El bajo nivel jurídico y el sesgo político ultra derechista — por no decir fascista — de algunos miembros del Tribunal Constitucional han quedado de manifiesto con las declaraciones de su presidente Iván Aróstica en un encuentro del TC chileno con los miembros del Tribunal Constitucional alemán de visita en Santiago.
El abogado Iván Aróstica, actualmente presidente del Tribunal Constitucional chileno, sin empacho alguno, declaró ante los juristas alemanes que “el golpe de 1973 puso fin a un quiebre institucional previo”. En abierta contradicción con la verdad histórica que se expresa en las posiciones de la misma Corte Suprema y de los informes Rettig y Valech I y II que van en el sentido de afirmar que la constitucionalidad funcionó hasta el 10 de septiembre.
Nelson Pozo, ministro actual del TC en minoría, contradice la versión golpista del presidente del TC al afirmar en entrevista a diario capitalino que con el Golpe “hubo un gobierno de facto, una Constitución que recién se dio en el año 1980”.
Iván Aróstica ha ido demasiado lejos con su posición golpista y deja en ridículo a los juristas chilenos ante los constitucionalistas alemanes. El presidente del TC, al justificar el golpe está justificando la violación de los Derechos Humanos y el atropello de las libertades republicanas, principios base de todas las constituciones modernas. Al paso que justifica el cierre del poder legislativo y el control del poder político por fuerzas neoliberales que destruyeron derechos sociales obtenidos por el pueblo.
Con la llegada de Piñera al Gobierno las fuerzas ultraderechistas y ultraconservadoras se han envalentonado. Es así como individuos como Aróstica, incapaces de someterse a las reglas de la prudencia jurídica, emiten opiniones que no se condicen con su cargo ni con la verdad histórica ni menos con la tradición democrática.
Hay razones de sobra para que los parlamentarios de la oposición vean la posibilidad de exigir la destitución de Aróstica del TC y de levantar una acusación constitucional por hacer una apología de la violencia y de la destrucción de las instituciones democráticas, entre ellas de la Constitución vigente en 1973.
Escrito por Leopoldo Lavín Mujica