Como era previsible, bajo un gobierno de la misma Derecha que hace 45 años protagonizó el golpe armado en contra del gobierno popular del Presidente Salvador Allende, se ha dado comienzo al intento de destruír lo avanzado en materia de juzgamiento a los asesinos. Y no le han faltado aliados en el empeño.
Hoy sin duda hay rojas luces de alerta en esta delicada materia y quien no quiera verlo, o no reaccione, en los hechos se pone de parte de los genocidas.
Seamos objetivos y digamos que es jurídica, política y moralmente inaceptable que se haya empezado a otorgar la libertad de los criminales de la dictadura. Desde luego porque dada la naturaleza de sus delitos, se trata de los individuos más peligrosos de nuestra historia y ante los cuales personajes como el “chacal de Nahueltoro” serían sólo aprendices. No tenemos derecho a olvidar – y el que no sepa o no crea que lea los expedientes – que estos “valientes soldados”son aquellos que quemaron vivos a sus prisioneros o los degollaron, o los decapitaron a golpes de mazo, o los arrojaron, muertos o vivos en helicópteros al mar, luego de torturar a mujeres, hombres, niños y ancianos del modo más inhumando que recuerde la historia de la humanidad.
Tampoco hay derecho a olvidar que estos criminales, o sus perros amaestrados al efecto, violaron a mujeres y hombres prisioneros ; que a las mujeres les introdujeron objetos y alimañas por la vagina incluyendo arañas y ratones…..¿le parece al lector que esto es de seres normales? ¿ era necesario hacerle esto a prisioneros indefensos ? ¡ Pero si está judicialmente demostrado que hasta tuvieron laboratorios especiales en recintos militares para fabricar gas zarín u obtener diversos tipos de sustancias tóxicas para asesinar a sus prisioneros!
Todo consta en los más de Mil expedientes que desde aquel 12 de enero de 1998 – cuando la primera querella contra Pinochet – se han acumulado en los tribunales penales de todo Chile. Leerlos, revisarlos, es constatar hasta donde llega la perversidad de los aparatos del gobierno norteamericano y de la derecha chilena, de los grandes centros financieros y económicos del país, de las instituciones armadas, de la prensa a su servicio y de cuanto politicastro de diversos lados, se sumó al golpe del 73.
Y justo cuando estamos avanzando sustantivamente en materia de Verdad y Justicia, el gobierno de Piñera y quienes le apoyan han desatado una contraofensiva odiosa que amenaza de veras con lograr la impunidad total de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país.
Ello se expresa de diversas formas. Desde luego los indultos de Piñera y la liberación insólita y por un año del trámite de control de legalidad, llamado “toma de razón” resuelto por la Contraloría General de la República respecto de estos decretos. Se expresa también en la complicidad del tribunal constitucional que con burdos pretextos retrasa el desarrollo de estos procesos judicials.
Pero ahora se suma la Sala Penal de la Corte Suprema que con recientes e impresentables fallos abre las puertas de las cárceles de Punta Peuco y Colina 1 para que salgan los criminales de la ‘Caravana de la Muerte’ y la operación ‘Retiro de Televisores’ y de diversos otros hechos brutales. Es más, han liberado por uno de sus delitos a criminales que, en paralelo, están condenados por otro. Pareciera que tienen apuro en abrir los portones de las cárceles justo para los peores asesinos de toda la historia del país y que además jamás colaboraron con las investigaciones y mucho menos se han arrepentido de nada.
Con razón las máximas dirigentes de las agrupaciones nacionales de familiares de las víctimas de la dictadura afirman que con estas actuaciones la Corte Suprema “ se pone al mismo nivel que tuvo durante la dictadura” ; y han agregado que “ estamos frente a un gobierno que ha anunciado la libertad de genocidas, ya sea vía indultos, o a través de este proyecto de ley mal llamado Ley Humanitaria; y, tanto ellos como la Corte Suprema, con esta liberación de genocidas lo único que hacen es pasar a llevar a nuestros familiares y los tratados internacionales relacionados a los Derechos Humanos”.
Las dirigente Lorena Pizarro y Alicia Lira ratificaron la voluntad de lucha de sus organizaciones en contra de la impunidad. En el mismo sentido se han pronunciado dirigentes de partidos políticos que condenan que esta Sala haya desconocido la vigencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, obligatorio para Chile. Se condena las decisiones de la Sala que preside el ministro Hugo Dolmech, conocido ya por aplicar la llamada “media prescripción” en favor de los genocidas y que hoy ha dicho que quienes reprueban los fallos de la Sala que preside sólo “ tienen una opinión distinta pero que no es obligatoria”
En rigor estimar hoy la que “no existe impedimento en la legislación internacional para denegar dicho derecho a los condenados por crímenes de lesa humanidad” es algo que todo abogado o todo buen estudiante de Derecho sabe que es falso. Porque hay normas expresas del Derecho Internacional que prohiben todo beneficio carcelario a condenados por este tipo de crímenes y que no cumplan los requisitos exigidos en tales instrumentos legales. Y sin embargo, en decisión unánime, la Sala integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama y los abogados integrantes Ricardo Abuauad y Antonio Barra revocó las resoluciones que habían negado el beneficio a los violadores de derechos humanos y se las concedió.
