción Carhuancho, a quien no le tiemblan las manos para enviar a la cárcel a los Presidentes corruptos y a la hija del dictador Fujimori.
Faltaría aplicar la justicia al fugitivo Alejandro Toledo, a Alán García, a Ollanta Humala y su mujer y a PPK.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
1º de noviembre de 2018