Terminar con privilegios procesales en el ámbito judicial del mundo eclesiástico-religioso es el fin del proyecto aprobado este jueves por la Sala de la Cámara de Diputados, por 117 votos a favor y una abstención. La iniciativa contó con discursos que, en particular desde la oposición, levantaron fuertes críticas a la curia católica, debido a los hechos conocidos por la opinión pública en torno a abusos a menores y a jóvenes.
Tal como se explica en el informe de la Comisión de Constitución, la regla general en el procedimiento civil es que toda persona deba testificar en el tribunal. Sin perjuicio de aquello, este cuerpo legal establece que determinadas personas, en razón de su cargo o función pública, queden exentas de comparecer, otorgándoles el derecho de prestar declaración en el domicilio que ellos fijen, dentro del respectivo territorio jurisdiccional del tribunal.
El Código de Procedimiento Civil dispone que se encuentran exentos de comparecer ante el tribunal, el Presidente de la República, los ministros de Estado, entre las principales autoridades de Gobierno, así como los parlamentarios, alcaldes, miembros de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, fiscales judiciales, fiscales regionales del Ministerio Público y oficiales en servicio activo y en retiro.
Asimismo, la misma norma establece que también se encuentran exentos de comparecer ante el tribunal las autoridades eclesiásticas, como son el arzobispo y los obispos, los vicarios generales, los provisores, los vicarios y provicarios capituales; y los párrocos, dentro del territorio de la parroquia a su cargo. Incluso los religiosos y los novicios pueden hacer uso de este derecho.
Por efecto de esta iniciativa legal, se excluyen del listado de personas afectas al régimen especial a todas las autoridades eclesiásticas recién mencionadas.
La iniciativa, derivada ahora a segundo trámite al Senado, nació en una moción del diputado René Saffiriio (IND), junto a los exparlamentarios Claudio Arriagada, Aldo Cornejo y Ricardo Rincón.