Notas para la historia (6): dos hitos decisivos en las relaciones entre la UP y la DC

La bonanza que viven la DC y la UP durante las primeras semanas del gobierno de Allende, encarnada con la inscripción en la Constitución de derechos democráticos y sociales, dura poco. Desde mediados de 1971 la dc pasa a una oposición cada vez más dura.

 

 

La metamorfosis de la dc del “socialismo comunitario” en 1970 a la constitución de un bloque con la derecha en 1972, hasta redactar con la derecha el documento que legitima el golpe en 1973, con el apoyo de buena parte de su base, es un elemento crucial para comprender el desenlace del 11 de septiembre.

Tal mutación pasa al menos por dos hitos decisivos: el proyecto de reforma constitucional sobre las áreas de la economía asociado a la exigencia de promulgarlo a través de un dudoso procedimiento. Y una negociación con el Gobierno en junio 1972 que, pese a concluir con un acuerdo, será boicoteada.

 

Séptimo artículo[1] sobre las relaciones entre la dc y la izquierda.

 

El viraje democristiano comienza con críticas a la iniciativa de crear tribunales vecinales y a la nacionalización de la banca, pidiendo cooperativas en algunos casos. Poco después la dc acusa al Gobierno de nacionalizar industrias “a través de procedimientos de dudosa legalidad”, denuncia actos de “sectarismo” contra democratacristianos y crea una instancia encargada de registrarlos. Un ejemplo son las amenazas de embargo por los bancos nacionalizados contra los deudores que habían financiado la campaña Tomic.

La derechización se acelera después del asesinato del ex ministro Edmundo Pérez, el 8 de junio de 1971, por una pretendida organización revolucionaria;[2] las iras se tornan contra el Gobierno. En julio la dc presenta, aliada con la derecha, un candidato a diputado a una elección complementaria en Valparaíso. Esto provoca la renuncia al Partido del ala izquierda que constituye la Izquierda Cristiana e ingresa a la up. Sin ella, la dc pasa a la oposición radical.

La precariedad de la “luna de miel” entre la dc y la up y las dificultades para conseguir un entendimiento durable, pese a las coincidencias programáticas entre Tomic y Allende, fueron detectada a fines de 1970 por Joan Garcés y por Frédéric Debuyst, en un estudio comparativo de los tres programas electorales. Concluye que es probable que la dc se desplace a un bloque dc-pn.[3]

 

La crisis institucional

En octubre 1971, los senadores dc Juan Hamilton y Renán Fuentealba presentan un proyecto de reforma constitucional que ratifica las tres aéreas de la economía añadiendo las “empresas de trabajadores” (cooperativas) y reserva al Estado una larga lista de actividades “estratégicas”[4]. Pero despoja al Ejecutivo de la facultad de nacionalizar empresas por decreto, transfiriéndola al Legislativo; limita a 180 días la facultad del Gobierno de intervenir y requisar empresas; y declara nulos los convenios de compras de acciones celebrados por la corfo para nacionalizar empresas.[5] Tal disposición fabrica a posteriori un vicio de nulidad para anular un contrato (la compra de acciones), inexistente cuando fue celebrado. Una aberración jurídica.

El Congreso vota la reforma, el 19 de febrero, por 103 votos contra 38 y una abstención. Ese día, Hamilton enuncia una peculiar interpretación de la Constitución que creará el principal conflicto institucional del período.

Hasta entonces procedimiento para reformar la Constitución se asemeja al trámite de una  ley: si lo aprueba el Parlamento pero lo veta el Ejecutivo, el Parlamento puede “insistir” con dos tercios. Si los alcanza, la reforma es adoptada; si no es abandonada. Pero en 1970 había entrado en vigencia una reforma a la Constitución que permite al Presidente, si lo estima necesario, someter a plebiscito los puntos de desacuerdo de una reforma constitucional.

La posibilidad de convocar un plebiscito –pretende la oposición– ­deja caduco el veto del Ejecutivo y la mayoría especial de dos tercios. El Ejecutivo sólo puede promulgar lo votado, aunque sea por mayoría simple, o convocar un plebiscito. Tal “interpretación” entrega a la mayoría parlamentaria la posibilidad de modificar la Constitución, transformando el régimen en Parlamentario. Podría, por ejemplo, acortar el mandato presidencial. El Ejecutivo responde, el 6 de abril, vetando los artículos que cercenan sus prerrogativas.

A esta crisis institucional se suman nuevas tensiones.En diciembre 1971 la dc introduce una controvertida acusación constitucional contra el ministro del Interior José Tohá, acusándolo de amparar grupos armados. Luego presenta candidaturas conjuntas con la derecha en dos elecciones complementarias.

El 12 d abril la oposición organiza una gran manifestación cuyo orador único es Patricio Aylwin, en un clima de “creciente proceso de facistización” de la oposición, según Genaro Arriagada (dc).[6] Una semana más tarde la up replica con otra manifestación tan o más masiva donde Allende anuncia la disposición de su gobierno a “concurrir a una consulta plebiscitaria pero sobre un conjunto de cuestiones fundamentales, a realizarse el próximo año”.

