El Caso Riggs, aquel proceso judicial contra la malversación de fondos públicos realizado por Augusto Pinochet y su entorno durante más de una década, llegó a su fin el viernes pasado. La Corte Suprema, a modo de colofón, condenó a tres militares en retiro por su responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos y ordenó la devolución al Fisco de un monto total de 1,6 millones de dólares “de los bienes de propiedad de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte o de alguna de sus sociedades”.
En fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte acogió el recurso de casación deducido en contra de la sentencia del 2017 que había absuelto a los condenados y revocado la devolución de primera instancia decretada por el ministro Manuel Antonio Valderrama dos años antes. Con el reciente fallo, termina un proceso iniciado el 2004 cuando una nota de The Washington Post reveló que el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de Estados Unidos había descubierto movimientos extraños en cuentas del Banco Riggs, el entonces más prestigioso de Washington.
Las investigaciones que llevaba a cabo el Senado estadounidense se realizaban en el contexto de la Ley Patriota, que buscaba indicios de actividades para financiar el terrorismo, puesto en primer lugar de la agenda tras el atentado a las Torres Gemelas desde el 2011. Las pesquisas revelaron que el exdictador Augusto Pinochet había mantenido desde 1994 más de cien cuentas en ese banco por un monto superior a los 21 millones de dólares.
Al observar la sentencia final de la Corte Suprema chilena, ésta tiene los sesgos propios de la transición. Si bien ha obligado a la familia Pinochet y su círculo íntimo a devolver 1,6 millones de dólares, la condena es una ínfima parte de los caudales fiscales conseguidos de manera ilícita por el exdictador.
Pinochet y Patricio Aylwin
Hace un par de años atrás, una corte había absuelto de estos delitos a la familia Pinochet. Bajo ese fallo, el del viernes pasado puede considerarse como un triunfo judicial para el Estado chileno, el que como paradoja tuvo más repercusión en la prensa internacional que en la local. Para no pocos observadores locales, se ha tratado de una expresión más de la espesa telaraña de la transición e impunidad que hoy, a 30 años del inicio del primer gobierno de la Concertación, sigue vigente. Aun cuando la Corte Suprema falló en contra de la familia Pinochet y le exige la entrega de una pequeña parte del monto sustraído, hace un par de semanas otorgó la libertad condicional a siete condenados por crímenes de lesa humanidad.
Este fallo, aun cuando condena a la devolución de parte de los bienes sustraídos, valida otra sentencia en primera instancia que confirmó que Augusto Pinochet no sólo encabezó un régimen sangriento y homicida sino también fue un ladrón. Esta condición ha quedado clara y bien sellada para la historia. El punto en discusión era otro: si el delito prescribía a la muerte de Pinochet y si los fondos ilícitos eran heredables.
El 2017 la Corte de Apelaciones de Santiago había absuelto a seis altos oficiales del Ejército en retiro por el delito de malversación de caudales públicos y ordenó devolver a los herederos de Pinochet 24 bienes inmuebles incautados y liberar cerca de cinco millones de dólares en depósitos en cuentas bancarias. Aun cuando esa Corte admitió que aquellos bienes fueron obtenidos de forma “ilícita”, afirmó que no era posible mantener el embargo por haber fallecido el responsable del delito. En el caso de los oficiales cómplices de Pinochet, el tribunal levantó las condenas al considerar la prescripción del delito.
Aquel dictamen revocaba el fallo de mayo del 2015 dictado por el ministro en visita Manuel Antonio Valderrama, que había condenado a los oficiales que prestaron funciones en la Casa Militar Jorge Ballerino, Ramón Castro, Gabriel Vergara, Sergio Moreno, Juan Mac Lean y Eugenio Castillo. Al no existir un delito continuado de malversación de caudales públicos, desde 1981 hasta 2004, la Corte estableció la prescripción de la acción penal.
Para la Corte, cuya sentencia fue con votos divididos, quedó, sin embargo, muy claro que Pinochet y sus aliados son culpables en el delito de malversación de fondos públicos, pero advirtió que no es posible jurídicamente decretar en la sentencia el “comiso” después de la muerte del culpable. En este sentido, agregó, las penas deben ser personales, es decir, “deben recaer sobre el directamente responsable y nada más que sobre él, sin que sus efectos puedan redundar en perjuicio de terceros”.
Lucía Hiriart y familia en los funerales de Pinochet. Wikipedia
El fallo del viernes pasado de la Corte Suprema confirmó la sentencia del ministro Valderrama del 2015. En este dictamen, que condenó a Ballerino y los otros cinco altos oficiales a penas remitidas e incautó los bienes adquiridos por el dictador con dineros de gastos reservados desviados a cuentas en el Banco Riggs, Valderrama describe y sanciona el mayor robo conocido de la historia política chilena por quien, si bien de forma ilegítima y sanguinaria, ejercía el cargo autodesignado de presidente.
