“Hay ex jefes del Mineduc, ex superintendentes de AFP, ideólogos comunicacionales de la dictadura y altos dirigentes políticos de los gobiernos de la Concertación. Varios de ellos obtienen más de $100 millones anuales por prestar su nombre para sumar influencia a los asientos de los directorios del Grupo Laureate. Pilar Armanet, rectora de la Universidad de Las Américas hasta marzo de este año, no es un caso aislado”, señala reportaje de Ciper.
Además puede leerse: “El ex presidente estadounidense Bill Clinton fue uno de los principales voceros del Grupo Laureate a nivel global entre 2010 y 2015. Investido como “canciller honorario” del grupo, recibió casi US$ 18 millones por esa función, según una investigación del Washington Post. Tener a Clinton en sus filas le permitió a Laureate ganar respeto e influencia a nivel mundial. El mismo modelo lo han replicado en Chile, contratando a ex dirigentes políticos para darle mayor seriedad y peso a sus instituciones”.
Ciper en investigación periodística puso los puntos sobre las ies al escribir negro sobre blanco las dimensiones del negocio de las universidades privadas y de las redes de protección de las cuales gozan.
Ahora CIPER revela el contenido de los informes completos del Mineducsobre el funcionamiento de las universidades Andrés Bello, de Las Américas y de Viña del Mar.
La investigación periodística accedió a la contabilidad de tres universidades y revisó los cuantiosos montos pagados a figuras de la Concertación y de la derecha que aterrizaron en Laureate. Esas mismas figuras gozan de tribuna en distintos medios de comunicación para defender el modelo educativo y financiero del grupo de educación superior privada.
Según el reportaje, el ex decano de la Facultad de Derecho de la UNAB, Alfredo Ugarte,relató que para fiscalizar el cumplimiento de las metas impuestas a cada facultad, Laureate (empresa transnacional norteamericana de la educación) instaló coordinadores económicos, a cargo del vicerrector de Finanzas de la universidad. Y agregó: “Los directivos y vicerrectores se reunían a lo menos una vez al semestre en Miami con los representantes de la plana mayor de Laureate (…) Los resultados obtenidos en estas reuniones eran los que en definitiva autorizaban los fondos y gastos de la universidad”.
La investigación periodística accedió a la contabilidad de tres universidades y revisó los cuantiosos montos pagados a figuras de la Concertación y de la derecha que aterrizaron en Laureate. Esas mismas figuras gozan de tribuna en distintos medios de comunicación para defender el modelo educativo y financiero del grupo de educación superior privada.
Y vamos viendo nombres y relaciones de personajes del mundillo político. “El pasado domingo 8 de abril, el médico Hernán Sandoval (PPD) –ex embajador en Paris y amigo de Ricardo Lagos– apareció a página completa en Reportajes de El Mercurio afirmando: “Da lo mismo si el controlador de una universidad tiene fines de lucro”. Lo hizo precisamente en momentos en que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional un artículo de la Reforma a la Educación que prohibía que instituciones con fines de lucro controlen universidades. Ese fallo desató una lluvia de críticas y reavivó la oposición pública al lucro universitario. Esa misma semana la Federación de Estudiantes de la UDLA, protestó contra Laureate luego de que CIPER revelara las conclusiones de la investigación del Mineduc sobre el plantel. El controlador estaba en apuros. Sandoval es el decano de la Facultad de Salud de la UDLA y el requerimiento al TC fue presentado por Pilar Armanet, también militante del PPD y entonces rectora de la misma universidad. No hay claridad del sueldo que recibió Armanet durante cuatro años como rectora de la UDLA (dejó el cargo hace unos días), pero se puede inferir. Su antecesor en la rectoría, José Pedro Undurraga, declaró en la Fiscalía (en la causa por lucro, ya concluida) que su remuneración mensual era de $20 millones y que los pagos los realizaba una filial de Laureate, no la universidad.
Entre 2008 y 2012 la UDLA tenía en su directorio a figuras de la derecha y de la izquierda. Allí estaban Manfredo Mayol, asesor comunicacional de la UDI y colaborador de la dictadura; Genaro Arriagada (DC), ex ministro de la Concertación; y Herman Chadwick Piñera (UDI), primo del presidente Sebastián Piñera y actual presidente de ENEL. Herman Chadwick presidía el directorio de la UDLA y en esos años percibió $253 millones. En el mismo periodo Genaro Arriagada recibió $155 millones y Manfredo Mayol otros $124 millones”.
Los nombres continúan: “En esa misma época, Paulina Dittborn Cordua era la pro-rectora de la UDLA. Fue subsecretaria de Educación durante la dictadura y su esposo, Juan Antonio Guzmán, fue ministro de Educación de Pinochet (1987-1989). Dittborn es hermana del actual asesor del Ministerio de Hacienda, ex subsecretario de esa cartera y ex diputado Julio Dittborn (UDI). Hasta antes de ingresar a la UDLA, Paulina Dittborn fue vicepresidenta del Consejo Superior de Educación. Entre 2009 y 2011 recibió del plantel $327 millones.
Las otras universidades de Laureate siguen el mismo patrón. En 2009 asumió como rector de la Universidad de Viña del Mar Julio Castro Sepúlveda, quien entre 2006 y 2008 fue el jefe de la División de Educación Superior del primer gobierno de Michelle Bachelet. Actualmente es director de AIEP, el instituto profesional de Laureate. Solo entre 2010 y 2012 recibió de la UVM $336 millones.
Oscar Garretón Purcell (PS), fue director de la UNAB. Por esa labor percibió $34 millones entre 2008 y 2011. En el mismo directorio está Julio Bustamante Jeraldo (DC), ex superintendente de AFP de los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle. Entre 2008 y 2011 recibió $35 millones de la universidad.
En el mismo periodo (2008 – 2011) el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera, recibió un sueldo mensual de la UNAB que totalizó $36,3 millones. Esos pagos cesaron en septiembre de 2011, cuando asumió como ministro del primer gobierno de Piñera. Antes de ese nombramiento, era senador de la UDI por la Región de O´Higgins. Desde la oficina del ministro Chadwick respondieron a CIPER: “El ministro fue profesor de derecho constitucional de la Universidad Andrés Bello y esa labor fue transparentada en la Declaración de Intereses y Patrimonio que hizo en 2011. Cuando entró al gobierno ese año dejó de trabajar en la universidad y lo más seguro es que los pagos hasta septiembre de ese año se deban a un desfase. Aun así, senadores y ministros no están impedidos para realizar clases en universidades”.
Lea entero el reportaje de Ciper aquí. Gracias Ciper por ponerle nombre a la corrupción que corroe al país.
Por Leopoldo Lavín Mujica