 

La negociación Gobierno – DC

El Presidente resuelve desbloquear la crisis institucional negociando con la dc. Aunque en el Gobierno, opina Luis Badilla, nadie, o casi, cree en la posibilidad de un acuerdo, salvo Allende y hasta cierto punto el pr y el pc. El ps se opone a la negociación hasta mediados de junio, pero informa que, aunque considera improbable que pueda fructificar, no pondrá obstáculos.

El ministro de Justicia Manuel Sanhueza establece contactos en marzo 1972 pero debe ser remplazado después que su Partido de Izquierda Radical (en realidad de derecha) se retira del Gobierno y de la up en abril 1972. Los prosigue el nuevo ministro, el joven abogado radical Jorge Tapia. Dispone de amplios poderes limitados por tres exigencias: mantener las facultades presidenciales; identificar las empresas estratégicas que pasarán al área social y no aceptar reformas constitucionales por mayoría simple.

Jorge Tapia contacta primero al senador dc Tomás Pablo y luego a Renán Fuentealba. La dc, según Punto Final, pone un precio a las conversaciones: la entregara de la concesión de la radio Balmaceda. La obtiene por 30 años[7].

El Gobierno es representado por Rafael Agustín Gumucio (ic), Sergio Insunza (pc), y a veces por Orlando Millas, ministro de Economía desde el 17 de junio. La dc por su tercer vicepresidente Felipe Amunátegui (quien ya es golpista[8]) y por el consejero Sergio Saavedra en contacto directo con el presidente Renán Fuentealba[9].

Los contactos, reservados en mayo 1972 y públicos a partir del 12 de junio, son amigables –recuerda Gumucio–, y se prolongan ya que los democristianos consultan regularmente al Consejo de la dc.

A fines de junio alcanzan un acuerdo global:

1.     Unas 80 empresas pasarán al área social, (sobre 91 propuestas por el Gobierno), precisando el mecanismo de indemnización a los propietarios; 13 permanecen en el sector privado, entre ellas la Papelera. Fuentealba señala que el Gobierno se compromete a devolver unas 150 empresas requisadas o intervenidas.

2.     En lo sucesivo, los eventuales traspasos de empresas al área social o mixta se harán por ley.

3.     Las facultades del Ejecutivo de requisar e intervenir empresas quedan limitadas a 90 días prorrogables una vez.

4.     Los bancos nacionalizados serán administrados por un director designado por el Estado y cinco electos por sus trabajadores. Fuentealba afirma que se decidió mantener en el área privada a pequeños bancos regionales.

5.     Las empresas mixtas serán administradas por el Estado, el capital privado y los trabajadores.

6.     No se estatizarán las pequeñas y medianas empresas mineras, industriales, agrícolas y comerciales.

7.     Se crean las “Empresas de trabajadores”.

8.     Se creará un tribunal encargado de conocer los reclamos sobre discriminaciones en empresas mixtas y privadas.

9.     Se destina el 50% de los anuncios públicos a medias no estatales.[10]

En resumen, la dc consigue lo esencial de sus reivindicaciones; el Gobierno obtiene una lista de las empresas que pasarán al área social y una expectativa de “distensión”. Allende propone a la directiva de la dc un acuerdo legislativo[11]: la up con la dc enviarán simultáneamente proyectos de ley incluyendo las empresas nacionalizadas y las “de trabajadores”.

A fines de junio, el Senado debe votar los vetos del Ejecutivo al proyecto de reforma constitucional “Hamilton-Fuentealba”. El presidente de la dc, Renán Fuentealba, debía instruir a sus senadores de que postergaran la votación ya que el proyecto quedaría caduco una vez aprobadas las leyes concertadas. Todo fue preparado por el Ejecutivo[12].

Pero Frei, desde Europa, envía instrucciones perentorias de no llegar a ningún acuerdo[13] ya que, –apunta su biógrafo–, no cree en absoluto en el Gobierno y siempre pensó que cualquier negociación con éste era una forma de engaño[14]. Las Ultimas Noticias del 28 de junio titula: “Frei disgustado por diálogo con el Gobierno”.

Los senadores dc Juan Hamilton y Rafael Moreno, ignorando los acuerdos alcanzados por la directiva de Fuentealba y alineados con Frei, salen de la sala para evitar el quorum necesario para postergar el voto de los vetos. Igual que LuisBossay de “izquierda radical”. Lo que marca el fracaso de las negociaciones. Pocas semanas después la dc forma la “Confederación democrática” con el pn.

El boicot al acuerdo revela con elocuencia donde reside el poder en la dc. Pese a la desautorización pública, el presidente del Partido no intenta retomar la negociación ni sancionar a los senadores transgresores. Simplemente se resigna. La célebre sentencia mexicana aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente[15] se aplica a la posición de Fuentealba y de Frei en el Partido.