El Senado argentino rechazó esta madrugada el proyecto que buscaba despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación con 38 votos en contra, 31 a favor, dos abstenciones y una ausencia. La iniciativa no podrá ser votada, sino hasta después de marzo 2019. Uno de los principales argumentos de quienes apoyan que el aborto sea "seguro, legal y gratuito" eran los alrededor de 500.000 abortos clandestinos que se estima se producen al año en Argentina y son la principal causa de muerte materna en 17 de las 24 provincias.
En América Latina y el Caribe el aborto legal no tiene restricciones en Cuba, Guyana, Guyana francesa, Uruguay, Puerto Rico, Martinica y Guadalupe. En México el aborto es legal sin restricciones únicamente en la Capital.
Según distintos informes internacionales, en América Latina se realizan cerca de 4,4 millones de abortos al año y más del 90% de ellos se practican en condiciones de inseguridad. Esto significa abortos clandestinos, recurriendo a métodos artesanales, que tienen alto riesgo de terminar con secuelas. Muchos de estos son auto inducidos, es decir, las mujeres no tienen a quién recurrir y se deben provocar abortos por su cuenta.
La Organización Mundial de la Salud indica que aproximadamente el 12% del total de las muertes maternas en la región son por abortos mal realizados; sin considerar las cientos de miles de mujeres que terminan en hospitales producto de infecciones, perforación de órganos internos y otras secuelas. Si bien, las mujeres de todos los sectores recurren al aborto como método de control de la natalidad o como opción para interrumpir embarazos; estudios demuestran que la mayoría son mujeres trabajadoras y de sectores populares, jóvenes de entre 15 y 29 años y muchas que ya tienen dos o tres hijos previos. Es decir, se trata de un problema de clase.
Carmen Barroso, Directora Regional de la Federación Internacional de Planificación Familiar, señalaba que “América latina y el Caribe es la región más inequitativa del mundo, en donde además la incidencia de abortos inseguros es mayor”. Se trata en el 70% de los casos de mujeres menores de 30 años y pobres. En los países donde esta práctica está penalizada, las mujeres pobres y trabajadoras tienen que recurrir a métodos clandestinos de mayores riesgos, debido a los bajos ingresos.
En Chile, desde 1931 el aborto terapéutico fue legal. Eso hasta que en 1989, en una de sus últimas medidas, José Toribio Merino de la Junta Militar, introdujo un proyecto para sustituir el artículo 119 del Código Sanitario, impidiendo de esa forma el acceso seguro al aborto legal de cualquier tipo.
La aprobación de la despenalización del aborto en tres causales en septiembre del año pasado abrió la posibilidad solo a que mujeres sometidas a situaciones extremas tales como una violación, riesgo de sus vidas o la imposibilidad de que el feto pudiera sobrevivir, pudieran acceder a un procedimiento seguro de aborto.
Sin embargo, según estimaciones realizadas por organizaciones vinculadas al tema, aún existe una gran cantidad de abortos que se realizan en condiciones inseguras por estar fuera de las tres causales establecidas en la ley N°21.030. Según cifras de la Mesa de Acción por el Aborto, el número de interrupciones voluntarias en nuestro país oscila entre los 80 mil y 260 mil casos anuales, de los cuales sólo un 3 por ciento de los procedimientos se deben a ley de aborto 3 causales. Estas se encuentran infravaloradas, por la prohibición absoluta para interrumpir el embarazo, las niñas, adolescentes y mujeres embarazadas, no recurren a los servicios de salud como primera opción, dada la exigencia de denuncia frente al delito de aborto. La vocera de la Mesa de Acción por el Aborto, Macarena Castañeda, manifestó que la sociedad chilena debe discutir ya, una ley de aborto libre, además de señalar la importancia que ha tomado esta demanda dentro del movimiento feminista.
El aborto es un tema de clase que sobre todo afecta a las mujeres trabajadoras y pobres que no pueden pagar una clínica para realizarse un aborto privado. Las que han llegado a la justicia lo han hecho, condenadas moral y socialmente, con secuelas psicológicas por esta condena, con daños severos en sus cuerpos, y algunas con riesgo de muerte.
En todo Chile el 25 de julio recién pasado se realizó la sexta marcha por Aborto Libre Gratuito y Seguro, bajo el lema “las tres causales no bastan” con miles de pañuelos verdes agitándose al viento para decir que las mujeres debemos decidir sobre nuestros cuerpo y nuestras vidas.
El gobierno no tiene ninguna intención de impulsar una agenda más allá de lo legislado, según lo ha dejado claro el Presidente Piñera, quien señaló que ” haré todo lo necesario para defender la vida de mis compatriotas”. Opinión en contra del Aborto libre y gratuito también mantiene la derecha Chilena, quien no tuvo reparos en apoyar las violaciones a los derechos humanos cometidas en Dictadura militar, y que tal como señaló la consigna de la marcha por el aborto libre y gratuito”, “Ahora, ahora son Pro Vida, cuando en Dictadura mataban con la DINA”. El Senador Ossandon, señaló recientemente “esto no pasa por las mujeres, porque no deciden sobre su cuerpo” . No solo nos quieren quitar el derecho a tomar las decisiones que conciernen a nuestro bienestar futuro, sino que también ésta moral de las elites versus la moral de las ciudadanas instala la discusión en la recuperación de la soberanía de nuestros cuerpos.
En Chile, la Iglesia Católica también se opone al aborto libre y gratuito. Cuesta creer que quien tiene índices de desaprobación del 76% y 83% de deshonestidad (última Encuesta Cadem) sobre todo por los casos de pedofilia, abuso de menores y ocultamiento de información. Ellos son quienes quieren seguir obligando a las mujeres pobres a la maternidad, reproduciendo situaciones de exclusión, pobreza e injusticia que nada tienen que ver con el Reino de Dios que pregonan.
Se ha dicho que Chile no está preparado, que aún no es tiempo para este debate: nosotras decimos: los tiempos los pone el movimiento social, los pone la urgencia de un imperativo ético y moral en nuestro país con tremendas desigualdades. Somos las mujeres y no los médicos, jueces, sacerdotes o sociedad las que decidiremos sobre este asunto que concierne nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Verónica Molina