La definición de “fascismo” que cuenta con mayor grado de consenso entre los expertos, es la que señala con claridad que esa ideología –nacida en Italia después de la Primera Guerra Mundial- propone la existencia de un estado nacionalista, totalitario y” autoritarista” (sic) que al encontrar oposición, aunque esta sea democrática, recurrirá a la violencia.
Tal ideología parece haber renacido con inusitado desparpajo –especialmente en naciones occidentales- dando origen al neofascismo, el cual basa parte importante de su propuesta ‘nacionalista’ en actitudes y decisiones xenófobas y racistas, agregadas a la que tal vez sea su principal connotación política: ser anti marxista, pues a los miembros del partido comunista les consideraba ‘enemigos mortales’. Ese odio lo extendió hoy –en calidad de aversión- a “progresistas” y liberales.
Si aplicamos lo anterior a la política chilena actual, ¿podría asegurarse que en nuestro país no existe ninguna tienda partidista que merezca el calificativo de “fascista” o “neofascista”?
Las acciones, declaraciones, omisiones y dichos de este mismo gobierno remecen las dudas, obligando a repensar la calificación ideológica que le debe ser pertinente. Definitivamente, no podemos tildar de ‘fascista’ al actual gobierno (aunque a veces se acerca a esa definición), pero sí podemos decir –con antecedentes y argumentos más que suficientes- que la actual administración de don Sebastián es una constancia innegable de lo más salvaje del neoliberalismo, del amiguismo y del nepotismo conducente a la corrupción.
Lo anterior no está refrendado únicamente por las torpes declaraciones de muchos de sus ministros, cuestión que por sí sola bastaría para agregar más y más críticas, ya que en los hechos concretos hay todo un arsenal que permitiría –en un país donde el sistema democrático funcione de verdad- poner al primer mandatario bajo los requerimientos de un “impeachment” (juicio político con posible destitución del presidente).
A las pifias verbales de muchas autoridades (incluyendo al primer mandatario) hay que añadir los hechos nefastos. El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, debe haberse llevado la estatuilla del más estulto de los representantes presidenciales en regiones. Primero, acusó a “narcotraficantes” (apuntando a inmigrantes colombianos y peruanos) del crimen de un profesor cuyo cuerpo destazado la policía logró encontrar en sectores diversos de esa misma región. Días más tarde se comprobó que los asesinos del docente habían sido su ex cónyuge y la nueva pareja sentimental de esta.
No contento con ese desliz- inaceptable para una autoridad de gobierno-, el intendente se despachó otro comentario que merecería su baja inmediata. Hace pocos días, en el puerto de Quintero (región de Valparaíso) se produjo un gravísimo evento de contaminación que llevó a más de doscientos escolares a los centros de salud en calidad de urgencia. El señor Martínez, en un arrebato propio de lacayo piñerista, manifestó que no había tal contaminación pues se trataba simplemente de polen. Luego, cuando la prensa y los laboratorios demostraron la falacia de aquella opinión, vino en su ayuda la ministra de medio ambiente, señora Carolina Schmidt, sindicando a la empresa estatal ENAP como causante de la intoxicación.
Entonces surgieron las grandes dudas, ya que ENAP negó su responsabilidad en esos hechos y, de inmediato, a través de las redes sociales (que son más rápidas y efectivas que los antiguos teletipos), los dardos se dirigieron hacia La Moneda (hacia Piñera, concretamente), pues existe experiencia respecto al cobijo y apoyo que el mandatario ha brindado siempre a las empresas, más aún a aquellas en las que tiene acciones o e en las que algunos de sus asesores llevan cuentas por cobrar.
Muchos vecinos del puerto de Quintero dicen que los responsables de la contaminación son dos empresas privadas, en una de las cuales –Oximin- el propio cónyuge de la ministra Schmidt fue socio de Fernando Barros, actual dueño de esa empresa, por lo que la secretaria de estado –obviamente con el visto bueno de su jefe, el primer mandatario- habría decidido que las multas y sanciones las reciba una empresa fiscal y no una empresa privada donde sus amigos (y ex socios de su esposo) están al mando.
Para rematar la inusitada acción, el gobierno determinó cerrar las escuelas del puerto de Quintero (lo que sin duda era necesario) y de ciertas faenas de ENAP, pero no ordenó cerrar a las empresas privadas acusadas de ser también responsables de la contaminación.
Para terminar con este caso, recordemos que Greenpace calificó como “el Chernóbil chileno” a Quintero y Puchuncaví por la letal nube tóxica.
¿Es todo lo anterior ‘fascismo’ o, simplemente, corruptela en su máximo esplendor? Tal vez ambos conceptos se unifican, pues si hubo algo que el nazismo alemán (hijo del fascismo italiano) llevó a cabo con asiduidad fue apropiarse de obras pertenecientes a terceros, y don Sebastián Piñera lo ha hecho a destajo, sin miramientos ni balbuceos.
Eso fue lo que denunció un CORE (Consejero Regional) de la región de Los Lagos –Francisco Reyes- mostrando fotografías que certificaban la veracidad de su acusación. En tales fotos se observaba que en el proyecto “Mejoramiento Cementerio Municipal Villa San Pablo”, el gobierno de Michelle Bachelet había sido gestor del mismo. Sin embargo, asesores del presidente Piñera cambiaron la placa colocando otra en la que aparece don Sebastián como gestor y responsable de esa obra.
Lo mismo ha ocurrido en otras localidades, como en la comuna de El Golf, en Santiago, y en Palena. La prensa oficial, llamada “prensa canalla” en las redes sociales, nada ha dicho… ni nada dirá.
Por cierto, ante todas estas gravísimas acciones, el presidente Piñera ha usado una fórmula que el mismísimo Goebbels habría aplaudido. “Prometo que…. A partir de ahora…. Construiremos…. Mejoraremos… Seremos los primeros… Caminaremos hacia el pleno desarrollo… Seremos felices… bla bla bla”.
Tal vez por ello la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, mostró alegre semblante cuando afirmó que “el gobierno (el de Piñera, por supuesto) puede gobernar sin necesidad de legislar” (sic).
Entonces, regresando a la pregunta que dio inicio a estas líneas… ¿es fascista la derecha chilena… o sólo es corrupta, clasista, predadora, antipatriota, mentirosa y yanacona del mega empresariado transnacional?