Relaciones entre la DC y la izquierda: El “acuerdo” de la Cámara que indujo el golpe

Durante la segunda huelga insurreccional contra el Gobierno iniciada el 26 de julio de 1973, Salvador Allende “dialoga” con Patricio Aylwin, presidente de la Democracia Cristiana, el 30 de julio en La Moneda y el 15 de agosto en casa del Cardenal. Allende ofrece promulgar la reforma constitucional votada por mayoría simple a condiciónque, en adelante, las reformas constitucionales requieran dos tercios.

 

 

Y propone legislar sobre todas las medidas en que hay concordancia con la dc. Pero Aylwin exige que los ministerios, subsecretarías y mandos medios pasen a manos de militares y que se tomen medidas contra el mir y el ps, lo que implica el quiebre de la Unidad Popular. Al mismo tiempo, la dc y el pn preparan un texto de deslegitimación al Gobierno que será votado por la Cámara el 22 de agosto.

 

Sexto y último artículo sobre las relaciones entre la dc y la izquierda.[1]

 

El presidente de la dc explica que no acepta conversar de reformas constitucionales y leyes, ya que la situación del país no admite espera, se requiere una “tregua” que presenta así: “Ud, la Unidad Popular y la Oposición confían en la lealtad de las Fuerzas Armadas al régimen constitucional. Son pues las únicas que, con una fuerte representación institucional en el gabinete, en las subsecretarías y en los mandos medios, darían a todos seguridad”.[2]Además, exige la ruptura de Allende con la mayoría del ps.[3]

En claro, Aylwin exige que Allende pase a ser una figura decorativa en un gobierno militar encargado de reprimir a una parte de la izquierda. Algo semejante a lo acontecido un mes antes en Uruguay. Allí el Presidente Bordaberry, el 27 de junio, había remplazado a los ministros civiles por militares, disuelto el Parlamento y la central sindical, prohibido los partidos políticos e intervenido la Universidad.

Allende, recuerda Joan Garcés, no acepta negociar la sobrevivencia formal del Gobierno –sin duda por poco tiempo– a precio de renegar de los proyectos sociales que encarna. Resuelve no hacer nada que divida la up y que ponga término al movimiento revolucionario.

 

La trama

Esos días las directivas del pn y de la dc deciden, por separado, preparar un texto que deslegitime al Gobierno. Los “nacionales” encomiendan su redacción al jurista Enrique Ortúzar[4] y al senador Francisco Bulnes. Aylwin pide lo mismo a Claudio OrregoVicuña[5], hombre de confianza de Frei. Éste se entera, a través del senador dc Hamilton, que el pn ya dispone de un texto. Orrego lo encuentra “bien hecho”; con Bulnes formula algunas correcciones menores y lo presenta a Aylwin.

El texto se asemeja al “acta de deposición” del Presidente Balmaceda de 1891: declara frontalmente “la ilegitimidad del gobierno”. Pero los juristas dc optan por una formulación más fina que les evite el estigma de golpistas. Hablan de la ilegitimidad de los “actos” del Gobierno[6].

La redacción definitiva afirma que el Gobierno “desde sus inicios está empeñado en conquistar el poder total” para “instaurar un sistema totalitario”. Para eso ampara “la creación de poderes paralelos, ilegítimos”; usurpa las facultades del Congreso utilizando ‘resquicios legales’ y decretos de insistencia. Deja sin efecto las destituciones de ministros y se niega a promulgar la reforma constitucional. Deja sin aplicación sentencias judiciales y los dictámenes de la Contraloría. “Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión” al ejercer presiones económicas a los medios, encarcelar periodistas e imponer ‘cadenas’. Ha violado la autonomía universitaria al “amparar la usurpación de canal 9”. Ha atentado contra el derecho de reunión al reprimir manifestaciones. Atenta contra la libertad de enseñanza cuando aplica el decreto de democratización de la enseñanza. Ha amparado más de 1.500 tomas, incurrido en frecuentes detenciones ilegales y desconocido los derechos de los trabajadores. Ha puesto requisitos para salir del país. Ampara organismos como los comandos comunales, comités de vigilancia, etc., y grupos armados, para “servir de base a la dictadura totalitaria”. Y ha intentado “infiltrar” las ffaa.

Acuerda: “Representar al señor Presidente de la República y los señores Ministros de Estado miembros de la Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros el grave quebrantamiento del orden constitucional…”. Y representar a “dichos señores Ministros” que “les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hechos referidas”.

A pedido de 53 diputados el presidente de la Cámara Luis Pareto (dc) fija una breve sesión para “tratar la situación chilena”, de 12h a 14h30, el miércoles 22 de agosto.

Un día antes, Radomiro Tomic es alertado que el objeto de la sesión es votar un llamado al golpe. Contacta a los diputados dc Huepe y Ruiz-Esquide, antigolpistas como él (el término es pertinente en esa fecha) y obtienen una entrevista con Aylwin y con el secretario nacional de la dc Eduardo Cerda, en el local del Partido, el mismo día 22, dos horas antes de la sesión.

