Hemos tomado conocimiento que la abusiva y habilidosa inmobiliaria Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A., conocida en el mercado como Reconsa, y su apéndice Inmobiliaria Montemar S.A., han iniciado acciones judiciales en contra del Fisco por la propiedad de una parte reducida de las dunas de Concón y la demanda interpuesta por ellas en el 22º Juzgado Civil de Santiago es por la módica suma de US$ 100 millones.
Se funda ese libelo por una presunta indemnización de perjuicios, recordemos que en pedir no hay engaño, debido a que por 2 lotes que se localizan al interior del Santuario de la Naturaleza del “Campo Dunar Punta de Concón”, V Región de Valparaíso, esas empresas no podrán ejecutar unos sabrosos y lucrativos proyectos inmobiliarios.
A pesar de que por la historia de este asunto ya nos hemos referido en algunos medios digitales, en esta oportunidad, más adelante en el sexto párrafo de esta columna, damos cuenta de cómo Reconsa llegó a tener el dominio no solamente de las 50 hectáreas que en el año 1993 el gobierno de Aylwin intentó protegerlas en el Consejo de Monumentos Nacionales por su, cita textual, “ valor escénico y estético y el especial ambiente y belleza de este conjunto de dunas, asociadas a un borde costero de hermosos roqueríos, constituyen un patrimonio natural de gran valor que debe preservarse para las generaciones presentes y futuras”
Para ello el Presidente de la República y su ministro de Educación, ejerciendo sus potestades legales, firmaron el 5 de agosto de 1993 el Decreto Supremo Nº 481, el que contó con el trámite de toma de Razón de fecha 23 de agosto de 1993 por parte de la Contraloría General de la República, acto administrativo que quedó en nada por la eficiente acción de lobistas muy bien relacionados con las cúpulas del poder político de entonces.
En efecto, el 9 de marzo de 1994, dos días antes de que Aylwin entregara el gobierno a su sucesor, con los consabidos eufemismos que todos conocemos y con argumentos mendaces denunciados oportunamente por el abogado del Consejo de Defensa del Estados (CDE), Pedro Pierry, actual magistrado por la Corte Suprema, se emite el Decreto Supremo N 106, que redujo la superficie protegida de las originales 50 hectáreas a escasas 12, movida cobarde del Estado que dejó plenamente satisfecha a la privada Reconsa, titular del dominio de ese territorio.
Ahora bien, durante la dictadura, tomándose las necesarias acciones para la eliminación de las distintas Cajas de Previsión, ya que se estaba preparando la puesta en marcha de las famosas Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP), las que tomaron fuerza legal con la ley Nº 3.500 de 1980, el 24 de septiembre de 1979 se firma en una notaría de Santiago una escritura pública, mediante la cual la Caja de Previsión de los Empleados Particulares, representada por Renato Guzmuri, le vende en forma directa y con un muy conveniente pago a crédito, los derechos de la anterior en una cierta suma de dinero a la Empresa Constructora Neut Latour y Compañía S.A., cuyo accionista controlador era el conocido hombre de negocios Francisco Soza Cousiño y a la empresa Constructora Edmundo Pérez Limitada, representada por Carlos Figueroa Serrano y Edmundo Pérez Yoma, ambos posteriormente y ya en democracia, renombrados ministros en diferentes gobiernos, quienes se transformaron en codeudores y fiadores solidarios de la conveniente operación comercial.
Con la supresión de esa caja de previsión, quedó como acreedor de esas empresas comerciales el Instituto de Normalización Previsional (INP), agencia pública que tiempo después, ya en normalidad institucional, se transformó en el Instituto de Previsión Social (IPS), entidad que majaderamente se negó a entregarnos, cuando se lo solicitamos por ley de Transparencia, la escritura reseñada en el párrafo anterior, motivo por el cual ese documento público solo se pudo conocer gracias a los buenos oficios de la Cámara de Diputados, a instancias del diputado Rodrigo González.
Si los lectores desean conocer más hechos históricos, es cosa de oprimir el link
En esta columna se relata con mayores antecedentes este vulgar negociado, que tuvo por ganadores netos a personajes muy conocidos y como perdedor total, como siempre, al Estado. Hace un par de semanas, con el diputado González y con el abogado Enrique Aldunate, nos entrevistamos con la presidenta del CDE, entregándole la escritura pública de marras e informándole que, en razón a que conocemos el desarrollo de los hechos, atendida la descarada acción judicial de Reconsa en contra del Fisco, nosotros actuaremos judicialmente en contra de tal empresa.
Ya que estamos hablando de una frágil zona de la V región de Valparaíso, no podemos perder de vista que el borde costero del litoral se define como aquella franja del territorio que comprende los terrenos ubicados dentro de sus 80 metros de ancho, medidos desde la línea de la más alta marea de la costa del litoral que es bañada por las aguas entre la baja y alta marea. Quien fiscaliza su cumplimiento es la Armada de Chile a través de la Subsecretaría de Marina. Así las cosas, cabe preguntarse ¿el polémico hotel Punta Piqueros, construyéndose sobre las rocas del litoral de Concón, cumple con esa disposición? Nos parece que no !
Finalmente, volviendo sobre las dunas, consideramos inaudito que los dueños de Reconsa continúen con sus prácticas desmedidas que solo buscan aumentar ilegítimamente sus patrimonios a costa del Fisco de Chile.