Diciembre 26, 2024

Presentan querella por torturas y desaparición de un bebé desde 1988

Para los que creen que los Derechos Humanos son un montaje, la realidad se aparece más fuerte y dramática. Han pasado 28 años desde el fin de la dictadura militar y siguen apareciendo denuncias por crímenes.

Se acaba de presentar una querella por torturas ante la Corte de Apelaciones de San Miguel en la que se pide el nombramiento de un Ministro en Visita .

 

La víctima, S.Z.V., una joven de 17 años de edad con siete meses de embarazo, fue detenida y sometida a torturas lo que alteró su embarazo. Tuvo un parto asistido y prematuro, y desde entonces el bebé está desaparecido.

El incidente ocurrió en la zona Sur de Santiago, comuna de El Bosque,  en 1988. No la buscaban a ella, sino antecedentes para ubicar y detener a una joven comunista de su población. Es posible imaginarse lo que hicieron cuando lograron detener a la que buscaban.

En el texto de la querella puede leerse:

Mi casa tenía reja de madera, con un candado. Como me negué a acompañarlos me dijeron que si no lo hacía irían a matar a mi hermana con mis sobrinos, menores de edad; ellos vivían a la vuelta de mi casa. Ahí saqué el candado y los acompañé, aparecieron los otros dos  y caminamos hacia el domicilio de mi hermana. Allí había un gran despliegue de personas que portaban armamento, pistolas y metralletas. Ingresamos a la casa de mi hermana y allí me interrogaron junto a mi hermana”.

“Me preguntaban por la familia Bravo, específicamente por Patricia Bravo Solís, su hermana Edith y su hermano Rubén. El papá de estas personas era el propietario de la casa que mi hermana arrendaba. Me preguntaban dónde vivían y qué hacían entre golpes, insultos y amenazas y me decían que ella era terrorista y comunista. Yo conocía a Patricia porque éramos del mismo barrio, pero no sabía dónde vivía ahora que la buscaban. Me apuntaban con las metralletas. Estuvimos dentro de la casa de mi hermana por aproximadamente 30 minutos”.

“Me subieron a golpes de puños a un vehículo, era un vehículo blanco, como una furgoneta con tres corridas de asientos. Allí me golpeaban e insultaban, yo tenía siete meses de embarazo, el chofer les dijo: ‘Jefe, no le pegue más, dese cuenta que está embarazada’. Ellos querían que les dijera dónde vivía Patricia Bravo; en un momento una voz desde atrás me susurra ‘Chany dile’,;era una voz muy quejumbrosa, era una persona que llevaban en el suelo tapada con una frazada; yo reconocí la voz de un vecino llamado René Miranda, conocido como “el Rana”. Como volví la cabeza para mirarlos me empezaron a golpear con más violencia. Nunca me vendaron ni esposaron, era difícil que pudiera hacer algo como escapar. El que más me golpeaba era el que le decían ‘Jefe’. Creo poder reconocer los rostros de quienes me secuestraron”.

…Luego he podido saber que Patricia Bravo Solís fue detenida unas pocas horas después por personal de Investigaciones, específicamente de la Brigada de Asaltos y brutalmente torturada. Ella fue detenida junto a toda su familia.

“Patricia Bravo Solís era militante de la Juventud Comunista y dirigente social con activa participación en la oposición a la dictadura militar. Yo también era opositora a la dictadura militar y participaba en el Partido Socialista”.

“Esta situación fue terrorífica para mí y alteró mi embarazo”.

“Por mi situación y acompañada de mi amiga Saratiel Ferrada  concurrí a la Vicaría de la Solidaridad, ubicada en Plaza de Armas y se interpuso un recurso de amparo en mi favor”.

“El 26 de Mayo de 1988 ingresé al Hospital El Pino por complicaciones en mi embarazo. Estas dificultades tenían causa directa con mi detención y la golpiza que había recibido, pues antes era un embarazo normal. Allí me ingresaron    de urgencia, estuve hasta el 13 de Junio hospitalizada; el 11 de Junio di a luz a mi bebé, que era de sexo femenino. Luego se me dijo que había muerto, pero nunca nos entregaron el cuerpo. Tampoco nos dieron un certificado de defunción. Todo esto a pesar de los múltiples requerimientos que les formulé”.

La acción judicial es patrocinada por el abogado Roberto Ávila Toledo quien señaló: “Creo que dadas las circunstancias del caso, con un poquito de voluntad judicial, se pueden llegar a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Lo del bebé es muy oscuro y sugerente, no puede quedar en la impunidad, no hay razón que explique la no entrega del cuerpo o al menos el certificado de defunción”.

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