Aylwin les presenta el texto afirmando que ha sido preparado por Claudio Orrego y César Fuentes y que se ajusta al derecho. Tomic le pregunta si han colaborado diputados de derecha. Aylwin responde “no”,[7] mintiendo. Los tres democratacristianos antigolpistas consideran que es muy duro y rechazan dos puntos: la declaración de la inconstitucionalidad de las conductas del Gobierno y el llamado a los jefes de las ffaa.

Vino la ‘transaca’, recuerda Ruiz-Esquide. A cambio del voto de los diputados dc reticentes, se retira el llamado a los jefes militares y, sobre todo, se acuerda que el diputado Eduardo Cerda tomará la palabra en la Cámara para explicar que este voto no tiene por objetivo, ni siguiera remoto, justificar un golpe militar. Se insertan correcciones manuscritas y Orrego parte con el texto.

En la Cámara es presentado por ocho diputados dc, tres del pn y uno del pir[8], que sin duda descubren ahí la versión definitiva. Lo defienden los dc Claudio Orrego, César Fuentes y Ricardo Hormazábal, y los pn Hermógenes Pérez de Arce y Mario Arnello.Lo impugnan los diputados de la Unidad Popular Luis Maira, Camilo Salvo y Jorge Insunza.

Se suspende la sesión y se fija la votación a las 19h. Allí Jorge Insunza pide sesión secreta. Después de la evacuación de las tribunas, advierte que, ante la eventual destitución de Allende, los peruanos podrían “caminar al sur”. Se reabre la sesión pública: el texto es votado por 81 contra 47.

 

Compromisos incumplidos

Ninguno de los compromisos contraídos porAylwin y Cerda con los diputados dc antigolpistas fue respetado. El llamado a los militares se mantuvo y Eduardo Cerda no habló.

Cuarenta años más tarde, Cerda intenta explicarseen sus memorias poco rigurosas e influenciadas por la propaganda golpista.[9] Afirma que sale de la sede del Partido a la Cámara las 16h, pero tarda “a causa de un tumulto”; va a la sala de la presidencia a las 18h30, cuando la sesión estaba suspendida. Allí comunica su misión a un gran número de diputados dc “entre los contrarios a mi intervención y a los que la apoyaban encabezados por Leighton”. Como había concluido el breve debate, sólo se podía dar la palabra por acuerdo unánime. Los diputados del pn y de la dc se la niegan; algunos dc son más precisos: “nosotros queremos el golpe”. Por este motivo, afirma, se queda en la oficina de la presidencia de la Cámara y no va al hemiciclo.[10]

Las explicaciones a posteriori de Cerda, presentándose como víctima silenciada, resultan poco convincentes. En efecto, ¿Por qué salió del Partido a las 16h cuando el debate era a las 12h? ¿Por qué no impuso la disciplina a los diputados dc golpistas –que aún encubre– condicionando el voto de la dc al uso de la palabra? (otros dc hablaron) Y ¿Por qué no dio a conocer lo acordado por la prensa?

“Nunca he sabido por qué no llegó Cerda –comenta Ruiz-Esquide– estuve mucho tiempo sin hablarme con él. Creo que no llegó porque no quiso llegar. En su libro dice que no lo dejaron hablar. Yo no recuerdo que haya llegado al hemiciclo”.

Ante la ausencia de Cerda, José Monares, jefe de comité dc, pregunta ¿qué hacer? a los ocho diputados reticentes[11]. Le piden que hable para precisar que el acuerdo no implica golpe. Lo hace durante la sesión secreta. Justamente por eso, nadie se entera, salvo los diputados presentes. Y el secreto impide difundir la intervención. Los antigolpistas dudan, pero Leighton aconseja votar, por disciplina de Partido.

Un interesante análisis de los juristas Ramón Briones y Hernán Bosselin[12]destaca vicios en el acuerdo. Los oradores se refieren a la situación del país y a lo que denominan quiebre de la juridicidad, pero ninguno “razonó ni siquiera livianamente sobre las 14 infracciones a la Constitución Política y a las leyes que en el texto del acuerdo se le achacaba al gobierno de Allende”, salvo Insunza que denuncia una ofensiva destinada a desencadenar un golpe. La aprobación apresurada indica que una reflexión sobre su contenido y alcance no era el objetivo de sus promotores.

Más grave, elacuerdo transgrede la Constitución. En efecto, cuando la Cámara fiscaliza los actos de Ejecutivo la Constitución le impone transmitir las observaciones al Presidente. Sólo a él. Y en ningún caso a militares, como se hizo.[13]

Retrospectivamente, es evidente que las acusaciones son absurdas. Durante el Gobierno de Allende imperó un respeto irrestricto a los derechos democráticos; ningún tribunal, bajo dictadura, pudo constatar algo ilegal. Lo cierto es que 20 días más tarde los derechos mencionados en el acuerdo -y otros-serán brutalmente suprimidos, con el vivo apoyo de sus redactores. Lo que indica que la vociferante defensa de derechos constitucionales fue un pretexto. Los autores del golpe –constatan Briones y Bosselin– se inspirarán ampliamente del acuerdo para redactar el Bando N° 5 que fundamenta el “pronunciamiento”.