Cientos de miles de personas volvieron a las calles de Cataluña para celebrar la Diada, fiesta nacional de la región, y exigir el derecho a votar por la autodeterminación. Este año, además, se escuchó un clamor por la libertad de los presos políticos
y el regreso de los exiliados
, en alusión de los líderes catalanes que llevaron a cabo el proceso unilateral de independencia en octubre del año pasado, que se saldó con un proceso judicial abierto contra 25 personas que están acusadas de rebelión, malversación de bienes públicos y desobediencia.
El movimiento independentista catalán hizo una nueva demostración de fuerza en las festividades de la Diada, que en los años recientes se ha convertido en una protesta popular en favor de la independencia. El punto álgido de la movilización fue en 2013 y 2014, cuando se manifestaron más de millón y medio de personas. Este año, como en los anteriores, también proliferaron las banderas independentistas y las pancartas, y los asistentes derribaron un muro con la imagen de un rey de cabeza.
En esta edición del festejo, la policía urbana calculó que participaron aproximadamente un millón de personas
, de las cuales 460 mil se presentaron como voluntarios para formar la cadena humana que recorrió el centro de la capital catalana y que desplegó el mensaje: libertad a los presos políticos
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El gobierno catalán, presidido por Quim Torra, centró las actividades públicas de la celebración en reivindicar el legado independentista y en recordar a los políticos que se encuentran presos desde el año pasado, así como a los que decidieron refugiarse en otros países para eludir a la justicia española, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica horas después de hacer la declaración unilateral de independencia y la supuesta instauración de la nueva república catalana
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La mayoría de los dirigentes políticos que acudieron a los actos de homenaje portaban lazos amarillos en la solapa, que se ha convertido en el símbolo de la movilización para que liberen a los políticos presos, y para que puedan volver al país, sin temor a ser detenidos, los líderes refugiados en otros países.
Desde la fallida proclamación de independencia el pasado 27 de octubre, se abrió un proceso judicial contra 25 líderes catalanes, nueve de los cuales se encuentran en prisión, entre ellos el ex vicepresidente de la Generalitat y dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, y los ex consejeros (ministros) del Interior y de Presidencia, Joaquim Forn y Jordi Turull, respectivamente. También están en la cárcel Carme Forcadell, ex presidenta del Parlamento, y los titulares de las plataformas civiles por la secesión, Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cruixart, de Ómnium Cultural.
En tanto, Quim Torra insistió este martes en que ni él ni su gobierno van a acatar una eventual sentencia condenatoria contra los políticos procesados. De hecho, cuando corresponsales extranjeros le preguntaron si eso supondría abrir las puertas de la prisión y dejarlos en libertad –algo que en teoría podría hacer al estar encarcelados en centros que dependen orgánicamente del gobierno catalán–-, aclaró que en ningún caso abriría las prisiones, pero nunca vamos a considerar que votar sea un delito
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Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, insistió en que su gobierno hará que se cumpla la ley, pero también apostamos por el diálogo
para darle salida a la peor crisis política entre España y Cataluña en décadas.
Los únicos momentos de tensión en la marcha se sintieron cuando un grupo de independentistas aventaron pintura a agentes españoles que estaban apostados a la entrada a una comisaría adscrita a la delegación del gobierno español en Cataluña. Otra situación incómoda se vivió cuando dos grupos de extrema derecha procedentes de la Liga del Norte italiana y del Movimiento Identitario Catalán expresaron su apoyo al proceso secesionista, lo que provocó cierto malestar entre los manifestantes, que sostuvieron que un fascista es un fascista, ya sea español o catalán
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Dimite la ministra de Salud
La socialista Carmen Montón presentó su dimisión al cargo de ministra de Salud del gobierno español, en medio de un escándalo sobre la supuesta falsificación de las calificaciones de una maestría que cursó hace ocho años en la Universidad pública rey Juan Carlos, y de haber plagiado al menos un tercio de su trabajo de fin de curso. Hasta el último momento el mandatario Pedro Sánchez trató de evitar la renuncia, que abre la segunda crisis de su administración desde que asumió el cargo, hace sólo tres meses.
La líder del socialismo valenciano y hasta ayer ministra de Salud celebró la semana pasada una de las jornadas más importantes de su vida profesional, cuando el Congreso de los Diputados votó en favor del derecho a la sanidad universal, que había extinguido el anterior gobierno del derechista Partido Popular.
Montón, quien había sido consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, se comprometió al asumir el cargo de ministra a recuperar ese derecho histórico, que permite recibir atención médica a cualquier individuo, al margen de su situación migratoria o laboral