Se ha dicho además y circula en tribunales la información de que en el estudio particular del abogado integrante Ricardo Abuauad trabaja además un abogado, Tomás Zamora, que habría asumido causas en defensa de violadores de los derechos humanos. No nos consta, pero de ser así, sería todavía peor.
Respecto de que no hay normas jurídicas que impidan estas resoluciones repudiables en favor de genocidas, veámoslo de una vez. Como sabemos, la actual Constitución Política del Estado de Chile establece obligatoriamente – como no podía ser de otro modo a pesar de su origen espúreo – el respeto “ a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”. Así está sancionado en el artículo quinto de nuestra vigente Carta Magna que en su inciso segundo agrega que : “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”
A mayor abundamiento, el artículo sexto establece que : “ Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”
De lo cual se desprende que la Corte Suprema – que es un órgano del Estado – está obligada a respetar la Constitución Política. Y de consiguiente obligada respetar y promover los derechos humanos. Pero además hacerlo con fundamento en el propio texto constitucional que, reitero, dice textualmente : “así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes” No hacerlo equivale a no garantizar nada menos que el orden institucional de la República según el texto citado.
El Estado de Chile ha suscrito y ratificado una serie de documentos internacionales sobre la materia, todos los cuales se encuentran vigentes. Entre ellos los Convenios de Ginebra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el “Pacto de San José de Costa Rica”, el llamado “Estatuto de Roma” de 1998.
De los instrumentos jurídicos citados y en especial de esa suerte de síntesis que es el artículo 110 del Estatuto de Roma, se desprende que, cuando se trata de condenados por delitos de lesa humanidad, como es exactamente el caso de los sancionados que se encuentran presos en Punta Peuco y otros recintos, no procede de modo alguno concederles beneficios carcelarios de ninguna naturaleza, ni mucho menos la libertad, si ninguno de ellos cumpliera con los requisitos que exigen las normas jurídicas citadas. ¿Y cuáles son tales requisitos? La respuesta la da el Derecho Internacional, conforme a lo cual ello sólo procede siempre que el recluso haya manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con los tribunales en sus investigaciones y enjuiciamientos y además si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Justicia.
Creo innecesario agregar más antecedentes. Sólo recordar al lector que, hasta antes de estas atrocidades jurídicas que comentamos, la Corte Suprema, más allá de los integrantes de las salas, había dado estricto cumplimiento a la Constitución y a los Tratados Internacionales.
Es que no puede ser de otra manera, por más que todavía haya, incluso abogados, que sostengan que no hay norma nacional ni internacional que prohíba estas libertades a delincuentes de lesa humanidad y que habría que legislar al respecto en Chile si se quiere detener esta ofensiva en favor de genocidas. A quienes sostengan esas tésis, le recomendamos la lectura de la Constitución, del Estatuto de Roma y de las sentencias que sobre esta materia venía dictando la propia Sala Penal de la Corte Suprema.
Tal como una buena amiga nos recordaba ayer, mientras todo esto sucede, las organizaciones de los familiares de las víctimas y los defensores de los derechos humanos seguirán, seguiremos, luchando por verdad y justicia. Y los familiares seguirán buscando a sus seres amados. Y me decía, es un ejemplo, que “ Irma Silva muriò pensando en su hijo, Jorge Muller Silva, cuyo padre ya anciano, aùn lo reclama, tal y como Anita Gonzàlez Recabarren va en su silla de ruedas a todos los lugares donde pueda llegar a reclamar a su familia completa desaparecida,o la sra Carmen Vivanco, ya centenaria, que sigue esperando la verdad acerca de sus familiares, o de como la madre y hermana de Mauricio Jorquera Encina van cada año a la quinta Regiòn y esparcen flores en el mar,el dìa del cumpleaños, tenìa 18 años cuando lo detuvieron…… ”.
Y agregaba : “ Quienes saben lo que sucediò no sòlo estàn en Punta Peuco,y muchos siguen activos.En tanto a nosotros, no podemos decaer, tenemos que estar de pie, porque ellos nos reclaman…. En efecto, detener la impunidad en curso es tarea de todos.
Y alerta, porque que la indiferencia de hoy puede costarnos muy caro mañana.