Daniel López y José Ramón Ugarte
El desfalco realizado por Pinochet y sus cómplices a las arcas fiscales saltó a la luz pública el 2004 cuando el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de Estados Unidos sondeaba dineros ligados con el terrorismo y narcotráfico. La pesquisa descubrió numerosas cuentas que tenía Pinochet bajo su nombre, alias y chapas (como Daniel López y José Ramón Ugarte), las que conformaron la citada red para sacar fondos de las arcas del Estado chileno y blanquearlos. Cuentas y sociedades para beneficio personal y de su familia por más de 21 millones de dólares.
El patrimonio de Augusto Pinochet ascendía al monto citado, de los cuales sólo dos millones podían escasamente estar justificados a través de su sueldo, comisiones e intereses. Las auditorías efectuadas por la investigación judicial encargadas a la Universidad de Chile detectaron que más de 17 millones de dólares no tenían justificación alguna. Un volumen cuya fuente estaba en fondos de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile.
Esos ingresos formaron la red para sacar ilegalmente el dinero de Chile al banco estadounidense y después reingresarlo. Contra los ingresos aparecían una diversidad de inversiones, dividendos, préstamos solicitados por Pinochet y Lucía Hiriart, impuestos, contribuciones, compra de bienes raíces, de vehículos, de acciones, depósitos a plazo, fondos mutuos, construcción de inmuebles.
Los fondos destinados a gastos reservados de la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile eran anualmente determinados por el escalafón Presupuesto de la Comandancia en Jefe del Ejército y ascendían aproximadamente a 1,3 millones de dólares en 1999. Determinado el respectivo ítem de la Ley de Presupuesto de la Nación y con la venia del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Finanzas del Ejército de Chile efectuaba la asignación presupuestaria, aprobando lo solicitado por cada unidad. Posteriormente eran girados por Tesorería General de la República y depositados en la cuenta N° 13073 (Recursos Presupuestarios) del Banco del Estado de Chile y desde allí se los transfería a la Misión Militar de Chile en USA, en conjunto con sus gastos operacionales. Una vez en Estados Unidos, entre 1980 y 1994 estos gastos reservados se guardaron en la cuenta N° 3115 del Banco Scotia Ontario, Canadá, los cuales pasaron entre 1994 y 1998 a la cuenta N° 17194438 del Riggs Bank de Washington.
Gastos en sastrería, vacaciones, calzado y otros lujos
Hasta el año 1992, se giraba contra estos gastos reservados con un mero certificado emanado de la Secretaría General del Ejército, cargo que ocuparon desde 1980 Ramón Castro Ivanovic, Sergio Marcelo Moreno Saravia y Jaime Enrique Lepe Orellana. Los Secretarios Generales cursaron numerosas y permanentes órdenes de entrega de dineros de esta naturaleza, a petición directa de Pinochet Ugarte, para convertirlos en propiedades, construcciones, pagos de salarios a obreros por labores de índole privada de Augusto Pinochet y su entorno, explotación agrícola, sustento de parientes y cercanos, “aportes a CEMA Chile, libros, estatuas o bustos de Napoleón Bonaparte, sastrería, arriendo de cabañas turísticas, audífonos, vestuario, relojes, calzado, gastos médicos, kinesiología, zapatillas de gimnasia, atlas, repuestos de lapiceras, buzos deportivos y variados otros destinos de naturaleza personal, sin contar, con lo conservado en el extranjero”. Algunos de los pedidos eran ejecutados por los Oficiales del Ejército de Chile que oficiaban como agregados en las misiones en Washington y Madrid o en las diversas agregadurías. Estos insumos no quedaban respaldados.
Jorge Ballerino, Ramón Castro, Gabriel Vergara, Sergio Moreno, Juan Mac Lean y Eugenio Castillo ostentaron, entre otros, los cargos de Jefe de la Casa Militar, edecán, Secretario General del Ejército, todos íntimamente ligados a Pinochet. Fueron ellos quienes abrieron numerosas cuentas en bancos estadounidenses bajo diferentes nombres y chapas, como el inefable “John Long” que ocultaba a Ballerino.
Para el ministro Valderrama, quedó más que claro que la fortuna del dictador “proviene de la sustracción que Pinochet Ugarte efectuó de fondos públicos, principalmente de gastos reservados, por lo que los bienes embargados se constituyen en efectos del delito”. En tanto, agregó que “tampoco resulta dable descartar para este sentenciador otros orígenes, igualmente ilícitos, que incrementaron el patrimonio personal de Pinochet Ugarte, conclusión que se basa en haberse acreditado actuaciones como el uso de pasaportes falsos por parte de Pinochet Ugarte y su entorno familiar y militar, y la apertura de cuentas en el extranjero mediante el uso de identidades falsas”.
Es probable que el reciente fallo de la Corte Suprema favorezca nuevamente a Pinochet, sus cómplices y herederos, tal como otros episodios similares durante la transición. Hoy, si bien la prensa del duopolio ha intentado ocultar este lábil fallo judicial, hay algo que ya queda escrito y es indeleble. Pinochet, además de un asesino, fue un redomado ladrón.