Durante la jornada de este lunes se realizó una nuevo sesión de la Comisión Investigadora del Crédito con Aval Estatal y créditos universitarios en general de la Cámara de Diputados y presidida por Camila Rojas (IA). La ocasión contó con la presencia de la Contraloría General de la República representada por su cabeza, Jorge Bermúdez. También asistieron el director del Sernac, Lucas del Villar.
Según la información provista por la CGR, el fisco ha transferido a los bancos millonarias sumas de dinero por concepto de recarga a la recompra de los créditos. Estas ganancias para los bancos, fueron el modo de hacer atractiva su participación en el sistema, y han llegado hasta el 90% de lo re comprado en algunos casos. La Comisión Ingresa estimó que estos montos alcanzan los 571 mil millones de pesos.
Contraloría señaló que dicho monto no ha sido debidamente justificado por Ingresa. De hecho, en las últimas licitaciones el Estado ha recomprado la totalidad de los créditos entregados por la banca, pagando el respectivo sobreprecio.
Dependencia del CAE
Se pudo establecer durante el debate que existe un conjunto de universidades masivo lucrativas que, si no fuese por el CAE, no podrían funcionar. Se trata de casas de estudio que capturan cerca del 70% de los CAE cada año e incluyen corporaciones como Laureate, Santo Tomás, San Sebastián, e Inacap, entre otras. Muchas de las cuales se han visto involucrados en irregularidades vinculadas a acreditaciones y en retiro ilegal de utilidades. En estas instituciones, más del 50% de los estudiantes estudian con CAE.
Cláusulas abusivas e ilegales
Se produce una zona gris a la hora de determinar jurídicamente si el CAE se contrae a través de contratos que son competencia del Sernac o no. Lucas del Villar argumentó que no era materia de competencia del Sernac, porque la ley del CAE 20.027 y su respectivo reglamento las excluye, en razón de su carácter especial. Sin embargo, el también presente el profesor de Derecho del Consumidor de la universidad de Chile, Mauricio Tapia, rebatió que sí podría ser aplicable la ley de Protección a los Derechos de los Consumidores.
En ese sentido, conforme a lo señalado por el mismo Sernac, si se aplicase la ley de protección a los consumidores, muchas de las cláusulas y condiciones a los deudores del CAE serían calificadas de abusivas e ilegales, con especial atención a la vulnerabilidad de estos deudores, que son en su mayoría estudiantes provenientes de familias de escasos recursos.
Nuevo crédito
El contralor Jorge Bermúdez no perdió oportunidad de realizar un comentario sobre el nuevo crédito propuesto desde el Ejecutivo como aquel que reemplazaría el actual CAE y desbancaría el sistema. Bermúdez señaló que la propuesta del proyecto, de constituir una sociedad anónima para administrar el crédito, imposibilitaría el control por parte de los órganos del estado. Eso a menos que se ponga expresamente que habrá control de alguno de los órganos.