El Comité de Ética del Senado rechazó siete observaciones de mal uso de recursos públicos. Se trata del pago a servicios externos (asesores) a los cuales recurren los senadores o las comisiones del senado en su trabajo legislativo. Pero es cosa corriente que los parlamentarios los usen para otros fines que no son ni transparentes ni legales y que caen en la nebulosa de las prácticas corruptas por desvío de dinero (malversación) recurrentes en las esferas políticas.
La comisión investigadora está compuesta por otros parlamentarios. Los senadores rechazaron las denuncias de sus pares parlamentarios. Es algo así como si el gato vigilara la carnicería. ¿Cuántas irregularidades más o infracciones a las normas parlamentarias (no es sólo un asunto de ética) se encontrarían si las investigaciones fueran hechas por un organismo independiente? ¿No es parte de la democracia y de la mentada transparencia que las infracciones sean sancionadas por un organismo también autónomo?
Ejemplo: al asesor externo de la DC Hugo Ilabaca se le había pagado en exceso un total de $6.742.543. El senador Jorge Pizarro, jefe de la bancada DC, investigado por caso SQM, declaró: “Estamos conscientes que incurrimos en un error al celebrar un contrato de estas características, y es nuestra intención subsanar el error”. ¿De qué tipo de error se trata?
Además, los asesores de los senadores de la UDI Víctor Pérez, Manuel José Ossandón (RN), Ena von Baer (UDI) y Jacqueline van Rysselberghe (UDI) también habrían recibidos pagos irregulares.
Los “asesores” de los “prístinos” ultraderechistas Manuel José Ossandón (RN), Ena von Baer (UDI) y Jacqueline van Rysselberghe (UDI) no trabajaron como se suponía en la “elaboración de estudios, investigaciones, informes y asesorías sobre materias y asuntos científicos, técnicos y económicos” para la pega legislativa directa, sino que prestaron servicios para actividades políticas, protocolares, sociales y comunicacionales. Lo cual viola las normativas del trabajo parlamentario y es por donde se le mire malversación de fondos públicos. Y como sucede en estos casos en Chile, la justicia no se hará cargo de las infracciones a la ley (de probidad tendría que ser) y al mal uso de los dineros de todos los chilenos.
Escrito por Leopoldo Lavín Mujica