“Aquí va a haber un escenario de confrontación (armada)”. Quien habría pronunciado —palabras más, palabras menos— esa frase aterradora no estaba recitando el libreto de una escena teatral. No hacía un chiste de mal gusto ni alardeaba, borracho, con iniciar una balacera. Quien la habría pronunciado tampoco es un chisgarabís que se las quiere dar de valentón. Es un general de la República que alcanzó el rango más alto posible en defensa y seguridad nacional: comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, país en que (sin poderse establecer, aún, el número real de vidas segadas entre tiros, bombas y granadas), la guerra ha dejado un saldo de 220.000 asesinatos documentados; 5’700.000 desplazados; 1.980 pueblos masacrados; 25 mil seres humanos desaparecidos y 27 mil secuestrados, según los datos más serios pero muy cautelosos de que disponemos, sobre la tragedia que hemos padecido durante 60 años de muerte*. Hasta cuando se firmó el Acuerdo de Paz y esas cifras bajaron de manera notable. El general (r) Leonardo Barrero Gordillo, quien se desempeñó en las zonas conflictivas, sabe de lo que está hablando. Por eso da escalofrío oírlo describir el que sería el anticipo de uno de los propósitos del gobierno electo del uribismo del que conocemos, a ciencia cierta, que representa la oposición feroz al Acuerdo, aunque se vista de caperucita antes del baile de su posesión, el 7 de agosto. Después se pondrá el camuflado de acuerdo con Barrero Gordillo, uno de los integrantes del comité de enlace en Defensa del presidente Iván Duque. Ocurrió el viernes pasado durante una reunión de empalme en que también estaban presentes otros miembros del partido ganador y prestantes funcionarios del ministerio del ramo.
La conversación giraba en torno al Centro de Rehabilitación Inclusiva (CRI), un hospital modelo en Latinoamérica construido con aportes de Corea y con capacidad para atender a 1.200 heridos en combate, al año, en la recuperación de sus funciones físicas, emocionales y psicológicas. Ante la nueva realidad de descenso en número de pacientes, se miraba la posibilidad de ampliar los servicios del CRI a los civiles que requirieran este tipo de atención. Fue entonces cuando el general Barrero se opuso con el argumento macabro de que muy pronto, cuando la administración Duque pudiera poner la casa en el orden que Santos desbarajustó con la firma de la paz, se necesitarían todos los recursos disponibles para atender a las víctimas de mutilaciones que seguramente llenarían, de nuevo, las clínicas militares. Se refería a la estrategia de “confrontación” directa (lo que implica aumento de heridos y muertos) que se activará en cuanto asuma las riendas el gobierno Duque, estrategia que se opondrá a la “pasividad” del Ejecutivo actual. Añadió Barrero que se estaba presentando la paz como si fuera una maravilla pero que era, en realidad, un desastre que habría que entrar a corregir. El general del enlace no dijo nada que no piense el núcleo de Álvaro Uribe. Lo que sorprende es que el que se supone que es su nuevo líder, es decir, quien ganó las elecciones, refleje otro ánimo: el del presidente de todos, el del fin de la polarización, el del respeto por el Acuerdo al que no volvería trizas, sino le haría “modificaciones”. O bien Duque maquilla, mintiendo, lo que le viene al país pierna arriba, o bien ya empezaron a dejarlo solo los uribistas que no necesariamente son duquistas, antes siquiera de que jure cumplir la Constitución.
Memoria en píldoras: el general Leonardo Barrero fue retirado, por Santos, de la comandancia de las Fuerzas Militares cuando se descubrieron las grabaciones de varias de sus conversaciones con el tristemente célebre coronel González del Río, condenado por 46 (¡46!) falsos positivos, es decir, asesinatos fríamente ejecutados. Barrero le sugería a González crear, junto con otros incriminados en delitos de guerra, “una mafia” para denunciar a los fiscales que los investigaban. Después de estar más de cinco años preso, González se acogió a la JEP y empezó a revelar nombres de generales envueltos en esos ilícitos. Y aquí llegamos a un punto central: Barrero fue candidato quemado al Senado del Centro Democrático este año, puesto en la lista por influencia de Paloma Valencia, la fogosa congresista que, casualmente, introdujo, en la legislación la semana pasada, una sala de juzgamiento especial para militares, paralela a la JEP. Queda claro que lo que pretende no es apoyar a los inocentes, sino callar la verdad que van a contar los subordinados sobre los altos estratos de la oficialidad colombiana. Con esa perspectiva, ¿cómo no va a volver “la confrontación” (armada)? Preparémonos.
(*) Informe Basta ya. Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013