En esta era moderna, lleno de avances tecnológicos, planes de negocios innovadores, excelencias académicas y riquezas apabullantes no resulta curioso que la palabra corrupción este inmersa en cada una de estas características, denotando un “lado oscuro” en las cualidades que denotan este pretencioso siglo XXI, donde la humanidad vive bajo un contexto de globalización y comunicación.
Gracias a esta última característica, no resulta nada del otro mundo el obtener información sobre los actos ilícitos dentro de la administración o manejo de recursos, teniendo incluso un medio para medir la corrupción en distintos países como lo es el indicador IPC o el Índice de Percepción de la Corrupción donde podemos obtener libre permiso de acceso a las cualidades de administración de cada uno de los gobiernos del mundo.
También gracias a la comunicación, los paises transmiten las distintas luchas contra este “lado oscuro”, donde a través de políticas anti-corrupción intentan mantener una transparencia dentro de sus organizaciones públicas y así ser una imagen de eficiencia para el contexto internacional. Tal es el ejemplo de Chile, un país suramericano que ocupa el segundo mejor puesto dentro de su geografía como el país menos corrupto de su zona, superando a Argentina, Paraguay, Perú, entre otros y solo quedando por debajo de Uruguay.
Entre las políticas más eficientes en su lucha, podemos encontrar una enérgica y exigente legislación en cuanto al tema de corrupción se refiere, generando un ambiente desagradable en su práctica para aquellos ciudadanos que la aplican. Todo esto empezó con Bachelet y su Comisión contra la Corrupción, donde se han obtenido resultados increíbles en cuanto al regeneramiento de la función pública y el deceso de sus irregularidades se refiere.
Otro proyecto a destacar se encuentra en la reforma de financiación de los partidos políticos del país, donde ahora es de carácter público para así evitar las inversiones de grupos privados que realizaban estos aportes a cambio de favores inmorales. De esta manera la corrupción política ha decaído y Chile pasó de tener un indicador de IPC de 65.38 para 2015 y empezaría este año con un indicador de 67 (se entiende que cuanto más lejano a 10 es menos corrupto), logrando la hazaña de “limpiar” de malversaciones a la Administración Pública de una manera sublime.
En definitiva, se debe valorar el esfuerzo del país latino en sus intentos por mejorar la transparencia de sus organismos e instituciones públicas, cuando de esta menea un gobierno legítimo y transparente donde los favores personales, los sobornos, la malversación de fondos, el despotismo y otras irregularidades ya no sean un problema para la imagen pública del país, tomando a la nación como un modelo a seguir para vecinos como Venezuela (posee un IPC de 18), Haití (IPC de 22) o Nicaragua (IPC de 27), cuyas instituciones al servicio de los ciudadanos deja mucho que desear.
Una vez más, se demuestra que un país libre de corrupción es un país que se encuentra en vías de crecimiento en todos sus aspectos de interés (político, económico y social) y, en el caso de no ser así, gozará de un gran contexto internacional dentro de la época, algo muy importante en este siglo de globalización.