En editorial de este domingo 29 de abril El Mercurio hace una defensa sin matices de las posiciones asumidas por el Fiscal Nacional Jorge Abbott. Ambas posturas contradicen toda lógica democrática al defender la idea de que el desafuero de parlamentarios corruptos, aún en casos de cohecho y soborno, pone en peligro el orden institucional. Así, el “Decano” de la prensa monopólica arremete contra las “pretensiones punitivas” de algunos ex fiscales honestos sensibles al clamor de la ciudadanía.
Las experiencia reciente es nítida: las leyes chilenas son laxas cuando se trata de perseguir delitos de corrupción en la política.
Los fiscales han demostrado ser débiles en el aspecto profesional. Son, como los casos de SQM, Penta y Corpesca lo prueban, las prácticas corruptas de los empresarios que corrompen, y de los políticos y los ministros o subsecretarios de ministerios que se dejan corromper, los que tienen al país al borde de convertirlo en una vulgar república bananera al servicio de la oligarquía empresarial. Sin olvidar las decisiones aberrantes del Tribunal Constitucional (TC) que van en el mismo sentido.
Pese a la Reforma Procesal, la institucionalidad no se adapta a las mutaciones de la época ni a la nueva subjetividad crítica de amplias franjas ciudadanas.
Que un medio como El Mercurio que apoyó a una dictadura criminal defienda hoy las posturas elitistas en el plano de la justicia, y que lo haga en nombre del “orden”, es un signo más del atraso político de la democracia chilena.
Son las fuerzas democráticas y de izquierda las que deben aprovechar las oportunidades políticas del momento y profundizar su proyecto, pues las fuerzas de ultraderechas conservadoras, que ahora cuentan con el nuevo partido de J.A. Kast, están al acecho para captar incautos con las mismas monsergas acerca del “orden y los valores cristianos” que defiende El Mercurio.
Que un medio como El Mercurio que apoyó a una dictadura criminal defienda hoy las posturas elitistas en el plano de la justicia, y que lo haga en nombre del “orden”, es un signo más del atraso político de la democracia chilena.
Situación a la que se agrega una actitud blanda y complaciente de los jerarcas del Ministerio Público inducida por la presencia de un Gobierno de derecha neoliberal y conservadora a cuya cabeza está un empresario-político cuya aptitud para sobreexponerse es parte de su ADN.
Esto es útil —la sobreexposición (como en el nepotismo recurrente) del gobierno de la oligarquía— para las fuerzas democráticas y antineoliberales pues las prácticas de la elite empresarial en el poder permiten hacer pedagogía política y creación de consciencia basadas no en la ideología sino en los porfiados hechos. Es decir a partir de las consecuencias de las decisiones concretas que toma un gobierno que favorece a los mercados, al capital y que promueve la devastación ambiental territorial y oceánica.
Un gobierno que usa los cucos del terrorismo y el déficit fiscal para desviar la atención.
Ha habido una falta de voluntad política por todos los gobiernos posdictadura para prever este tipo de situaciones.
Los imperativos económicos empresariales y del modelo que concentra la riqueza y genera desigualdad han dominado por sobre lo que algunos llaman la “modernización del Estado” o la ética política. Se está lejos de los parámetros de lucha contra la corrupción establecidos por la OCDE.
Obvio, un “Estado moderno” y democrático comprometido con el bienestar de sus ciudadanos sabe combatir la corrupción de raíz, cosa que en Chile no ha sucedido ni sucederá al menos que se desarrolle un movimiento social contra la corrupción y contra la impunidad de los grandes empresarios que han logrado domesticar la justicia, y que obligue a votar una legislación dura con pena de cárcel.
Sin embargo, no faltan los “foros” acerca del tema de la “modernización del Estado” (sin hablar de Estado con responsabilidad social). Allí, la orientación de las intervenciones de los panelistas insiste en los concursos para los puestos de alta dirección y en dar certezas y buenas condiciones a la actividad empresarial y a la inversión extranjera, pero dónde, no obstante, se evita tocar el tema de la corrupción de la política íntimamente ligada a su captura por los intereses oligárquicos.
Por Leopoldo Lavín Mujica